ACCIÓN URGENTE No 10 a la comunidad nacional e internacional – Corporación Jurídica Yira Castro

  1. Por medio de la presente acción urgente, la Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC- pone en conocimiento los actos injuria y calumnia, amenazas y estigmatización que han hecho miembros del Ejército Nacional- Batallón comando operativo Pegaso-, contra los pobladores de la verdad brisas de la hondita del corregimiento Llorente, del municipio de San Andrés de Tumaco.

HECHOS

  1. La fuerza pública estaba realizando un operativo de erradicación forzada en inmediación del corregimiento Llorente, del municipio de San Andrés de Tumaco.
  2. Los campesinos que habitan la verdad brisas de la hondita al enterarse del operativo que estaba realizando a la fuerza pública, decidieron protestar pacíficamente ante este operático de erradicación forzada, ya que estos campesinos hacen parte del programa de sustitución de cultivos.
  3. Ante la protesta pacífica de los campesinos, integrantes de la fuerza pública señalaron con injurias y calumnias a los campesinos, los tildaron de guerrilleros, y además los amenazaron con matarlos por estar protestando. Sumado a los anteriores señalamientos, los acusaron de ser responsables de las minas antipersonas que existen en el territorio.

ANTECEDENTES

  1. El vacío de poder que ha dejado las extintas Farc-ep ha ocasionado que proliferen nuevos actores en la escena conflictiva del departamento, si bien, anteriormente las Farc-ep actuaban desde un mando unificado a nivel nacional, con ideología propia y una estructura jerarquizada, ahora es todo lo contrario, existen diferentes grupos armados ilegales, algunos con nombres atribuibles como el ELN, las disidencias de las Farc, y otros no tan distinguibles, pues existe una fragmentación producto de la muerte de algunos de sus líderes o de sus capturas.
  2. Entonces, lo prometido por el Acuerdo de Paz no es una realidad se han ido las Farc- ep tal como las conocíamos, pero ahora existen nuevos grupos armados con controles locales y regionales, con mandos de poder concretos, y sin ideología política, y eso si con una idea de lo político, en el sentido de hacer control político y social en los territorios.
  1. Es un hecho notorio lo que está pasando en el territorio nariñense y en otros departamentos que en igual forma están sufriendo el escalamiento de la violencia contra la población civil. Este aumento de la violencia es producto, -como lo han analiza, distintos estudiosos del conflicto-, de una disputa por el control social de la población, por quien coloca las normas de juego y regula el territorio, pues los actores armados también están construyendo una “legitimidad” en las comunidades a partir del control social y esto pasa apropiarse del poder local en disputa, y sus acciones violentas son consecuencia emanada de ese poder local que controla y pone las reglas de juego, e incluso señala las normas que facultan, permiten y prohíben, a propinándose de las competencias del Estado, pues este no es del todo bien visto, por su ausencia permanente.
  2. Por la anterior, es necesario tener en cuenta las dinámicas del conflicto en los territorios y encontrar soluciones de acuerdo a estas, que tiene que ir en la vía consolidar las relaciones de confianza y legitimidad del Estado con las comunidades. La presencia del Estado tiene que empezar por encontrar confianza y legitimidad que asegure su permanencia en el territorio y recobre la competencia funcional de ser autoridad en el territorio y no ser vista como otro actor social más dentro del mismo, y sin capacidad de dar órdenes y ejecutarlas.
  3. Principalmente, y para el caso en el cual hacemos presencia, y Estado debe tener un política contra las drogas que genere confianza en los territorios, y donde las comunidades tengan un papel preponderante, y puedan participar, y no se les impongan decisiones del oren nacional sin llegar a acuerdos con las comunidades afectadas.
  4. Además, La erradicación forzada resulta ser una intervención de choque con las comunidades indígenas, afroescendientes, y campesinos, pues esta se realiza a través de operativos que están acompañados de la fuerza pública. Desde el Acuerdo Final de Paz, en el 2016 hasta la fecha se han presentado 95 incidentes entre la fuerza pública y las comunidades indígenas, afrosdescentientes y campesinos, y en el año 2020 se han incrementado los operativos y también con ellos han ascendido los incidentes en el marco de la erradicación forzada con número de incidentes 51 casos, según lo aportado por el observatorio de tierras.
  1. Estos incidentes han ocasionado lesionados y muertos, pues en el 20 por ciento de los incidentes ha habido uso de armas de fuego por parte de la fuerza pública. El 76 por ciento de los incidentes han sido ocasionados en cuatro departamentos, Norte de Santander, Putumayo, Nariño, y Antioquia.
  2. Lo anterior demuestra que la erradicación forzada resulta muy peligrosa para las comunidades y además profundiza la desconfianza y falta de legitimidad al priorizar estos operativos que otras medidas alternativas que no conlleven a la imposición y el autoritarismo.

PETICIONES

INSTAMOS al ESTADO COLOMBIANO:
– A cumplir del Acuerdo de paz, principalmente al punto 4 sobre “Solución al problema de las drogas ilícitas”.
– A cumplir con el programa Nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos
– A crear un protocolo para el relacionamiento pacifico entre campesino y la Fuerza pública, que este acompañado por parte de la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo.
INSTAMOS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.
– Que realice monitoreo y seguimiento frente a la grave situación de derechos humanos y agresión permanente contra los campesinos o comunidades rurales que se encuentran en el PNIS, en razón de a que el Estado Colombiano viene cumpliendo el acuerdo de paz el cual ha sido acompañado por toda la comunidad internacional.
INSTAMOS al EJERCITO NACIONAL
– Al cumplimiento a los derechos humanos y a respetar a los campesinos en su libre ejercicio a la protesta pacífica.
– A parar con las amenazas y falsas acusaciones contra campesinos y comunidad rural en general
– A cambiar la doctrina militar y dejar de considerar a los campesinos y población civil como un “enemigo interno”
INSTAMOS a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO:
– Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar, derecho al trabajo, la libertad de asociación.

EXIGIMOS

Se garantice el respeto y garantías a los derechos humanos a todos los campesinos habitantes de la verdad brisas de la hondita del corregimiento Llorente, del municipio de Tumaco que han sido injuriados, calumniados, amenazados y estigmatizados por parte del Ejército Nacional- Batallón comando operativo Pegaso se cumpla con el Acuerdo de paz y con el PNIS, y se dé prioridad a la sustitución de cultivos ilícitos por encima de la erradicación forzada, como lo ordena la Corte Constitucional en sentencia A387 de 2019.

CON COPIA A:

IVAN DUQUE MARQUEZ. Presidente de la República de Colombia Casa de Nariño: Carrera 8 No.7-57; Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. Bogotá, Colombia Conmutador: (57 1) 562 9300 Fax: (+57 1) 566 20 71 e-mail: contacto@presidencia.gov.co]

MARTHA LUCIA RAMIREZ. Vicepresidenta de la República de Colombia Carrera 8a No. 7-57. Conmutador (57 1) 562 9300 e-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co

CARLOS HOLMES TRUJILLO. Ministro de la Defensa Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. email: siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co, usuarios@mindefensa.gov.co

ALICIA ARANGO. Ministra del Interior Sede Principal La Giralda: Carrera 8 No. 7 – 83 Bogotá, D.C. Sede para correspondencia – Camargo: Calle 12 No. 8 – 38 Bogotá, D.C. PBX: (+57) 1 242 74 00 email:servicioalciudadano@mininterior.gov.co,notificacionesjudiciales@mininte rior.gov.co

CARLOS CAMARGO ASIS. Defensor del Pueblo Calle 55 # 10-32, Bogotá Fax: (+57 1) 640 0491 email: asuntosdefensor@defensoria.gov.co, sat.gdocumental@defensoria.gov.co, mediosdefensoria7@gmail.com

FERNANDO CARRILLO. Procuraduría General De La Nación Carrera 5ª nro. 15 – 60 (Bogotá) Fax: (+57 1) 342 9723 – 284 7949 Fax: (+57 1) 342 9723 email: quejas@procuraduria.gov.co, dcap@procuraduria.gov.co

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA EN COLOMBIA. Diagonal 46 No. 15 B – 07 Teléfono: (+57 1) 245 1048 Fax: 232 06 38 – Confirmación 232 14 77 e-mail: bogota.bog@icrc.org

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS –OACNUDH. Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101 Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax: (+57 1) 629 3637 e-mail: oacnudh@hchr.org.co

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