Editorial

Columna de opinión. De sueños, promesas y realidades: un balance de la implementación de la Ley de Víctimas en Chibolo, Magdalena.

Sanne Weber, columnista invitada.
Centre for Trust, Peace and Social Relations – Coventry University (Reino Unido)

De sueños, promesas y realidades: un balance de la implementación de la Ley de Víctimas en Chibolo, Magdalena

El año pasado, como parte de mi estudio de doctorado, pasé varios meses en dos comunidades de Chibolo (Magdalena). Estas comunidades, desplazadas por los paramilitares del Bloque Norte del 1997 al 2007, están siendo acompañadas por la Corporación Jurídica Yira Castro en el proceso de restitución de tierras. Además, han sido incluidas como sujetos de reparación colectiva. En mayo de este año volví a Chibolo para ver cómo había avanzado el proceso de restitución y reparación. En esta editorial resumo algunas conclusiones de mi investigación, realizado desde un punto de vista antropológico y social.

La restitución es crucial – pero no es suficiente

Sin duda, la restitución de tierra es el elemento más importante de la Ley de Víctimas para las comunidades de Chibolo. La tierra más allá de una propiedad material, representa un vínculo emocional y una forma de vida campesina. Para estas  comunidades, que fueron formadas en los años ’80 a través de ocupaciones de tierras, la lucha por la tierra ha sido de décadas. Durante el desplazamiento, muchos soñaron con regresar a su tierra. Para los campesinos fue dura la vida en la ciudad, donde no tenían las habilidades o contactos adecuados. Por lo tanto, la mayoría decidió volver en un retorno voluntario (sin acompañamiento del Estado) luego de la desmovilización de los paramilitares. Esperaban regresar a una vida más cómoda, donde uno consume lo que produce, sin la ansiedad de la sobrevivencia en la ciudad, donde ‘todo es billete’.

La restitución de tierras podría significar el final de esta larga lucha para una vida digna en el campo. Aparte de su significado simbólico, los títulos de tierra también ayudan a reducir el miedo de un nuevo desplazamiento. Por otro lado tienen un valor práctico, ya que permiten obtener créditos para invertir en la readecuación de la tierra – indispensable después de 10 años de abandono durante el desplazamiento. Lastimosamente, el proceso no ha podido cumplir las altas expectativas, tanto con respecto a los tiempos, como los apoyos del gobierno. La implementación de las sentencias  de restitución de tierras ha sido lenta. Si bien muchas personas ya han recibido proyectos productivos, apenas unas pocas viviendas han sido construidas. Estas además son casas muy pequeñas y poco aptas para el clima y el tamaño de las familias campesinas. Muchas ya tienen rajaduras o nunca fueron terminadas completamente. Distan mucho de las casas dignas prometidas. Los problemas también conciernen las medidas incluidas en las sentencias para garantizar la sostenibilidad de la restitución. A pesar de que los jueces ordenaron la instalación de redes eléctricas y acueductos, las comunidades aún se encuentran sin luz o agua potable. De la misma manera, las vías de acceso en gran parte siguen siendo trochas difícilmente transitables en época de lluvia. Comercializar los principales productos agrícolas – leche y queso – es difícil en estas condiciones.

Por lo tanto, a pesar de dos visitas del presidente Santos y varios otros mensajes de compromiso estatal, muchas personas siguen sintiendo que ‘el gobierno no valora al campesino’ y que ‘era para que el gobierno mirara y nos tuviera en cuenta a la población desplazada’. Es decir que existe un sentimiento de ser tratados como ciudadanos de segunda clase y una frustración por la falta de presencia estatal. La gente además se siente desprotegida por la ausencia de fuerzas de seguridad, mientras que los índices de delincuencia están subiendo. La falta del apoyo del gobierno se hizo aún más evidente durante la sequía producida por ‘El Niño’ durante el 2016, cuando los de por sí bajos ingresos de los campesinos se desplomaron. Fue un tiempo de mucha ansiedad, con poco o nulo apoyo del gobierno, lo que hizo evidente que el sueño de la vida cómoda en el campo tal vez estaba basado en memorias romantizadas, lejos de la realidad de hoy en día. Esto causó ansiedad en algunos, que no sabían si era mejor quedarse en su tierra luchando, o volver a la ciudad donde la vida también consistió de una lucha diaria.

Efectos de la brecha entre promesas y realidad

Lo que más necesitan y anhelan los campesinos en Chibolo para mejorar sus condiciones de vida y poder ofrecerles un mejor futuro a sus hijos son medidas básicas de desarrollo como electricidad, agua potable, vías de acceso, salud, educación y vivienda. Muchos están decepcionadas con el gobierno, porque no ven que las promesas hechas repetidas veces por el estado se hacen realidad. Sienten que el gobierno está interesado sobre todo en reparaciones simbólicas o apoyo psicosocial. Según uno de los líderes comunitarios: ‘Las vías,  los títulos, tanta cosa, eso nos tiene a nosotros desesperados. Eso es lo que nos tiene a nosotros descontentos. Que no nos pongan una maricada’. La frustración llegó a tal punto que durante mi última visita, algunas personas exclamaron que sienten que ‘hemos sido restituidos con mentiras’.

Esto demuestra el riesgo de programas como la Ley de Víctimas, que son muy completos y ambiciosos, y promocionados con poca modestia por el gobierno. Sin embargo, la escala masiva del conflicto y el universo de víctimas en Colombia, junto con la falta de presencia del Estado y la histórica corrupción en muchas partes del territorio, hacen que difícilmente se implementen en los tiempos ambiciosos estipulados. El resultado es que los beneficiarios se frustran y desilusionan con el proceso, lo cual en últimas puede hacerles perder la esperanza en el gobierno. Esto sería un resultado lamentable para un programa de reparación, cuyo objetivo en teoría es restaurar los lazos de confianza entre el gobierno y las personas afectadas por conflictos.

¿Transición, transformación o más de lo mismo?

A pesar de lo progresivo y completo de la Ley de Victimas, la realidad es diferente. Si bien es importante reconocer que el actual gobierno ha demostrado mayor compromiso con las víctimas que el gobierno anterior – que ni reconoció su existencia – es importante analizar hasta qué punto es capaz de traducir ese compromiso en un programa que pueda transformar las vidas de los sobrevivientes. Para realmente lograr transformaciones sociales, se necesita invertir en mejores condiciones sociales y económicas en el país, más allá de medidas simbólicas. Para incluir a las víctimas como ciudadanos plenos en la sociedad, el gobierno tiene que ofrecer a todos la posibilidad potencial de desarrollar sus propios proyectos de vida. Esto requiere tener acceso a educación, salud, y servicios de desarrollo como agua y electricidad. Sin eso, se seguirá creyendo que ‘nos engañaron’.

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