Audiencia Nacional por la tierra, el territorio y el campesinado: Balance de las deudas históricas con el campo colombiano

La Procuraduría General de la Nación en respuesta a la solicitud de más de 50 organizaciones campesinas convocó a la “Audiencia Nacional por la Tierra, el Territorio, y el Campesinado” que se realizó el pasado 31 de julio de 2020. En esta audiencia los líderes y lideresas de las organizaciones campesinas plantearon a las instituciones nacionales los obstáculos, dificultades, reclamos que los campesinos y campesinas vienen padeciendo producto de una desigualdad estructural que vive esta población. Las organizaciones que participaron elevaron un reconocimiento y homenaje a los líderes y lideresas que han sido asesinados, un número que ya va por 360 muertes.

El desarrollo de la audiencia se dio en dos paneles, el primero: “política pública, acuerdos incumplidos y Declaración de Derechos del campesinado”, y un segundo panel sobre: “implementación del Acuerdo de paz (puntos 1 y 4) garantías para defensores. Desarrollaremos algunos temas que se abordaron en dicha audiencia

Primer panel: “política pública, acuerdos incumplidos y Declaración de Derechos del campesinado”

En el primer panel las organizaciones campesinas plantearon la necesidad de formular una política pública a favor del sujeto campesino. Para ello las organizaciones presentes exigieron como primer paso que el gobierno nacional adopte la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, pues es el instrumento internacional que contempla sus derechos específicos.

De igual forma exigieron que no se implementen los proyectos extractivistas en el macizo colombiano que pondrían en peligro la existencia misma de la sociedad colombiana dado que el 70 por ciento del agua que va a los acueductos nacen de este ecosistema.

Lo voceros campesinos sostienen que están reconocidos en la constitución política, y en normas internacionales, sin embargo, no existe una política pública específica, amplia y financiada que permita la materialización de estos derechos, lo usual ha sido esperar que los campesinos salgan a protestar para luego hacer acuerdos que tienen poca fuerza vinculante, pues suelen ser convocados a los espacios de diálogo solo para para participar y no para decidir políticas concretas.

Por su parte, el Ministerio del Interior afirmó que Colombia participó en la discusión de la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, y que estos están reconocidos en la constitución y en otras normas. Refirió que Colombia se abstuvo de adoptar esta declaración porque no hubo voto favorable de las instituciones y la declaración no tuvo consenso de los Estados. Afirmo igualmente que esta delación al no ser vinculante no necesita ratificación, pero que aun así la consideran valiosa.

Segundo panel: “implementación del Acuerdo de paz (puntos 1 y 4) garantías para defensores.

La organización ANZORC exigió al gobierno nacional desarrollar un COMPES para la garantía de las 7 Zonas de Reserva Campesina, además de constituir las Zonas ya solicitadas, como compromiso derivado del Acuerdo de Paz. También hicieron referencia a los territorios campesinos agroalimentarios y la constitución de los territorios interculturales como forma de ordenar el territorio y exigieron a las instituciones encargadas de la implementación que les informen cuales son todas aquellas iniciativas dirigidas a garantizar la territorialidad campesina y acceso a la tierra.

Las comunidades campesinas exigieron al gobierno que no se continúe apostando por un modelo extractivista, y denunciaron que nos los están consultando lo que genera obstáculos a su derecho a la participación. Señalaron que ante la emergencia por la pandemia el gobierno nacional cree que el extractivismo y la agroindustria son las actividades económicas que pueden recuperar la economía nacional, y esto hace que el campesinado termine aislado como principal solución a la soberanía alimentaria.  

Otra organización campesina planteó que desde enero de 2017 al 2018 la dirección de sustitución firmó 106 acuerdos que incluían 215.000 familias en 94 municipios de 14 departamentos, y que de esas, solo 99.000 familias firmaron un acuerdo individual y voluntariamente radicaron 41.500 hectáreas de coca en el país; sin embargo no existe ni un solo proyecto productivo para la sustitución, y no les han dado respuesta individual a 116.000 familias. Denuncian que el gobierno estableció que no va a firmar más acuerdos individuales y exigieron que la inversión del PNIS sea pública.

Señalaron igualmente que los datos recopilados demuestran que cuando la erradicación es voluntaria la resiembra es baja, y para el año 2019 bajo del 0.4 por ciento al 0.2 por ciento, en cambio cuando la erradicación es forzosa la resiembra es del 7 por ciento.

Por su parte la institucionalidad manifestó que el proceso de formulación de los planes nacionales sectoriales ha sido un tema de formulación, evaluación y financiamiento, y que hasta el momento se han adoptado seis planes nacionales sectoriales: el plan vivienda rural, el plan de vías terciarias, el plan de electrificación rural, el plan de interconectividad rural, y el plan de la organización de la economía campesina. Pero adicional a esto han dicho que existen cuatro planes sectoriales que han obtenido cierre técnico, y son: el plan de salud rural, el plan para la protección los derechos de las trabajadores y trabajadoras rurales, el plan de agua potable y el plan de la generación de ingresos para la economía campesina. De acuerdo con esto quedarían faltando seis planes en formulación.

Confirmaron que existen acuerdos con 99.000 familias a los cuales se les ha pagado el 80 por ciento, y en asistencia técnica dicen que van el 80 por ciento, mientras que en proyectos productivos van apenas en un 2 por ciento.

Conclusión y cierre:

Finalmente, las diferentes entidades que tienen una responsabilidad frente al catastro multipropósito respondieron las preguntas formuladas por la Procuraduría y las organizaciones campesinas y se señaló que para él año 2022 tendríamos el 60 por ciento del catastro multipropósito y para el 2025 la totalidad del catastro. Resaltan que haya presupuesto, lamentan, sin embargo, que no se haya mencionado la participación social en la gestión catastral y que es importante que se trate.

En cuanto al acceso a la propiedad de la tierra, la Procuraduría reconoció que la Agencia Nacional de Tierras ha hecho un trabajo serio, para recuperar el rezago del INCODER, sin embargo, existen falencias en lo relacionado al porcentaje de hectáreas que deben integrar el fondo de tierras, pues si bien se han formalizado un 1’800.000 hectáreas, este dato obedece a casos de formalización antiguos al acuerdo de paz y no a adjudicaciones. Se reconoció igualmente que es importante que se avance en la implementación de una jurisdicción agraria para enfrentar de mejor manera los conflictos agrarios.

En cuanto a PDET y planes nacionales se ha venido avanzando, pero hay que destacar que los 16 planes debían haberse formulado en el 2018 y las comunidades lamentan que no haya participación en la ruta única.

Se resaltó también la importancia de cumplir con el decreto 660 de 2018, pues es un reclamo de las comunidades campesinas, para garantizar la vida de los líderes y lideresas a través de los esquemas de protección colectiva.

Finalmente, la procuraduría delegada y los 34 procuradores agrarios y ambientales se comprometieron a:

  1. Sistematizar la audiencia y publicar un instrumento para conocimiento público.
  2. En dicho instrumento se va a señalar por qué el gobierno nacional no adoptó la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.
  3. Se hará vigilancia y control a la formulación de la política pública para el campesinado con un carácter participativo e inclusivo y que permita afrontar los hondos y estructurales problemas del campesinado.
  4. Se abordará y sistematizaran todos los compromisos que han sido incumplidos por el gobierno colombiano y que han sido reconocidos en la Audiencia.
  5. Se hará seguimiento a los incumplimientos para establecer rutas claras de cumplimiento.
  6. Se reconocerá a la mujer campesina y la necesidad de adoptar el enfoque diferencial en la población campesina.
  7. Se verificará que el catastro multipropósito cumpla con los tiempos y perspectivas que en la audiencia se anunciaron y lograr que haya mayor participación de la gestión del mismo.
  8. Se buscará mayor participación de las comunidades en los PDTS Y planes sectoriales nacionales.
  9. Se continuará en la vigilancia y control para armonizar los derechos ambientales y los derechos de las comunidades campesinas para reconocer los derechos del campesinado.
  10. Se hará seguimiento especial y minucioso para la garantía de la vida de los líderes y lideresas que día a día trabajan por los derechos de sus comunidades.

En el desarrollo de la “Audiencia Nacional por la tierra, el territorio, y el campesinado” se hizo evidente la falta de razones y argumentos por parte del gobierno para no adoptar la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, por lo que esta decisión solo obedeció a la postura política de no comprometerse internacionalmente en responsabilidades con la población campesina, continuando en el poco reconocimiento al campesinado como sujeto político al cual se le debe garantizar sus derechos con políticas públicas claras y financiadas.

A tres años y medio de la firma del Acuerdo de Paz los avances en la implementación de los puntos 1 y 4 son insuficientes, sólo hay seis planes sectoriales nacionales de 16 que a la fecha debería haber en ejecución. Existen 1 millón hectáreas en el fondo de tierras, sin embargo, la cifra no obedece a lo acordado, ni a tierras que hayan sido incluidas a raíz del acuerdo de paz, pues se trata de los procesos que ya venían desarrollándose en la institucionalidad y que obedecen sobre todo a formalización y no a adjudicación. En cuanto al punto 4 resulta inadmisible que el gobierno siga apostando a la erradicación forzada, cuando los datos indican que la erradicación voluntaria tiene logros insuperables, pues solo el 0.2 por ciento de las familias que se acogen a la erradicación forzada resiembran, en cambio el 70 por ciento de las familias que son sometidas a la erradicación forzada resiembran. Es igualmente lamentable que el actual gobierno se permita decidir no firmar más acuerdos individuales de sustitución, cuando de las 215.000 familias objeto de estos posibles acuerdos solo hay 99.000 que han logrado tener acuerdos y recibir pagos, y más preocupa que para este momento solo hayan sido implementados un 2% de los compromisos en cuanto a proyectos productivos.

Este panorama, genera enorme preocupación cuando en el país varios actores armados se siguen desplegando en los territorios afectados por estos cultivos y poniendo en riesgo permanente a la población civil sin que se tomen las medidas efectivas para la solución a los problemas de violencia, pobreza, presencia institucional entre otros. Es necesario que el gobierno defina una sola política al problema de las drogas, pues este doble racero, está perjudicando la vida en los territorios que tienen este  problema, pues por un lado las personas que quieren firmar acuerdos individuales son señalados y objetivo militar de los actores armados que controlan el negocio de las drogas, y por el otro lado, el gobierno sigue desplegando operativos militares para hacer la erradicación forzada, y en el medio quedan las comunidades; por eso, es necesario que el gobierno siga trabajando por lograr los objetivos del Acuerdo de Paz, y logre acuerdos con todas las familias y tenga proyectos productivos que se mantengan el tiempo, sean rentables para las familias y así ganar la batalla a las drogas.

Otro reto permanente, es lograr la mayor participación en todos los procesos donde los sectores campesinos y rurales están involucrados, por ejemplo, en la gestión del catastro multipropósito, en los PDTS, PNIS, planes sectoriales nacionales, pues en la mayoría de estos procesos se ha negado la participación de las comunidades campesinas.

Finalmente, el reclamo constante de las comunidades rurales continua en cuando al modelo extractivista y agroindustrial que se continúa implantando en los territorios, donde no se respeta la visión de la vida campesina, indígena, afro, entre otras, y se pone por encima de la vida y el territorio el capital. Las comunidades claman por proyectos que cuiden la tierra y el territorio, proyectos agrícolas no intensivos y sustentables que se armonicen con los ciclos de vida de la madre tierra. 

CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO

Para revivir esta audiencia puedes visitar el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=TvUyBuC6S_4

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