Comunicados

RE-VICTIMIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL A COMUNIDAD CAMPESINA EN PUERTO LLERAS.

Esta semana se conoció la decisión de la inspección de policía del municipio de Puerto Lleras de realizar un desalojo el próximo 12 de diciembre en los predios Guichiral, Mata de agua, Las Abras, Panjuil, entre otros, ubicados en el municipio de Puerto Lleras, Meta. Esta acción se daría a razón de una querella interpuesta por el grupo Palma Ariari S.A. Decisión que tiene a la comunidad campesina allí asentada sorprendida y con incertidumbre, ya que no se les notificó en contra de quién estaba interpuesta la querella ni el porqué del desalojo.

Esta comunidad, que consta de 83 familias aproximadamente quienes en su mayoría cuentan con madres cabeza de familia, lleva más de cinco años labrando la tierra y viviendo en la región. Muchas de estas familias han sido víctimas del desplazamiento y despojo forzado y otras se encuentran en situación de vulnerabilidad, por ello decidieron establecerse en lo que ellos pensaban eran baldíos de la nación. Sin embargo, desde abril de 2015 momento en el que apareció la empresa Palma Ariari reclamando estos predios como suyos, han sido objeto de re-victimización por parte de la fuerza pública y del grupo Palma Ariari S.A.

El 30 de abril de 2015, la inspectora de policía, Elsa del Carmen Salcedo, se presentó en los predios acompañada del abogado de Palma Ariari, Alvaro Ballesteros, y el personero este último comunico en su informe las irregularidades del procedimiento policivo iniciado por la sociedad Palmas del Ariari S.A. en el que no hubo plena identificación del predio ni de las personas que iban a desalojar. Además, dentro del proceso de desalojo, se agredió a las familias campesinas, dañando sus cultivos de pan coger con un tractor, destruyendo dos de las viviendas del sector. Tras estas actuaciones, la comunidad presentó varias denuncias ante la Fiscalía, pero no se tomaron medidas en el asunto.

Una de las líderes campesinas de la región comenta como posteriormente se intensificó el patrullaje de la policía quienes amedrentaban y amenazaban constantemente a la población, haciendo allanamiento y abusando de su autoridad.

Al día de hoy se repite la historia, desean desalojar a esta comunidad sin identificación previa del predio ni de las personas a las que va dirigida la querella. La comunidad campesina se ha reunido dos veces con el Alcalde de Puerto Lleras con el fin de pedirle que instale una mesa en la que la comunidad sea escuchada y se pueda arreglar la situación a fin de que la comunidad no sea re-victimizada ni se queden sin donde vivir. La Defensoría del Pueblo asistió a la segunda reunión que se convocó allí le reitero al Alcalde que la diligencia no tenía los lineamientos correspondientes y que se debía tener un plan de contingencia para la comunidad campesina. Sin embargo, la comunidad afirma que el Alcalde continuó firme en su posición de llevar acabo el desalojo la próxima semana.

La Corporación Jurídica Yira Castro, solicita al Estado que se apersone de este caso y no permita que se sigan cometiendo más violaciones a los derechos humanos en contra de esta población, además invita a las entidades competentes a que frenen esta orden de desalojo con el fin de que se lleven a cabo los estudios pertinentes y se entable un dialogo pacifico con la comunidad campesinas. Así mismo, la población campesina asentada en dichos predios exige que de manera prioritaria se les brinde un acompañamiento por parte de los entes de control y las autoridades competentes, y se trabaje contra la corrupción y los intereses personales de funcionarios públicos que generan este tipo de agresiones contra la comunidad campesina.

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