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El presente documento recoge el informe que elaboramos para ser presentado el 9 de mayo de 2019 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 172° período de sesiones, relativo a las denuncias de incumplimiento de reparación a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras en Colombia, el cual constituye una Radiografía de la restitución de tierras, útil para que entidades públicas, juzgados y tribunales, órganos de control, academia, organizaciones sociales y víctimas puedan tener un panorama del estado actual de la política, sus dificultades y las recomendaciones que hemos sugerido.
Doce organizaciones de la sociedad civil sometimos la política de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado en Colombia a un examen riguroso para verificar su nivel de cumplimiento y la satisfacción de los derechos de las víctimas faltando dos años para el vencimiento de la Ley 1448 de 2011. Concluimos que el Estado colombiano no ha cumplido con la garantía del derecho a la restitución de comunidades campesinas y étnicas y que debe prontamente hacer ajustes en su implementación para corregir lo que está fallando, y de manera urgente prorrogar la vigencia de la ley.
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El informe entregado a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en diciembre de 2018, pone como eje central el desplazamiento forzado como estrategia de despojo de tierras a comunidades campesinas y étnicas de los municipios de Chibolo, Plato, Sabanas de San Ángel, Remolino y Salamina, durante la década de los 90’.
El reordenamiento territorial como consecuencia del despojo de tierras liderado por paramilitares pertenecientes al bloque norte al mando de alias “Jorge 40”, fue la finalidad de las estructuras económicas y políticas que colaboraron con el grupo armado ilegal, para expandir su control local. Si bien el conflicto armado permeo esta estrategia, consideramos que el desplazamiento forzado no fue simplemente un efecto colateral de las dinámicas bélicas.
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El informe entregado al Sistema integral de verdad justicia reparación y garantías de no repetición, el pasado julio de 2018, da cuenta de una situación de abandano estatal generalizado, donde el control tanto en zona rural como urbana, a pesar del pie de Fuerza Pública desplagado, lo ejercen estructuras armadas ilegales como las Farc, los paramilitares y grupos de narcotráfincantes. La población civil, que en su mayoría es étnicamente diferenciada -confluyen comunidades campesinas, originarías y afrocolombianas-, ha sido víctima de toda clase de de violaciones a los derechos humanos.
El informe se encuentra dividido en cuatro partes, la primera obedece a un contexto de las condiciones sociopolíticas del municipio de San Andrés de Tumaco y la violencia del territorio con relación a grupos armados presentes en la región. La segunda corresponde a casos que evidencian la situación de violencia con un enfoque de género y diferencial que han sufrido y siguen sufriendo las comunidades en los diferentes territorios. La tercera es un breve análisis general de lo que ha sido el impacto del conflicto armado en el territorio y el abandono del estado; esto proyecto al incumplimiento del Acuerdo de Paz. La cuarto y última parte corresponde a conclusiones y recomendaciones dirigidas a la CEV sobre apreciaciones al momento de concluir la investigación.
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Consientes de nuestra apuesta por la inclusión del enfoque de género como una herramienta a aplicar en toda la institucionalidad, y como fruto de las conclusiones y aprendizajes del “Encuentro regional sobre rutas para la participación de las mujeres ante el SIVJRNR y el enfoque de género” realizado el 18 de septiembre de 2019 en Bogotá, evento en el que participaron alrededor de 40 mujeres de diferentes departamentos del país, se construye esta cartilla, con el objetivo de presentar por una parte una explicación sencilla acerca de cómo funcionan los mecanismos que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR), y por otra parte presentar las propuestas de participación formuladas por las mujeres participantes de ese evento. Igualmente se resume la forma en que cada uno de los mecanismos que conforman el Sistema aplica el enfoque de género, gracias a la información presentada por cada una de estas instituciones por las personas delegadas que asistieron al evento.
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En el marco del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, conforme a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), y con especial interés en la recomendación general 34 (RG/34) 70 organizaciones sociales que trabajamos por, para y con mujeres rurales y campesinas realizamos verificación a las observaciones finales de los anteriores informes periódicos de Colombia y construimos el primer informe sombra específico sobre mujeres rurales y campesinas a presentarse ante la 72° sesión del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW, el 18 de febrero de 2019.
El informe se enfoca en general en la normatividad expedida alrededor de los derechos de las mujeres rurales, y específicamente en cuatro aspectos: a. Derecho a participar en el desarrollo rural y tierras, b. Vida económica y social c. Educación y d. Recursos naturales, alimentación y semillas.
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El 13 de febrero de 2020 la Corporación Jurídica Yira Castro y los campesinos y campesinas vinculados a la ANUC-UR hicieron entrega, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, del informe denominado “ANUC-UR: EL CAMPESINADO QUE UNIDO PERSISTE Y RESISTE” en el cual se recopilan los hechos víctimizantes sufridos por la organización en los departamentos de Sucre y Cauca, así como la historia de resistencia de esta organización campesina. Igualmente se entregó a la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas UBPD.
13 de febrero de 2020.
