Comunicados

PEDIMOS AL PRESIDENTE DUQUE LA DECLARACIÓN DE COMPETENCIA DEL COMITÉ CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS.

Ante el preocupante incremento de las desapariciones forzadas en Colombia y la impunidad que la rodea, las organizaciones abajo firmantes, insistimos en que el Estado colombiano acepte la competencia del Comité, como uno de los caminos para brindar garantías al reconocimiento de los derechos de las víctimas y las familias y la prevención del delito de la desaparición forzada.

En la Semana Internacional del detenido-desaparecido las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y atención psicosocial que hacemos parte de la Mesa de Trabajo Sobre Desaparición Forzada (MDTDF), exigimos al Estado colombiano, en la cabeza del Presidente Iván Duque, que reconozca la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas para conocer de casos de desapariciones forzadas en Colombia como garantía del respeto de los derechos de las víctimas de Desaparición Forzada y del cumplimiento de los compromisos internacionales y derivados del Acuerdo de Paz, y teniendo en cuenta que en Colombia siguen presentándose desapariciones forzadas en el conflicto armado y en ejercicio de la violencia estatal y que hay más de 80 mil desapariciones forzadas que están en la más completa impunidad.

Los miles de familiares de desaparecidos y desaparecidas en Colombia, después de 38 años de declarar la última semana de mayo, como la Semana Internacional del detenido-desaparecido seguimos buscando a nuestros seres queridos, batallando en contra de la impunidad y reivindicando su memoria, por eso aún nos preguntamos, ¿dónde están las más de 82.998 personas desaparecidas en Colombia? ¿Por qué razón en 40.527 no se tiene ninguna información sobre quienes perpetraron el crimen? ¿Quiénes han impedido que se conozca el paradero de nuestros seres amados? ¿Por qué se los/as llevaron? ¿Cuándo comparecerán ante la justicia los perpetradores y quienes fueron cómplices de estos crímenes?

Colombia es uno de los países con el mayor número de crímenes de desaparición forzada, llegando a sobrepasar en decenas de miles a los desaparecidos y desaparecidas del Cono Sur. Ya sabemos las cifras y tenemos la certeza que son muchas más las víctimas, pero lo que aún no sabemos es ¿por qué?, ¿quiénes lo ordenaron?, ¿qué querían?

Por esto, con motivo de la semana del detenido desaparecido, insistimos para que el gobierno colombiano en cabeza del presidente Iván Duque ratifique los artículos 30 y 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pues, aunque el Estado colombiano firmó el 20 de diciembre de 2006 la Convención y la ratifica luego en el 2010, excluyó la posibilidad de que el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas pudiera conocer y tramitar los casos de desaparición forzada cometidos con posterioridad a la firma de este instrumento internacional, con el argumento de que en Colombia la justicia se ocupa con eficiencia de esclarecer y sancionar este delito y el Estado se esfuerza en prevenirlo, buscar a las víctimas y reparar a sus familiares.

Nada más falso ni más alejado de la realidad. Por eso, se requiere que las víctimas de este delito puedan acudir ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en busca de justicia para ellas y sus seres queridos. ¿El Estado colombiano ha acogido las recomendaciones realizadas por el Comité en 2016? ¿Cuáles son las políticas y metas del gobierno del presidente Duque, orientadas hacia la búsqueda de las personas desaparecidas en Colombia?

Nuestra exigencia se suma al reclamo de los líderes y lideresas sociales que temen ser objeto de la criminal práctica de la desaparición forzada. Tenemos la certeza de que esta práctica no ha cesado, muestra de ello, es el informe de la CICR1 en cual se documenta que, en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, según el CICR cada cuatro días se registra un nuevo caso de desaparición relacionado con el conflicto armado.

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