Exigimos que justicia ordinaria asuma investigación por masacre de El Tandíl

Miércoles 7 de octubre de 2020, por Corporación Jurídica Yira CastroColectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Este 8 de octubre, con acto simbólico, radicamos solicitud ante la Fiscalía General de la Nación. El caso fue trasladado de manera ilegal a la justicia penal militar, en audiencia sin presencia de víctimas y por juez sin competencia.

Este 8 de octubre, la Asociación Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje, Asominuma, la Corporación Jurídica Yira Castro, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, radicamos en la Fiscalía General de la Nación una solicitud para que esta asuma la competencia sobre el caso de la Masacre de El Tandil y así, sea la jurisdicción ordinaria, por medio de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho internacional Humanitario la que continúe con la investigación y búsqueda de justicia por estos hechos. La radicación se hará acompañada de un acto simbólico frente al Búnker de la Fiscalía y con la participación de algunas de las víctimas.

La masacre de El Tandil es considerada la primera masacre después de firmados los Acuerdos de Paz causada en el marco de los procesos de erradicación forzada violenta. Desde entonces han sucedido alrededor de 132 masacres en nuestro país y se ha continuado con una política antidrogas que ataca a los eslabones más débiles e incumple los compromisos del Estado en materia de implementación de los Acuerdos de Paz.

El 5 de octubre de 2017, más de 1.500 personas, entre cultivadores, trabajadores, finqueros y asociados a ASOMINUMA protestaban en contra de la erradicación forzada de los cultivos en la vereda del Tandil y alrededores, en zona rural de Tumaco, cuando miembros de la Fuerza Pública abrieron fuego en contra de la población civil causando lo que hoy conocemos como Masacre del Tandil.

Fueron siete víctimas las que no pudieron escapar de las balas: Jaime Gunga Pai, Indígena del resguardo Gran Rosario, Diego Escobar Dorado, líder campesino de la zona, Nelson Chacuendo Calambas, Indígena Nasa, Alfonso Taicus Taicus, Indígena Awá, junto con Aldemar Gil Guachetá, Janier Usperto Cortés Mairongo e Iván Darío Muñoz Echevarría, quien falleció el 21 de octubre consecuencia de los impactos de fusil. Asimismo, más de 20 personas resultaron heridas.
En días posteriores a la masacre, una misión humanitaria de la que hacian parte entidades y organismos internacionales decidió ingresar al territorio para verificar la situación humanitaria y también fue atacada por la fuerza pública con gases y aturdidoras pese a identificarse como integrantes de tales instituciones.

Por los delitos de homicidio agravado y lesiones en el marco de esta masacre, se inició investigación por parte de la Fiscalía 102 especializada de Pasto en contra del Capitán de la policía Javier Enrique Soto García y el mayor del Ejército Luis Fernando González Ramírez, comandantes de los pelotones adscritos a la Quinta División y núcleo Delta Policía Nacional.

El 22 de agosto de 2019, en medio de la audiencia de acusación en contra de los miembros de la fuerza pública, la procuraduría judicial del caso y la defensa de los imputados solicitaron que el proceso fuera remitido a la justicia penal militar argumentando que los hechos tuvieron lugar en el marco de la orden de operaciones Hércules, a lo cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tumaco accedió y remitió la investigación a los juzgados penales militares. A la mencionada audiencia no fueron convocadas las víctimas ni sus representantes en una clara violación a sus derechos a participar en el proceso.

Por lo anterior y por la evidencia recolectada en el caso que muestra la desproporcionalidad y gravedad de los actos cometidos por integrantes de la fuerza pública, el caso no debe estar en la justicia penal militar. No es posible sostener que estos hechos se consideren actos del servicio y, por tanto, delitos cobijados por el fuero penal militar. Las víctimas de la masacre de El Tandil reclaman auténtica verdad, justicia y garantías para que hechos como esta masacre cesen definitivamente en nuestro país y jamás se repitan.

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