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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME NI DESCUIDOS NI MANZANAS PODRIDAS: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN ANTIOQUIA UNA POLÍTICA DE ESTADO. ENTREGADO A LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ – JEP

Las organizaciones no gubernamentales Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), Corporación Jurídica Libertad (CJL) y Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVCJ), somos colectivos de trabajo dedicados a la protección, defensa, promoción y exigibilidad de los derechos humanos integrales, con énfasis en los derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, líderes (as) sociales, defensores (as) de derechos humanos y víctimas de crímenes de Estado, en especial de ejecuciones extrajudiciales, sumarias comúnmente conocidas como “falsos positivos”.

Nos hemos articulado para formular y presentar acciones derivadas de la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas en el marco del conflicto armado interno, ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), así como ante la jurisdicción ordinaria, con el fin de contribuir al esclarecimiento de la verdad y aportar en el alcance de la justicia restaurativa, la cual es inherente en la búsqueda de la reconciliación nacional.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de hechos y conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), conforme a las funciones que le fueron conferidas en el Acuerdo Final de Paz, ratificadas por el Acto Legislativo 01 de 2017, recibirá los informes presentados por las organizaciones de derechos humanos relativos a las conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano, informes por medio de los cuales se busca, no sólo la priorización de casos por parte de la JEP, sino también aportar al cumplimiento del deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones contra los derechos humanos y las graves infracciones al DIH.

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los objetivos del presente informe es aportar a la jurisdicción especial elementos que sirvan al entendimiento de las circunstancias políticas y sociales que rodearon los homicidios, que pueden calificarse como ejecuciones extrajudiciales, ocurridos entre los años 2003 y 2008 en tres subregiones del departamento de Antioquia, a saber: i) el oriente; ii) el nordeste; iii) y el Magdalena medio antioqueño, cometidas por agentes del Estado miembros de la Fuerza Pública, pertenecientes a las Brigadas IV y XIV, adscritas a la Primera y Séptima División del Ejército Nacional, respectivamente.

En ese sentido, el informe tiene como objetivo principal aportar material probatorio útil para la investigación y determinación de los máximos responsables de la comisión de estos hechos. El informe también pretende que los hechos que serán expuestos formen parte de los casos que serán investigados por la SRVR dentro del caso 003 denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, sobre el cual la Sala avocó conocimiento a partir del informe No. 5 presentado por la Fiscalía General de la Nación, titulado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por Agentes del Estado”.

Por último, el informe tiene como objetivo exponer las afectaciones individuales y colectivas que tuvieron, o tienen las víctimas de estos hechos, con el fin de presentar solicitudes concretas de medidas de reparación integral para la construcción de paz en estos territorios y que a su vez resarza a las personas que padecieron estos daños y que deben formar parte de las sanciones alternativas que deben cumplir las personas declaradas la responsables por los hechos develados.

Debido a que las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de tal magnitud que atentan, per se, contra toda la humanidad, solicitamos respetuosamente a la SRVR que haga traslado de este informe a los agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública, presuntos autores materiales que en este momento están rindiendo versiones voluntarias ante la JEP (o que ya las rindieron), y se encuentren relacionados con los hechos victimizantes enunciados en el informe, así como a los altos mandos del Ejército Nacional que puedan resultar involucrados en el mismo.

Con el fin de que el informe logre cumplir con los objetivos descritos, se abordarán en orden los siguientes temas:

1) En primer lugar, se hará referencia a la concepción del enemigo interno, teniendo en cuenta que esta categoría ha sido utilizada por el Estado colombiano, no sólo para combatir a las organizaciones guerrilleras, sino también para perseguir civiles que son considerados como “enemigos internos”, y dirigir así el uso de la capacidad bélica del Estado en contra de la población civil.

2) Se presentará un contexto general que describe las características sociales, políticas y económicas, así como los actores involucrados en las dinámicas del conflicto armado en las tres subregiones del departamento de Antioquia donde se desarrolló un plan criminal que conllevo a la comisión de las ejecuciones extrajudiciales en contra de la población civil, conocidas comúnmente como falsos positivos.

3) Se hará referencia a la presunta responsabilidad penal de quienes fueran altos mandos de las Brigadas y Batallones del Ejército relacionados, así como el grado que ostentaba en la jerarquía militar durante la época en que ocurrieron los hechos victimizantes que son objeto del presente informe.

4) Se hará énfasis en los patrones referentes a la planeación,ejecución, evaluación, así como a los mecanismos de encubrimiento, que rodearon los hechos victimizantes.

5) Por último, el informe presentará las solicitudes de medidas de reparación integral para la construcción de paz, las cuales fueron previamente elaboradas con la participación de las víctimas de estos hechos.

Frente a la metodología, el informe se desarrolló a partir de consulta de fuentes primarias y secundarias: sentencias, doctrina y documentos oficiales de órganos nacionales e internacionales, investigaciones y revistas académicas, fotografías, libros, mapas, revisiones de material de prensa y consulta en diferentes bases de datos, entre ellas, la base de datos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), que actualmente reposa en los archivos de la JEP.

Adicionalmente, mediante la sistematización y análisis de documentos e información judicial que obra en los expedientes de los casos que han sido representados judicialmente por las organizaciones que presentamos este informe, así como a partir de documentos sobre otros hechos victimizantes conocidos por las mismas, se lograron establecer los principales patrones de macrocriminalidad que rodearon los hechos, así como la estructura militar y la presunta responsabilidad penal de agentes del Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, como parte de la metodología se agruparon en un sólo informe las ejecuciones extrajudiciales, en modalidad de falsos positivos, ocurridas en diferentes años: 2003-2004 y 2007-2008; en las tres subregiones del departamento de Antioquía mencionadas, dado que durante los períodos en que se perpetraron estos hechos victimizantes, Juan Carlos Barrera Jurado ostentó la comandancia del Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez” (en adelante BAJES), adscrito a la IV Brigada, adscrito en ese entonces a la Primera División del Ejército, así como de la Brigada XIV, adscrita a la Séptima División del Ejército Nacional.

De este modo, se tiene que el Sr. Juan Carlos Barrera Jurado fungió como Comandante del BAJES entre el 4 de diciembre de 2003 y el 22 de diciembre de 2004, y como Comandante de la Brigada XIV del 30 de octubre de 2007 al 31 de octubre de 2008.

Los casos que se presentan en este informe se relacionan entre sí debido a que comparten como elemento común la práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales, en modalidad de falsos positivos en contra de la población civil, implementada cuando Juan Carlos Barrera Jurado ostentaba el cargo de Comandante del BAJES, y que continúo cuando fue Comandante de la Brigada XIV. Además, en este informe sobre la práctica homicida se relacionan a los superiores jerárquicos de unidades militares que fueron comandadas por éste.

El Sr. Juan Carlos Barrera Jurado, oficial retirado del ejército, se encuentra vinculado a una investigación penal tramitada por la Fiscalía 106 Unidad Especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos (Antes Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario) bajo el radicado 9729, por la comisión de los delitos de homicidio en persona protegida; desaparición forzada; secuestro simple agravado; detención ilegal y privación del debido proceso; tortura en persona protegida; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; atentados a la subsistencia y devastación, y concierto para delinquir agravado.

Esta investigación agrupa 65 casos con 97 víctimas, de las cuales 18 personas continúan sin identificar. Sobre el periodo de comandancia del Sr. Juan Carlos Barrera Jurado, en la Brigada XIV, entre el 30 octubre de 2007 y el 30 octubre de 2008, se tiene registro de por lo menos 47 ejecuciones extrajudiciales cometidas por unidades tácticas pertenecientes a esta brigada del Ejército; las cuales se investigan por la Fiscalía o la jurisdicción penal militar como hechos aislados, desconociendo la existencia de patrones y modus operandi comunes entre ellos, y con los que se ejecutaron en el periodo en que éste fue Comandante del BAJES.

Varias de las víctimas de estos hechos son representadas por las organizaciones que elaboramos este informe. Por lo anterior, este informe presenta información a la SRVR sobre un universo de casos ocurridos bajo la comandancia del Coronel Juan Carlos Barrera Jurado en la XIV Brigada, que obedecen a los mismos patrones de los casos que las organizaciones aquí signantes representamos judicialmente. Así como información sobre 81 (la ONG Humans Rights Watch reporta más de 400 en 2006 y 2007) homicidios acaecidos cuando el oficial retirado Barrera Jurado integró el Estado Mayor de la Séptima división del Ejército nacional, en su condición de jefe de operaciones (G-3), entre el 01 de octubre de 2006 y el 29 de septiembre de 2007.

Este informe, a su vez, contiene elementos preliminares que servirán posteriormente para develar la probable responsabilidad de los oficiales del Ejército Óscar Enrique González Peña, Luís Roberto Pico Hernández y Mario Montoya Uribe en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

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