Comunicados

CJYC REALIZA INTERVENCIÓN EN LA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA RURAL INTEGRAL Y EL PLAN NACIONAL DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO

El pasado 22 de junio se llevó a cabo la Audiencia Pública sobre la implementación de la  Reforma Rural Integral y el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, convocada por los senadores Alberto Castilla e Iván Cepeda y los representantes a la cámara Ángela Robledo, Alirio Uribe y Víctor Correa. Esta audiencia sirvió como espacio de interlocución entre las comunidades rurales, las organizaciones sociales, campesinas, de mujeres y las entidades estatales. Allí cada actor presentó sus posturas, en contra y a favor, tras las iniciativas del Gobierno Nacional que desarrollaba el ordenamiento social de la propiedad rural, el acceso y la formalización de tierras rurales, entre otros temas referentes a la implementación de la Reforma Rural Integral y el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito plasmados en el acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc- EP.

La audiencia se dividió en tres paneles, el primero, Ley de tierras para la implementación de la Reforma Rural Integral; el segundo, Miradas desde el movimiento agrario y las organizaciones sociales frente a las leyes para la implementación de la Reforma Rural Integral; y el tercero, La relación entre la Reforma Rural Integral y el Acuerdo sobre solución al problema de drogas ilícitas.

La Corporación Jurídica Yira Castro, con la vocería de la abogada Cristina López Aristizábal, realizó  intervención en el segundo panel de esta audiencia. En su intervención se habló de la importancia de poner en funcionamiento la Jurisdicción Agraria Especial a través de la cual se podrían resolver los conflictos frente a la propiedad,  tenencia, uso y  regularización  de la tierra, además de las relaciones económicas de índole agrario entre otros aspectos. De igual manera, se recalcó que estos conflictos deberán resolverse de manera ágil, equilibrada, eficaz, y bajo el principio de  seguridad jurídica, con lo que se buscará sanear los conflictos agrarios de cara a la implentación de los demás componentes implícitos en el punto 1 de los acuerdos de Paz. Asimismo, se dieron a conocer algunas de las propuestas que se han trabajado de manera colectiva y concertada con otras organizaciones sociales,  campesinas  y algunos  congresistas, en torno a la reglamentación de la Jurisdicción Agraria Especial.

Entre las propuestas se encuentran: La aplicación progresiva de la jurisdicción en todo el territorio nacional; La creación de jueces agrarios especializados y autónomos con conocimiento técnico; La necesidad de crear una Unidad Técnica Investigativa Agraria; Que sea esta jurisdicción la que asuma los procesos de restitución de tierras de los que trata la ley 1448, entre otras. Estas consideraciones se hicieron teniendo en cuenta lo aspectos primordiales que se necesitan para hablar de un desarrollo rural integral y de una paz estable y duradera.

De igual manera, se mantuvo una discusión constante en cuanto a los problemas que presenta el actual decreto 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de  Tierras”  expedido por el presidente Juan Manuel Santos aplicando las facultades especiales otorgadas tras la firma del acuerdo de paz.

Una de las principales falencias señaladas en la ponencia es que dicho decreto contempla una acción de nulidad agraria que faculta a personas que no han participado en el trámite del proceso único del que trata el decreto, para solicitar la revisión  de las decisiones administrativas en firme, lo que podría terminar por violar el principio de seguridad jurídica, adicional el decreto no contempla términos para agotar la fase administrativa con lo que se podrían dilatar los procesos, sumado a las amplias facultades que se le otorga a la Agencia Nacional de Tierras quien podrá solicitar la suspensión de procesos administrativos y hasta judiciales.

Como organización defensora de derechos humanos esperamos que el congreso escuche las peticiones de las comunidades  y de las organizaciones, para que así el Estado salde esa deuda histórica que tiene con la población campesina y con los grupos étnicos e indígenas.

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