Comunicados

LA CJYC JUNTO CON OTRAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DDHH PARTICIPARON DEL PROCESO AMPLIO DE PARTICIPACIÓN DE LA UNIDAD DE VÍCTIMAS

El 26 de abril se realizó en Bogotá el Encuentro Nacional del Proceso Amplio de Participación, evento liderado por la Unidad de Víctimas y el Ministerio del Interior. Dicho escenario se realizó de acuerdo a lo establecido en el punto 5.1.3.7 del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, con el fin de escuchar propuestas por parte de las víctimas del conflicto armado y organizaciones defensoras de DDHHH para así fortalecer y adecuar la política pública de Atención y Reparación Integral a las Víctimas teniendo en cuenta el actual proceso de post conflicto que vive el país.

En este espacio, se habilitaron 4 mesas temáticas, divididas en los siguientes temas: Dimensión territorial, fortalecimiento institucional, articulación entre instituciones y actores de la política, y participación y fortalecimiento de los enfoques diferenciales y étnicos.

La segunda mesa (fortalecimiento institucional) contó con la participación de la Corporación jurídica Yira Castro, allí se presentó junto con las organizaciones con las que se ha trabajado en la reforma de la ley 1448, las siguientes propuestas: la primera de estas fue orientada al fortalecimiento de la unidad para el cumplimiento del Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI), de igual forma se propuso la reforma al el Plan de Asistencia, Atención y Reparación Integral (PAARI), ya que se ha convertido en un programa  que dificulta el acceso a las víctimas a las ayudas humanitarias. También se habló de crear una política pública de ingresos para las victimas así como una política pública en salud y atención psicosocial. Además, se planteó la creación de un documento CONPES para dar claridad sobre el presupuesto que debería ser destinado para atender a las víctimas.

Al final de la jornada las diferentes mesas presentaron las conclusiones que de cada una surgieron. Como conclusión general, se evidencio que es necesaria una reforma a la ley 1448 y algunos de sus decretos reglamentarios para el fortalecimiento de la política pública en cuestión de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre otras cosas por la falta de articulación entre las instituciones estatales al momento de dar cumplimiento a los programas que hacen parte de la reparación integral, por ello se propone que la Unidad de Víctimas tenga la potestad de ordenar a las demás instituciones que se ejecuten los planes de reparación en temas de salud, infraestructura, educación, entre otros. De igual forma, se observa la necesidad de la reforma ya que se debe ampliar el universo de víctimas, que haya una inclusión mucho más significativa para las víctimas que se encuentran en el exterior, se debe plantear una prolongación en la vigencia de la Ley, entre otras propuestas presentadas ante representantes del gobierno para efectuar la reforma de la Ley en el tema de víctimas.

Pero, si bien, este era un espacio que tenía como fin la participación plena y activa de las víctimas, en algunas mesas se observó restricciones por parte de los integrantes del gobierno que moderaban las mesas, a la hora de efectuar la participación de algunas víctimas y sobretodo de las organizaciones acompañantes defensoras de DDHH. Pese a que en la mayoría de las mesas fue propuesto asignar un número mayor de veedores quienes no fueran parte de la Mesa Nacional, teniendo en cuenta que estos ya tienen su espacio para escoger a sus representantes, la idea fue negada totalmente por los funcionarios del gobierno que justificaron su imposición de solo un veedor por cuestiones de metodología, a pesar de que en la mesa dos ya había sido acordado por todos los participantes la escogencia de 3 personas (una víctima, un representante de una organización de derechos humanos y un defensor de derechos humanos). Los funcionarios públicos afirmaron que la idea de esta veeduría es solo la de receptores de documentos, funciones que también fueron debatidas dentro de los espacios ya que se trata de una tarea que va más allá de recibir insumos, ya que igualmente los veedores deben jugar un papel de verificar y tener un espacio de participación e interlocución. Además, consideramos como organización acompañante y defensora de DDHH que la convocatoria no fue lo suficientemente amplia ni en este espacio ni en los 33 encuentros regionales que se realizaron, ya que, en primer lugar muchas de las personas que residen al interior de las regiones no tuvieron conocimiento de estos encuentros y si los tuvieron no conocían el método para ser partícipe de ellos, y en de este encuentro nacional el número de víctimas convocadas es significativamente inferior a la cantidad de víctimas en el país que se estima es de 8 millones.

Se espera que la discusión sobre la reforma a la política pública de Atención a Víctimas no se quede en este espacio sino que trascienda para realizar todos los trámites necesarios para que las propuestas de las víctimas y las organizaciones defensoras de DDHH se tengan en cuenta al momento de las debidas reformas legislativas. Esperamos también que en eventos posteriores se le dé más participación a las víctimas y a las organizaciones acompañantes quienes han luchado históricamente por hacer de este país una Colombia menos violenta.

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