PRIMER INFORME A LA JEP SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN ARAUCA.

El pasado 23 de octubre, en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, las organizaciones defensoras de derechos humanos Comisión Colombiana de Juristas, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Corporación Jurídica Yira Castro y Asociación Minga presentaron el primer informe sobre ejecuciones extrajudiciales presuntamente perpetradas por el Ejército Nacional de Arauca ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del caso 003 o “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”.

“De Arauca somos y resistimos: ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008” tiene como objetivo que se prioricen el universo de 79 casos con 116 víctimas de la práctica de ejecución extrajudicial que llevan una década en la impunidad. Así mismo, exponer a los máximos responsables de esta práctica, es decir, desde los altos mandos que dieron la orden de matar a población civil inocente, pasando por quienes fueron cómplices y quienes dispararon.

La jornada de entrega del informe a la JEP contó con un espacio de socialización del informe con las víctimas el día anterior donde se les compartió los resultados del informe, lo que se pretende con él y con su entrega a la Jurisdicción Especial para la Paz y, así mismo, qué significa esta Jurisdicción, cómo funciona y qué es el Tribunal de Paz. Los principales puntos a compartir fueron los siguientes:

Los 79 casos documentados en este informe coinciden en:

  • Los perpetradores pertenecían a las mismas unidades militares de la Segunda División.
  • La comisión de estos hechos se circunscribe al territorio araucano y existen diversas similitudes en la forma en que fueron cometidos.
  • La participación de agentes de Estado es activa y primordial en las ejecuciones extrajudiciales.
  • Existían señalamientos que en la mayoría de los casos no fueron comprobados, en donde las víctimas eran relacionadas a grupos armados al margen de la ley; esto podría denotar que las fuerzas armadas en Arauca regían sus actuaciones bajo la doctrina del “enemigo interno”.

En el informe se relacionaron 24 casos donde destacan una serie de patrones en los que resaltan:

  • Las víctimas eran campesinos de la zona.
  •  Se usó información de inteligencia imprecisa para realizar la ejecución extrajudicial.
  • Se evidencia la participación de civiles en condición de guías u orientadores de terreno para identificar los blancos de los ataques.
  • Las víctimas fueron presentadas como miembros de la guerrilla, aunque no lo fueran.
  • Los militares reportaron que las víctimas enfrentaron al Ejército usando armas cortas, lo que pone en cuestión la veracidad de los relatos ya que no resulta lógica la asimetría en el empleo de las armas, pues esta situación demuestra su evidente desventaja.
  • Las diligencias de levantamiento de los cadáveres fueron realizadas en sitios diferentes a los de la ocurrencia de los hechos.
  • Es recurrente que en las declaraciones rendidas por los militares que cometen el hecho, se afirme que ellos siempre fueron atacados por los presuntos guerrilleros para justificar la ejecución.
  • Pese a que los militares de manera recurrente refieren haber sido atacados por numerosos guerrilleros, no se reportaron bajas o heridos en las filas del Ejército.
  • Se evidencia manipulación y alteración de la escena de los crímenes.

La posible responsabilidad de comandantes de los batallones y segundos comandantes. La Segunda División a la que estaban adscritas como unidades menores: la Décimo Octava Brigada al mando de los brigadieres generales (en su orden) Gustavo Matamoros Camacho, Hugo Libardo Gutiérrez Riveros, Juan Pablo Rodríguez Barragán y José Rafael González Villamil; y Luis Fernando Navarro Jiménez, jefe del Estado Mayor o Segundo Comandante. Y la Brigada Móvil No. 5 comandada por los coroneles Javier Alberto Flórez Aristizábal, Carlos Mauricio Bustamante Sánchez y Manuel Ernesto Canastero Salgado.

Finalmente, paralelamente a la entrega formal del informe “De Arauca somos y resistimos: ejecuciones extrajudiciales 2002-2008”, las víctimas llevaron a cabo un acto simbólico para honrar la memoria de sus víctimas.  El informe, por otro lado, también materializa la exigencia de las víctimas al Estado para que cumpla con su deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones contra los derechos humanos y las graves infracciones al DIH que se dieron en Arauca.

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