ACCIÓN URGENTE NO. 8-2020: Llamado a entidades encargadas del cumplimiento de la sentencia SU-426 de 2016, a que tomen acciones efectivas para evitar nuevos hechos de invasiones ilegales en El Porvenir

Bogotá D.C., octubre 2 de 2020

Por medio de la presente acción urgente, la Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC- busca poner en conocimiento hechos relacionados con presuntas invasiones ilegales, que generan zozobra y preocupación en la comunidad de campesinos y campesinas históricas de la vereda El Porvenir del municipio de Puerto Gaitán – Meta, a 4 años de la sentencia SU-426 de 2016.

La siguiente información fue dada a conocer por parte de algunas personas que hacen parte de la comunidad de campesinos y campesinas históricas de la vereda El Porvenir, a quienes la Corte Constitucional protegió sus derechos al acceso a la tierra y al territorio mediante la sentencia SU-426 de 2016:  

  1. En comunicación sostenida el día 30 de septiembre de 2020 en horas de la mañana por medio telefónico con una de las personas que lidera el proceso de titulación de baldíos a favor de la comunidad histórica de El Porvenir, manifestó con bastante preocupación que varias personas de la vereda aseguran que en el predio se encuentra haciendo presencia el señor ELVER ABRIL SANTAMARÍA, quien hace parte de la asociación denominada ASDEPAGRAL, y que múltiples ocasiones hemos señalado como una de las personas que presuntamente tiene relación con los hechos de invasiones ilegales que se han venido adelantando en el predio, tras la Resolución 6423 de 2014. Aducen que esta persona al parecer está negociando con los predios y que inclusive se encuentra trayendo personas ajenas a la vereda, algunas al parecer en condición de vulnerabilidad, para que invadan los predios que cuentan con una destinación especial para los campesinos y campesinas que históricamente los han ocupado, conforme a la sentencia SU-426 de 2016. 
  2. En vista de lo anterior, la CJYC envío una comunicación a las diferentes entidades encargadas del cumplimiento de la sentencia SU-426 de 2016, incluida la Agencia Nacional de Tierras, poniendo de presente esta situación y elevando algunas peticiones concretas con la finalidad de que las entidades correspondientes tomarán acción respecto a las presuntas invasiones ilegales que se han venido presentando recientemente en El Predio,  recalcando que este fenómeno de invasión ya ha ocurrido en múltiples ocasiones en el pasado, y que inclusive, ya ha sido ratificado por la misma Agencia Nacional de Tierras. 
  3. El día de hoy, 2 de octubre de 2020, nuevamente la CJYC sostuvo comunicación telefónica con una de las personas de El Porvenir, quien le manifestó que la ANT ha dispuesto la instalación de nuevas vallas en el predio, con la finalidad de reiterar la prohibición de invadir los predios baldíos que conforman El Porvenir.

CONSIDERACIONES FINALES

Los campesinos y campesinas históricas de la vereda El Porvenir, en acompañamiento de la Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, han denunciado en múltiples ocasiones hechos de invasiones y construcciones ilegales al interior del predio. A 4 años de que se haya proferido una sentencia de la Corte Constitucional, la SU-426 de 2016, que protegió sus derechos al acceso a la tierra y al territorio respecto de los predios que han ocupado de manera histórica, estos campesinos y campesinas que han luchado por permanecer en El Porvenir en condiciones dignas, observan con preocupación cómo el fenómeno de la invasión y los riesgos del desplazamiento forzado no cesan, mientras que continúan a la espera de que se cumpla efectivamente con esta sentencia de tutela. 

En ese sentido, y a partir de la información que ha sido brindada a la Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC-, nos permitimos elevar la siguiente:

PETICIÓN

Solicitar a todas las entidades encargadas del cumplimiento de la sentencia SU-426 de 2016, en especial a la Agencia Nacional de Tierras, que lleven a cabo todas las acciones tendientes a garantizar que estos predios no continúen siendo objeto de invasiones ilegales y, en ese sentido, que garanticen un pronto cumplimiento de la sentencia de tutela, a 4 años de que fuera proferida por la Corte Constitucional.

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