EMPRESARIOS Y AGENTES DEL ESTADO NO COMBATIENTES DEBEN RESPONDER ANTE LA JEP POR TODOS LOS DELITOS Y NO SÓLO POR FINANCIACIÓN.

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS: LA DEMANDA SE PRESENTARÁ EN LA CORTE CONSTITUCIONAL A LAS 10:30 DEL MARTES 16 DE JULIO.

Organizaciones de derechos humanos solicitamos a la Corte Constitucional declarar inconstitucional un aparte del artículo 11 de la Ley de Procedimiento de la JEP, 1922 de 2018, que limita la competencia de la justicia transicional frente a terceros civiles y agentes del Estado No Integrantes de la Fuerza Pública únicamente a delitos relacionados con el financiamiento y patrocinio de grupos armados al margen de la Ley.

El parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018 restringe la competencia de la JEP frente a terceros civiles (como empresarios) y agentes del Estado que no pertenecen a la Fuerza Pública (no militares), al establecer que este órgano judicial será competente de manera exclusiva y prevalente para conocer conductas “relacionadas con financiar, patrocinar, promover o auspiciar” a grupos armados organizados al margen de la ley. Cabe resaltar que la competencia de la JEP frente a estos ya se encuentra limitada para actuar en estos casos al sometimiento voluntario de los comparecientes.

Las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que suscribimos esta demanda[1], consideramos que la norma es contraria a la Constitución Política, también porque implica una reforma al Acto Legislativo del Sistema Integral 01 de 2017, y la Ley estatutaria de la JEP, 1957 de 2019, algo que solo podría hacerse mediante una ley estatutaria o reforma constitucional, y no mediante una ley ordinaria como ocurrió en este caso[2].

Por eso, el parágrafo demandado restringe los delitos que pueden ser competencia de la JEP en contravía de la Constitución y la ley Estatutaria de la JEP recientemente promulgada por el Presidente Duque que establece como límite sólo la relación de las conductas con el conflicto armado[3].

La comparecencia de empresarios y agentes estatales no combatientes es fundamental para los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana que espera tener el relato completo sobre los patrones, estructuras e intereses que actuaron detrás de todas las graves violaciones a los derechos humanos. Esta verdad es una deuda histórica que debe ser saldada bien por la justicia ordinaria con carácter prioritario o bien por la justicia transicional.

Las organizaciones que demandamos somos: Corporación Jurídica Yira Castro, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento forzado -CODHES, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar.



[1] Corporación Jurídica Yira Castro, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento forzado -CODHES, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar

[2] Esto vulnera el principio de reserva de ley estatutaria, contemplado en el artículo 152 de la Constitución, según el cual las normas que desarrollen materias relativas a la administración de justicia deben ser expedidas por el Congreso de la República mediante una ley estatutaria y no por ley ordinaria.

[3] Artículos transitorios 6, 16 y 17 del A.L. 01 de 2017 y el Artículo 62 de la Ley 1957 de 2019

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