Comunicado a la opinión pública ante noticias falsas y malintencionadas de algunos portales de noticias

La Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) es una Organización No Gubernamental para la defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos en Colombia de población en condición de vulnerabilidad. Nace en el año 2001, después de una reunión entre varias profesionales preocupadas por la impunidad en el flagelo generalizado del desplazamiento forzado en el país. La organización toma su nombre de una mujer que dedicó su vida a trabajar en pro de comunidades menos favorecidas, así como los derechos de las mujeres en las clases populares.

Ante lo manifestado en algunos portales de noticias falsas y cuentas de twitter y facebook, con claros intereses difamatorios, calumniosos y que obedecen a una estrategia de “defensa” mediática en el marco de un proceso jurídico, donde sugieren que el Senador Iván Cepeda Castro, ha apoyado la constitución de la organización y ayudó a tramitar dinero o recursos para la CJYC, nos permitimos informar:

  1. La Corporación Jurídica Yira Castro, nace por iniciativa de un grupo de abogadas que se unieron para crear una organización que acompañara y atendiera las necesidades legales de las víctimas de desplazamiento forzado; dentro del trabajo de acompañamiento, asesoría y representación legal y por solicitud expresa de las mismas víctimas representadas por la CJYC, se estableció un convenio con la Unidad de Restitución de Tierras para acompañar y adelantar representación legal a víctimas y/o comunidades víctimas de despojo forzado de sus tierras . Convenio que se llevó a cabo hasta el año 2016 y que, fue co-financiado con recursos de la cooperación internacional, la cual, ha confiado desde hace más de 15 años en el manejo transparente que hace la CJYC de los recursos y en la labor que se realiza en favor de las víctimas de despojo y desplazamiento forzado de tierras en el país. La contratación transparente, debidamente auditada tanto interna como externamente, con los soportes financieros y administrativos de los procesos adelantados en debida forma, dan cuenta del trabajo serio adelantado por la CJYC.

  2. Los casos y procesos asumidos en el marco del convenio con la Unidad de Restitución de Tierras, han continuado con la representación de las/os abogado/as de las CJYC, aún después de finalizado dicho convenio en el año 2016, ya que el compromiso asumido con las víctimas es poner todos los recursos humanos disponibles para garantizar el derecho a la justicia, a la verdad y la reparación, de acuerdo a los estándares internacionales de protección de derechos humanos.

  3. Aclarar y reafirmar que el senador Iván Cepeda Castro, nunca ha mediado en trámite o consecución de recursos en favor nuestro, tampoco ha representado a esta organización ante ninguna instancia gubernamental o agencia internacional para favorecer nuestro trabajo; el uso del nombre de Yira Castro obedece a la admiración y memoria de su trabajo en favor de causas sociales y populares como lo viene haciendo la CJYC. Resaltamos que las labores de defensa de derechos humanos, así como de incidencia política en el marco del apoyo o rechazo a proyectos de ley que se tramiten en el congreso son labores absolutamente respetables, además de protegidas por la constitución y la ley.

  4. No se puede seguir convirtiendo el hecho de contratar con un Gobierno, como algo ilegal o por lo menos, sospechoso en el Gobierno siguiente, los convenios que se realizaron obedecieron al desarrollo de una política pública en materia de restitución de tierras en el marco de la ley 1448 de 2011, convenios que se cumplieron a cabalidad, de lo cual dan cuenta las cifras de representación a las que se comprometió la CJYC en los convenios; totalmente cumplidas y cuyos resultados cuentan con el respaldo técnico, administrativo y social.

  5. Éstos comentarios ya se habían mencionado en un debate de control político en el año 2016, realizado por la entonces representante a la cámara por el partido político centro democrático, María Fernanda Cabal, después del viaje realizado por el también entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y el señor José Félix Lafourie, actual presidente de Fedegan, al municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena, donde se realizaron señalamientos irresponsables contra las víctimas retornadas que habían recuperado sus tierras.

Constancia Pública

Las difamaciones, información tergiversada y mal intencionada a través de redes sociales, pone en grave riesgo la vida y la integridad de los y las defensoras de derechos humanos de la Corporación Jurídica Yira Castro, contra quienes desde tiempo atrás pesan serias amenazas.

Igualmente lesionan el derecho constitucional al buen nombre de una organización de derechos humanos, cuyo objetivo es la defensa y exigibilidad de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, despojo de tierras y demás delitos conexos.

Por lo anterior, solicitamos a las autoridades competentes se sirva realizar las correspondientes investigaciones con el fin de establecer quién o quiénes están detrás de esta información calumniosa e infame y consecuentemente establecer sobre qué pruebas se atreven a fabricar tan vil campaña de desprestigio en contra de una organización comprometida con la defensa de los derechos humanos en Colombia.

EQUIPO CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO

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