Editorial

Editorial: Consideraciones de CJYC sobre la reforma a la Ley de Víctimas

Por: Corporación Jurídica Yira Castro

El conflicto político, social y armado colombiano, ha estado estrechamente ligado a la disputa territorial, producto de altas concentraciones de tierra en manos de grandes empresarios y grupos al margen de la ley, lo que a su vez ha causado masacres, desapariciones y desplazamientos forzados. Con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), el Estado colombiano reconoce por primera vez la existencia de este conflicto y asume el compromiso de saldar una deuda histórica con la población rural, los principales afectados con los vejámenes de la guerra en el país.

La firma del Acuerdo Final entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno, estableció el compromiso de modificar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de cara al nuevo universo de víctimas que se expande con su implementación. Es decir, existe un compromiso por el Gobierno, tras la apertura de espacios de participación, de modificar la ley para que supere las dificultades identificadas durante su implementación y pueda responder a los grandes desafíos que vienen para las víctimas y la satisfacción de sus derechos, ahora que los fusiles se han silenciado.

La Ley 1448 de 2011 se divide en dos partes, una de ellas reconoce a las víctimas del conflicto y con ello, las medidas de atención y reparación que les asiste; la segunda parte, se centra en el procedimiento de restitución de tierras. Si bien, al momento de iniciar la implementación de la ley, los campesinos y las organizaciones defensoras de derechos humanos notamos que ésta presentaba algunas falencias, consideramos que era un avance para la población rural que, antes de promulgada la ley, no tenían mayores reconocimientos ni garantías de ningún tipo.

A 5 años de su implementación, se han identificado algunas dificultades que presenta la Ley y que pueden dividirse en 4 grandes bloques sin menosprecio de aquellos temas concretos que se puedan identificar.

Primero, el artículo 3 que reconoce a las víctimas excluye aquellas que se encuentran en el exterior; segundo, la modificación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), que al ser un programa mínimo de atención, es insuficiente para los millones de víctimas en el país; tercero, el registro de víctimas se ha cerrado, ya que el plazo de inscripción caducó y con el fin del conflicto se requiere una re-apertura para  que todas las víctimas queden incluidas, aquellas que por falta de garantías y seguridad no se registraron y aquellas que deben ser reconocidas tras la firma del Acuerdo Final; y por último, el Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas (SNARIV), esto es, el conjunto de entidades públicas de orden nacional y territorial encargado de la planeación y ejecución de medidas de atención y reparación integral a las víctimas, no está cumpliendo con su objetivo de lograr una articulación entre las diferentes entidades sobrecargando las funciones de la Unidad de Víctimas. Sobre este último punto, desde las organizaciones hemos visto la necesidad de que el Gobierno expida un decreto o un reglamento que establezca cuáles son las funciones de cada entidad del Estado ya que la Ley de Víctimas establece cuál es la composición del SNARIV.

En un trabajo conjunto, las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos hemos presentado propuestas concretas a las entidades del Estado sobre estos grandes bloques, además de exponerlas ante los encargados de tramitar la modificación de la Ley de Víctimas en el Congreso. Sin embargo, existe una gran preocupación en las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, ya que mediante el mecanismo de fast track, poderosos sectores políticos y fuertes contradictorios del proceso de restitución, añadan artículos que no mejoren la ley, sino por el contrario dificulten los procesos.

Frente a este nuevo panorama que plantea la implementación del Acuerdo Final, insistimos en hacer fuerte veeduría en el Congreso, el seguimiento minucioso a este proceso va a permitir que se respete lo acordado en La Habana y que no se agreguen ‘micos’ al proceso de paz. Por otro lado, el proceso de veeduría ante el Congreso debe estar acompañado de proposiciones y constancias por medio de congresistas comprometidos con el proceso de paz para que, eventualmente, sean tenidas en cuenta por la Corte Constitucional al tomar su decisión final.

Insistimos en el llamado al Congreso de la República para que demuestre su compromiso con la paz, conservando el principio de centralidad de las víctimas de manera que en el ejercicio de sus funciones legislativas anteponga el derecho a la paz, y así se logré resarcir la deuda histórica que tiene el Estado con el campo colombiano, atendiendo a las sugerencias de las propias víctimas sobre el cómo reformar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

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