Así se desconoce el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Colombia

Escuela de la comunidad indígena de ASEINPOME, vereda El Porvenir, Puerto Gaitán-Meta

El modelo de economía extractivista adoptado en Colombia ha generado que en el último tiempo diversas multinacionales se hayan asentado en nuestro territorio para extraer y exportar materias primas, actividad que para algunos sectores de la sociedad ha generado un incremento en la economía nacional. Sin embargo, en la mayoría de casos los recursos naturales que les interesan a estas empresas se encuentran localizados donde habitan pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes, evento en el cual se hace necesario consultar previamente con las comunidades para intentar lograr el consentimiento de las mismas respecto a las medidas que las afectarán.

La participación es un derecho que tenemos todas las colombianas y colombianos de participar de manera activa en las decisiones que nos afecten. En el caso de las comunidades étnicas este derecho tiene una especial protección constitucional, lo que implica que los pueblos indígenas y tribales deben ser consultados previamente sobre cualquier decisión que los afecte directamente, con el objetivo de que puedan participar y manifestar su opinión mediante un diálogo intercultural. Por esta razón, cuando particulares quieren desarrollar proyectos, obras o actividades (POA) deben acudir en primera medida ante el Ministerio del Interior para que esta entidad certifique si en la zona donde se desarrollará dicho POA hay presencia o no de comunidades étnicas, para que en caso de que sí la haya se les garantice su derecho fundamental a la consulta previa.

En el caso de los proyectos de exploración y explotación de recursos no renovables, como carbón y petróleo, la Corte Constitucional ha establecido que la consulta previa se activa cuando un proyecto genera una afectación directa en algún pueblo indígena, que puede darse por el impacto en: 1. El territorio de la comunidad indígena; o 2. en el ambiente, la salud o la estructura social, económica o cultural del grupo.

Hace algunos días miembros de la etnia cubeo-sikuani pertenecientes al asentamiento indígena ASEINPOME, ubicado en la vereda El Porvenir del municipio de Puerto Gaitán-Meta, conocieron la Certificación No. 0652 del 1 de noviembre de 2019 mediante la cual el Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior certificó que en el lugar donde la multinacional canadiense FRONTERA ENERGY CORP quiere desarrollar su proyecto de extracción petrolera “no se registra presencia de comunidades étnicas”. Dicha certificación causó extrañeza en la comunidad de ASEINPOME por dos razones: 1. Porque la zona en donde será desarrollado el proyecto petrolero coincide o se traslapa con su territorio indígena; y 2. Porque desde hace casi 4 años sus miembros han presentado múltiples solicitudes ante el MinInterior con el fin de ser reconocidos como resguardo indígena, e inclusive han tenido reuniones con algunos funcionarios del Estado en las que les han reiterado sus requerimientos, razón por la cual no se explican cómo esta entidad simplemente desconoció su existencia y así, su derecho fundamental a la participación en la decisiones que los afectan el cual se materializa en la práctica a partir de un proceso de consulta previa.

El caso de ASEINPOME es una clara muestra de cómo el Estado y las multinacionales vulneran el derecho fundamental a la consulta previa de comunidades indígenas, al desconocer su existencia y presencia en territorios donde se van a desarrollar proyectos extractivos. A pesar de que como se ha venido señalando la consulta previa constituye la manifestación del derecho fundamental a la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que puedan afectarlos, casos como el de ASEINPOME permiten demostrar que en Colombia, a través de decisiones administrativas del Estado como los certificados de presencia de comunidades étnicas que expide el MinInterior, este derecho pasa a un segundo plano cuando de proyectos extractivos en manos de multinacionales se trata.

En este caso en particular, pasaron tan sólo 8 días hábiles para que el Director de Consulta Previa del MinInterior expidiera a favor de la multinacional FRONTERA ENERGY CORP la Certificación mediante la cual determinó que en la zona del municipio de Puerto Gaitán donde actualmente se encuentra asentada la comunidad de ASEINPOME no se registra presencia de grupos indígenas, desconociendo no sólo la existencia de este pueblo indígena, sino también el arduo trabajo que desde hace 4 años varios de sus miembros vienen desarrollando para poder ser reconocidos por el Estado colombiano como resguardo indígena.

Como organización defensora de Derechos Humanos que acompaña a la comunidad indígena de ASEINPOME, hemos solicitado al Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior que revoque dicha certificación, con el fin de que se determine a través de una visita de campo si el proyecto extractivo que pretende desarrollar la multinacional canadiense en el municipio de Puerto Gaitán genera una afectación directa en esta comunidad indígena, para que en caso de que así sea la Dirección de Consulta Previa del Ministerio lleve a cabo todas las etapas que se deben surtir en el proceso de consulta previa, de acuerdo a la Directiva Presidencial N° 10 de 2013, esto es:

  • Certificación de presencia o no de comunidades indígenas en el área de influencia de los POA.
  • Coordinación y preparación.
  • Pre consulta.
  • Consulta previa.
  • Los acuerdos alcanzados son protocolizados mediante un acta de acuerdo.

Esperamos que la solicitud de revocatoria de la certificación prospere para que tanto el Estado como la multinacional FRONTERA ENERGY CORP garanticen la participación de ASEINPOME en las decisiones que los afectan relacionadas con el proyecto de extracción de petróleo que esta empresa pretende desarrollar en el municipio de Puerto Gaitán. No puede un Estado como el colombiano que reconoce la pluralidad y diversidad étnica simplemente negar la existencia en el territorio nacional de estas comunidades que han sido históricamente discriminadas, y menos desconocer y vulnerar su derecho fundamental a la consulta previa.

Ahora bien, valdría la pena entonces preguntarnos qué hay detrás de decisiones como la que tomó el director de Consulta Previa del Ministerio en el caso de ASEINPOME, en la que básicamente se desconoce la presencia y existencia de esta comunidad indígena pero que resolvió en tiempo récord la solicitud de certificación de la multinacional, cosa que no ocurre en relación con las múltiples solicitudes elevadas por ASEINPOME para ser reconocidos como resguardo indígena, teniendo en cuenta que a comunidad ya cumple casi 4 años a la espera de una respuesta del Estado. ¿Es acaso esto una muestra de que las mismas instituciones del Estado adoptan decisiones que favorecen los intereses de multinacionales en desmedro de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas? ¿Estamos en un Estado que es ágil y eficiente respecto a las solicitudes que realizan empresarios de otros países, pero que tarda años en resolver solicitudes de grupos de especial protección constitucional como los pueblos indígenas que son necesarias para garantizar su supervivencia en el territorio nacional?

Pareciera que a pesar de que nuestra Constitución y las leyes tanto nacionales como internacionales establecen una protección reforzada frente a estas comunidades debido a la discriminación y exclusión histórica que se ha ejercido en su contra, la consulta previa pasa ante los ojos del mismo Estado como un “trámite” de menor importancia, y no como el proceso mediante el cual se protege el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos indígenas, que implica garantizar su participación en las decisiones que los afectan, a nivel no sólo territorial sino cultural, social y económico.

Valdría la pena señalar que con el desconocimiento que hace el Estado de la presencia de comunidades indígenas, dándole prioridad a la explotación de los territorios ancestrales por parte de multinacionales que pretenden desarrollar proyectos extractivos, no sólo se vulneran los derechos fundamentales de estas comunidades y se limita su capacidad de pervivencia en sus territorios, sino que estas decisiones también generan efectos en el medio ambiente debido a los impactos negativos que el extractivismo imprime en nuestra madre tierra, los cuales afectan a todos y todas.

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