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OPINIÓN DE LA CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO, SOBRE PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA PENAL MILITAR: FORTALECIMIENTO DEL FUERO PENAL MILITAR

Una reforma constitucional, que pretende fortalecer la justicia penal militar y crear una justicia policial, la cual podría asumir investigaciones por delitos por fuera de lo que se ha construido como competencia de la jurisdicción castrense y de la que se han exceptuado por mandato constitucional y legal, hasta ahora, las violaciones de derechos humanos y las graves infracciones al DIH.

Entre lo que se plantea, está la creación de: 1-Un fuero carcelario para militares con el fin de que no terminen detenidos con delincuentes comunes. 2-Un tribunal de garantías donde se busca una composición equilibrada entre miembros de la Fuerza Pública y miembros de la población civil. 3-La defensoría técnica militar adscrita al ministerio de Defensa. 4-Un fondo para alimentar económicamente la misma defensoría. Esta iniciativa, ya fue aprobada en el segundo de ocho debates, en la plenaria de la Cámara de Representantes, así que el camino hacia la impunidad sigue su rumbo. Pasará ahora al Senado, para aprobarse en sus cuatro primeros debates antes del próximo 20 de junio, cuando se cierran las sesiones del Congreso (I periodo).

Es de recordar, que esta disposición, estaría en contravía de las reiteradas recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quienes consideran que en la jurisdicción penal militar no se cumplen los principios de imparcialidad e independencia que deben gobernar la administración de justicia, y que en Colombia, específicamente ha contribuido en la consolidación de la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. Estas importantes recomendaciones, fueron recogidas por la Corte Constitucional en numerosas sentencias que desde 1997, han dejado claro que “un delito de lesa humanidad es tan extraño a la función constitucional de la Fuerza Pública que no puede jamás tener relación con actos propios del servicio, (…) por lo cual su conocimiento corresponde a la justicia ordinaria”. En el mismo sentido el Consejo Superior de la Judicatura, adaptó su jurisprudencia desde el año 2000, a fin de encargar a la justicia civil la investigación y juzgamiento de actos constitutivos de violaciones de derechos humanos o graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el que se vieran comprometidos miembros de la fuerza pública. Un año antes, en 1999, se modificó el Código Penal Militar y se explicitó la exclusión del fuero de delitos como tortura, genocidio y desaparición forzada. Esta voluntad se reafirmó un año atrás, cuando el actual Presidente y entonces, Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, promovió el Nuevo Código Penal Militar que dispone que “en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario (…), ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio”.

Tal iniciativa, es un claro RETROCESO a un significativo paso dado 15 años atrás en la lucha contra la impunidad en Colombia. Está claro, que esta reforma está siendo promovida por la cúpula militar y por el Ministerio de Defensa en su representación; en respuesta a los escasos pero significativos avances de la justicia ordinaria en casos que han conmovido al país, como el Palacio de Justicia, la Masacre de Mapiripán y los más de 1000 procesos judiciales adelantados contra militares por denuncias de casos de ejecuciones extrajudiciales, por los cuáles se han procesado un número significativo de efectivos.

De esta manera, es claro identificar esta iniciativa como un llamado de la cúpula militar a la impunidad de los crímenes de los que se acusa a sus miembros, bajo la perversa excusa de que la justicia ordinaria ha sido utilizada para llevar a cabo una “guerra jurídica” en su contra, la cual desmotiva a la tropa en el cumplimiento de su deber, por temor a ser “empapelados” (procesados por la justicia). Alegan en su favor que los jueces civiles desconocen los pormenores de la guerra y pueden errar sus interpretaciones de la realidad de los hechos investigados o ser manipulados por falsas víctimas y sus oportunistas representantes.

El único temor que debería acompañar a la fuerza pública, es el de afectar los derechos de los civiles a quienes han jurado proteger, y con ello, debilitar los principios que fundamentan el Estado Social y Democrático de Derecho, del cual deviene su poder “no absoluto” para usar la fuerza. Por lo tanto, antes que exigir un tratamiento permisivo al abuso y la arbitrariedad que raye en el delito y la criminalidad, deberían promover al interior de su institucionalidad, el irrestricto respeto a los derechos humanos, como el acatamiento a las reglas y aplicación de los instrumentos del Derecho Internacional Humanitario, que garantice la acción contundente contra la criminalidad organizada, y las mismas, redunden en la legitimidad de su labor.

República de Colombia. Bogotá, D.C. Mayo 10 de 2012.

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