Comunicado en rechazo a declaraciones del Gobernador del Meta

Las organizaciones que integramos la Red Llano & Selva expresamos nuestro rechazo y preocupación por las declaraciones de Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, realizadas el pasado 17 de junio1 contra las organizaciones de derechos humanos. Así mismo, expresamos nuestro profundo rechazo a todas las violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y otras manifestaciones de violencia que ocurran en el territorio.

Este tipo de declaraciones aumentan la polarización y estigmatización actual de país, y por ende el nivel de riesgo de defensores y defensoras de derechos humanos, al poner en duda públicamente, la labor de denuncia de los hechos de violencia que constituyen violaciones de derechos humanos perpetradas por parte de la Fuerza Pública contra la población civil en el departamento.

Este hecho viola flagrantemente los lineamientos expedidos por la Procuraduría General de la Nación para la protección efectiva de los defensores, defensoras de derechos humanos y sus organizaciones, que en la directiva 002 de 2017 explícitamente señala que “los servidores públicos deberán abstenerse de realizar conductas que los deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento o estigmaticen su labor”2.

Así mismo, pone en peligro a las comunidades campesinas que han venido manifestándose pacíficamente contra las operaciones de erradicación forzada que violan los acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito contemplados en los Acuerdos de paz. Cuando el gobernador expresa que, “muchos campesinos, que sabemos que están siendo presionados para salir a acompañar y a gritar que se vaya el ejército”, estigmatiza, pone en riesgo a estas comunidades y deslegitima el derecho colectivo a la protesta social.

El incumplimiento a los acuerdos de paz, especialmente en cuanto a la implementación del punto 43 sobre la solución al problema de las drogas, ha sido el germen del conflicto social por el que atraviesan estas comunidades. Esto lo refleja el abandono en el que el Estado, dejó a los campesinos en los procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, particularmente en cuanto a las funciones del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Desde el año pasado se han dado concentraciones de miles de campesinos en el sur del departamento exigiendo la instalación de mesas de diálogo
interinstitucionales para encontrar soluciones a esta problemática. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido el despliegue de tropas militares como la Fuerza de tarea conjunta Omega y del ESMAD, que han atacado de diferentes formas y en diversas ocasiones a las comunidades campesinas con helicópteros, ráfagas de fusil y ametralladora, bombas aturdidoras, granadas, dejando como resultado varios campesinos heridos; justificando dichas acciones como “una interferencia de las comunidades”4.

En tal sentido, responsabilizamos al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, del incremento en la situación de riesgo y vulnerabilidad para las y los defensores de derechos humanos y las comunidades campesinas que pudieran generar las declaraciones públicas a las que nos referimos. Así mismo le exigimos reconocer, valorar y dignificar el rol de los defensores de derechos humanos en el departamento, e invitamos nuevamente, a generar los espacios de diálogo que permita llegar a acuerdos y soluciones que eviten la confrontación y uso de la violencia, así como el establecimiento de condiciones de garantía y respeto para desarrollar la labor de defensa de los derechos humanos en el departamento del Meta.

Exigimos:

  • Al Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental garantías y respeto para desarrollar la labor de defensa de los derechos humanos en el departamento del Meta.
  • A la Procuraduría General de la Nación, adelantar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar contra el gobernador, dando aplicación a lo dispuesto en la directiva 002 de 2017.

Solicitamos:

  • A los organismos nacionales, comunidad internacional y organizaciones nacionales de derechos humanos pronunciarse en respaldo a la labor que realizan los y las defensores de derechos humanos en la región.
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