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Audiencia CIDH: Investigaciones de graves violaciones a DDHH y Acuerdo de Paz

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Corporación Jurídica Yira Castro, realizaron observaciones sobre falta de investigación de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales.

Asimismo, sobre los beneficios otorgados a integrantes de la fuerza pública vinculados con graves violaciones a los derechos humanos por medio del Decreto 706 de 2017, que sin ningún soporte en el Acuerdo de Paz, y por iniciativa del Fiscal General de la Nación, dispone que cualquier integrante de la Fuerza Pública investigado puede solicitar el levantamiento de la orden de captura o de la medida de aseguramiento. Es decir, se premia a quienes nunca han colaborado con la justicia, se encuentran prófugos o en libertad.

Colombia: Acuerdo de Paz

Las organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron puntualmente a la CIDH:

  1. Continuar el seguimiento a la implementación del Punto 5 del Acuerdo de Paz sobre derechos de las Víctimas y reiterar al Estado colombiano sus estándares sobre: participación de las víctimas en los procesos penales, inconvencionalidad de las normas que propicien impunidad de los responsables, estándares de protección, entre otros.
  1. Llamar la atención sobre la falta de investigación en un plazo razonable de los hechos de violencia sexual contra mujeres y agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes sociales.
  1.  Adoptar eficazmente las medidas contempladas en el Acuerdo de Paz para desmantelar el paramilitarismo, como por ejemplo la Unidad Especial de Investigación garantizando su autonomía y recursos necesarios para su funcionamiento.

Finalmente, manifestaron su satisfacción por la creación de la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia al interior de la Comisión Interamericana como una contribución positiva para las víctimas del continente y se espera que pueda coadyuvar este seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, en el sentido de asegurar que ninguna de sus normas pueda traducirse en impunidad para los máximos responsables de violaciones a derechos humanos.

 

 

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