Comunicado: “Lanzamiento del espacio humanitario del guayabero 2020”

Noviembre 13 del 2020

En el marco de la instalación formal del Espacio Humanitario Campesino del Guayabero 2020, realizado el día 27 de octubre de 2020 en la vereda Nueva Colombia del municipio de Vista Hermosa, el cual fue convocado por las organizaciones que conforman la Red Llano & Selva, se pudo evidenciar que este espacio es un clamor de las comunidades del sur del Meta y la zona del Guayabero ante la intervención por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, a cargo del Comandante Brigadier General Raúl Hernando Flórez Cuervo, en el marco de la Operación Artemisa, estrategia militar que ha sido implementada desde el año 2019 por el Gobierno del Presidente Iván Duque para supuestamente proteger a los parques nacionales de la deforestación y de la presencia de grupos armados ilegales.

De acuerdo a lo manifestado por las comunidades campesinas de esta zona del país, la intervención de la Fuerza Pública ha traído consigo amenazas de muerte, casos de violencia sexual en contra de las mujeres, cierre de las escuelas por temor a represalias en contra de los niños, niñas y adolescentes, se ha arrasado con los cultivos de pan coger, se han presentado casos de abigeato y también saqueos a las casas. Asimismo, algunas de las personas de la comunidad manifestaron que algunos de los militares que hacen presencia en el sector visten pasa montañas y se presentan sin ningún tipo de distintivos militares (prensillas, apellidos, brigada, etc.). Según el dicho de una persona de la zona “La Operación Artemisa está generando pueblos fantasmas y desplazamiento forzado por parte de los agentes del Estado”.

En diálogos con los y las habitantes de esta región pudimos también evidenciar la angustia y zozobra que genera la presencia de la Fuerza Pública, quien según lo manifestado le está dando un tratamiento de guerra a estas comunidades, aunado al abandono histórico por parte del Estado al que ha sido sometida esta región del país. En este sentido, no se cuenta con centros médicos de atención cercanos, la educación es brindada directamente por la diócesis de Granada – Meta, que cuenta con un establecimiento educativo en el cual se brinda educación media hasta el grado 9°. Tampoco se cuenta con vías de acceso terrestre, haciendo imposible generar alternativas económicas que sean verdaderamente productivas y generen garantías de seguridad alimentaria dentro del territorio, ya que el único medio de transporte es el fluvial y eleva demasiado los costos de producción, generando pérdidas en la comercialización de los productos.

Asimismo, se logró evidenciar un alto grado de incumplimiento (en el sentir de los habitantes es un incumplimiento total) de los Acuerdos de Paz firmados en la Habana, los cuales, vale la pena resaltar, trascienden a la formalidad de la firma de un documento entre el Gobierno y las FARC-EP, dado que constituyen una verdadera esperanza de paz y garantía de derechos fundamentales para la totalidad de la sociedad colombiana. Así, los Puntos 1 y 4 de estos Acuerdos han sido desdibujados en todos sus niveles; la Reforma Rural Integral para estas comunidades no existe en la práctica, pues a partir de sus vivencias diarias afirman que solo existe la ley de destierro y despojo por encontrarse asentados al interior del Parque Nacional Serranía de la Macarena, sin que se tenga en cuenta por parte del Estado que estas personas hacen presencia en esta zona mucho antes de que fuera declarada como PNN. 

Las comunidades también consideran que se han camuflado las Zonas Futuro en medio de los PDET, los cuales hasta el momento causan un sin sabor dado que por el hecho de estar asentadas en zonas de parque no pueden ser acreedoras de estos beneficios, pero al parecer sí se encuentran condenadas al desplazamiento de sus territorios.

La solución a esta problemática de tierras no debería enfocarse en una intervención militarista que afecta los derechos humanos de la población civil campesina que históricamente ha sufrido la estigmatización y el abandono estatal en todos sus niveles, sino más bien en dotar de condiciones y garantías mínimas para que el campesinado pueda vivir en condiciones dignas, para lo cual mínimamente debe existir acceso a servicios públicos y desarrollo de vías. Asimismo, en el marco de la visita al ETRC Jaime Pardo Leal, ubicado en el sector Colinas, los firmantes de la paz en proceso de nos expresaron la presión permanente que ejerce en su contra la Fuerza Pública y la misma gobernación del Guaviare en cabeza del Secretario de Gobierno del Guaviare para que se asuman un rol de informantes del Ejército y la Policía, que ellos han manifestado no poder asumir ya que esto les podría acarrear motivos para ser perseguidos por los grupos disidentes que hacen presencia en lugares cercanos. De igual forma, manifestaron su preocupación por la instalación de campamentos militares aledaños a la zona y también por los homicidios que se han presentado en contra de excombatientes, muchos de los cuales habitaban en este ETCR.

Tras la instalación del Espacio Humanitario se han presentado dos denuncias públicas por hechos de amenazas directas en contra de las personas que se encuentran en el Espacio, lo cual representa una clara muestra del alto grado de vulnerabilidad y estigmatización en el que se encuentran estas comunidades.

Desde la Corporación Jurídica Yira Castro hacemos un llamado sincero a que cese la estigmatización, agresión y persecución contra todas las personas que ejercen el liderazgo social en sus comunidades, contra quienes exigen y defienden los derechos humanos y quienes participan activamente en el ejercicio de construcción de paz en sus territorios.

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