Comunicados

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DESTITUYE A MILITARES POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL EN ARAUCA

Foto tomada de Revista Semana.

El pasado 18 de junio se profirió fallo de primera instancia contra José Javier Suavita, Marcos Onel Blanco y Genner Orlando Tocaría miembros de las  fuerzas militares quienes habrían incurrido en graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra un campesino del municipio de Tame en Arauca.

Albeiro Suescún, era un campesino araucano quien se dedicaba a las labores de la agricultura. En la mañana del 4 de julio de 2005 el señor Suescún se encontraba realizando labores domésticas en el patio de su casa, ubicada en el municipio de Tame- Arauca, cuando miembros de las fuerzas militares ingresaron allí y sin mediar palabra cegaron su vida para siempre.

Durante el curso de la investigación disciplinaría los miembros de la fuerza pública aseguraron en sus declaraciones que el campesino había perdido la vida en el fuego cruzado entre el ELN (Ejército de Libración Nacional)  y los militares ya que, supuestamente, el campesino era miembro del grupo subversivo. Sin embargo, luego de 12 años de su muerte, se logró demostrar que este no pertenecía a ningún grupo armado al margen de la ley, que nunca existió el supuesto combate al que hacía referencia los militares y que además era un campesino que se encontraba en estado de indefensión al momento de ser abordado por los mismos.

Es por esto que la Procuraduría General de la Nación emitió el fallo de primera instancia mediante el cual se sanciona disciplinariamente, con destitución de las Fuerzas Militares e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de veinte años, a los señores José Javier Suavita como teniente y comandante de la escuadra, en la época en que ocurrieron los hechos, y al ser él quien diera la orden de llevar a cabo el asesinato, al igual que a Marcos Onel Blanco y Genner Orlando Tocaría soldados profesionales quienes llevaron a cabo el homicidio.

La Corporación Jurídica Yira Castro como organización defensora de DDHH que ha acompañado desde sus inicios el presente caso, estará pendiente de los avances que tengan las órdenes emitidas en el fallo y que con esta acción, las investigaciones sobre los responsables tengan un avance significativo en otras instancias, como en materia penal y administrativa, a fin de garantizar que se  haga justicia frente a este caso y evitar que se den más ejecuciones extrajudiciales en Colombia, de tal forma que las comunidades campesinas puedan tener condiciones plenas de seguridad y así erradicar el miedo en la población rural en aras de conseguir la paz que tanto anhela toda la población colombiana.

¡Suscribete a nuestro Newsletter!