Denuncia pública No 1-2021: Persisten invasiones de tierras y construcciones ilegales en el predio El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán – Meta

Desde la Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC- denunciamos nuevos hechos de presuntas invasiones y edificaciones ilegales que se presentan en el predio El Porvenir del municipio de Puerto Gaitán, los cuales afectan a las comunidades campesinas e indígenas que han habitado históricamente en este lugar y que a 4 años de la sentencia SU-426 de 2016 de la Corte Constitucional que protegió sus derechos al acceso a la tierra y al territorio, aún se encuentran a la espera de que la Agencia Nacional de Tierras haga entrega de los títulos de propiedad de los predios que han ocupado hace más de 40 años.

HECHOS:

De acuerdo a la información entregada por la comunidad histórica, en la zona ocupada por personas invasoras que hacen parte de la asociación ASDEPAGRAL se está construyendo una nueva edificación, pese a que la Agencia Nacional de Tierras ha venido instalando vallas en el predio con la finalidad de evitar nuevas invasiones de tierras al interior del predio El Porvenir. De acuerdo con la información, la edificación se está construyendo al costado izquierdo de la carretera que conduce del casco urbano de la vereda El Porvenir a Puente Arimena, aproximadamente a unos 15 minutos en carro. A continuación se observan las fotos remitidas por la comunidad histórica:

ANTECEDENTES:

Los hechos de invasiones ilegales en el predio El Porvenir ya han sido ratificados por la Agencia Nacional de Tierras, si se tiene en cuenta que a través del Oficio 20204100831311, por medio del cual esta entidad dio respuesta a los radicados ANT. No. ANT No. 20206200532682 de fecha 19 de agosto de 2020 y No. 20206200538782 de fecha 20 de agosto de 2020, remitió información de 16 personas que habían solicitado la Inscripción al Registro de Sujetos de Ordenamiento RESO, y frente a las cuales la ANT decidió no dar inicio a la segunda fase de la parte administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, negando las solicitudes de adjudicación presentadas con fundamento en que se trató “de ocupaciones indebidas ejercidas sobre los predios objeto de solicitud de conformidad a las leyes que regulan la gestión de la ANT” (negritas propias). De lo anterior se desprende y se puede concluir que los hechos de invasiones ilegales en el predio El Porvenir SON UNA REALIDAD.

Asimismo, es importante recordar que el día 28 de diciembre de 2020, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello emitió la Denuncia Pública No. 37[1], mediante la cual informó que el 21 de diciembre de 2020 campesinos y campesinas históricas de El Porvenir presenciaron la construcción de una cerca que obstruye la carretera que de El Porvenir conduce a Caviona, conductas que configuran los delitos de invasión y obstrucción de vías públicas que afecten el orden público, contenidos en los artículos 353A y 263 del Código Penal.

Por último, vale la pena reiterar que durante el año 2020 la Corporación Jurídica Yira Castro presentó 3 denuncias por hechos de presuntas invasiones ilegales en el predio El Porvenir, las cuales fueron remitidas a las entidades competentes.  

CONSIDERACIONES FINALES:

Los campesinos y campesinas históricas de la vereda El Porvenir, en acompañamiento de la Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, han denunciado en múltiples ocasiones hechos de invasiones y construcciones ilegales al interior del predio. A 4 años de que se haya proferido una sentencia de la Corte Constitucional, la SU-426 de 2016, que protegió sus derechos al acceso a la tierra y al territorio respecto de los predios que han ocupado de manera histórica, estos campesinos y campesinas que han luchado por permanecer en El Porvenir en condiciones dignas, observan con preocupación cómo el fenómeno de la invasión y los riesgos del desplazamiento forzado no cesan, mientras que continúan a la espera de que se cumpla efectivamente con esta sentencia de tutela. 

En ese sentido, y a partir de la información que ha sido brindada a la Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC-, nos permitimos elevar las siguientes:

PETICIONES:

  1. A la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, hacer presencia en la vereda El Porvenir en aras de corroborar las situaciones expuestas mediante este escrito, y dar efectivos y prontos resultados de titulación y entrega de la tierra en condiciones dignas y seguras a las COMUNIDADES CAMPESINAS HISTÓRICAS ACCIONANTES de la sentencia SU-426 de 2016, y demás ocupantes históricos del predio mencionados por la Corte Constitucional, así como tomar acción respecto a las situaciones de invasión y construcción ilegal que se llevan a cabo en El Porvenir, y se sirva informar las medidas tomadas para la protección de estos predios frente a las familias invasoras y se informe en forma detallada y clara los avances de tales medidas (si hay denuncias, o que otro tipo de acciones) y el Estado de cada una de las medidas adelantadas.
  • A la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN, llevar a cabo la defensa de los derechos de las COMUNIDADES CAMPESINAS HISTÓRICAS ACCIONANTES de la sentencia SU-426 de 2016, y demás ocupantes históricos del predio mencionados por la Corte Constitucional, y aperturar las acciones preventivas en el marco de sus funciones y que considere pertinentes, sentando precedentes de justicia.  
  • A la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adelante las investigaciones pertinentes, y que tales investigaciones se lleven realmente a buen término y sin dilaciones, tal como se ha venido presentado en la actualidad, ya que en muchas de las denuncias presentadas por hechos de invasiones y por otros que han ocurrido en la región, las investigaciones se encuentran en diferentes seccionales sin que realmente hayan avances o se vea reflejada una verdadera labor de investigar, esclarecer los hechos y judicializar a los responsables, asimismo, llevar a cabo la investigación penal por el posible delito de Invasión -art. 263 del Código Penal- en predios que ostentan una calidad de reservados por parte de la ANT dado que fueron revocados los títulos, en consecuencia, no pueden ser invadidos por foráneos, y de los cuales, la Corte Constitucional ordenó, deben ser titulados a las campesinas y campesinos históricos de El Porvenir.
  • A la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO, que cumpla efectivamente con su obligación primigenia como juez de tutela y lleve a cabo todas las acciones tendientes a que se cumpla efectivamente con lo ordenado por la Corte, incluyendo dar solución al incidente de desacato que se apertura hace 2 años por el manifiesto incumplimiento de las ordenes de la sentencia y adelante todas las acciones que sean necesarias para que finalmente, tras 4 años de proferida la SU-426 de 2016, se vean finalmente materializados los derechos fundamentales de las COMUNIDADES CAMPESINAS HISTÓRICAS ACCIONANTES y demás ocupantes históricos del predio mencionados por la Corte Constitucional.
  • A la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, que efectúe seguimiento al cumplimiento de su sentencia SU-426 de 2016, con el fin de que los derechos fundamentales de las COMUNIDADES CAMPESINAS HISTÓRICAS ACCIONANTES de la sentencia SU-426 de 2016, y demás ocupantes históricos del predio mencionados por la Corte Constitucional, sean finalmente protegidos y garantizados por parte de las entidades encargadas de su materialización.
  • A la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN su inmediata intervención, exigiendo a las autoridades competentes respuestas inmediatas en pro de la defensa y salvaguarda de los derechos de las COMUNIDADES CAMPESINAS HISTÓRICAS ACCIONANTES de la sentencia SU-426 de 2016, y demás ocupantes históricos del predio mencionados por la Corte Constitucional, quienes
  • A la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, velar y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las COMUNIDADES CAMPESINAS HISTÓRICAS ACCIONANTES de la sentencia SU-426 de 2016, y demás ocupantes históricos del predio mencionados por la Corte Constitucional, así como su permanente acompañamiento, y analizar la posibilidad de emitir algún tipo de pronunciamiento con la finalidad de evitar mayores perjuicios por el incumplimiento de la sentencia y la legitimación de la invasión, debido a la falta de acción por parte de las entidades responsables.

[1] Disponible en https://corporacionclaretiana.org/2020/12/28/denuncia-publica-no-37/

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