Corte Constitucional eliminó restricciones para que JEP pueda investigar crímenes cometidos por terceros y agentes de estado no integrantes de la Fuerza Pública

El día 16 de julio de 2019 la Corporación Jurídica Yira Castro –CJYC-, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR- , la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –FCSPP- y el observatorio de DDHH de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU- presentaron una demanda contra el parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018 (Reglas de procedimiento de la JEP), mediante el cual se limitaba la competencia de la JEP para investigar los delitos cometidos por terceros civiles y Agentes de Estado No Integrantes de la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado. Dicha norma establecía que la JEP sólo podría conocer de delitos “relacionados con financiar, patrocinar, promover o auspiciar la conformación, funcionamiento y operación de grupos armados organizados al margen de la ley relacionados con el conflicto interno”. 

Tomada de Ámbito Jurídico: https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/constitucional-y-derechos-humanos/conozca-como-quedaron-distribuidos-los

El día de ayer, la Corte Constitucional emitió un comunicado a la opinión pública informando que falló favorablemente la demanda presentada por la Corporación Jurídica Yira Castro y otras 4 organizaciones defensoras de derechos humanos, eliminando las restricciones que normativamente se le habían impuesto a la JEP para investigar a los terceros civiles y Agentes de Estado No Integrantes de la Fuerza Pública sometidos voluntariamente ante esta jurisdicción.  

Vale la pena resaltar que durante dos años la Fiscalía General de la Nación realizó una valoración rigurosa que le permitió confirmar que como producto de las versiones libres rendidas por paramilitares durante el proceso de Justicia y Paz se efectuaron un total de 16.772 compulsas de copias, que vincularían a un total de 311 terceros civiles (empresarios, comerciantes, ganaderos, etc.) y 835 Agentes de Estado no combatientes (alcaldes, fiscales, magistrados, jueces, gobernadores, etc.), quienes habrían auspiciado el conflicto armado en Colombia.[1]

La decisión adoptada por la Corte Constitucional permitirá a la JEP esclarecer la forma como terceros civiles y agentes estatales no miembros de la Fuerza Pública participaron dentro del conflicto armado, lo que es fundamental para garantizar los derechos de las víctimas.


[1] Fiscalía General de la Nación. Fiscalía concluye estudio sobre terceros civiles vinculados al conflicto armado. 23 de mayo de 2019. Disponible en https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-concluye-estudio-sobre-terceros-civiles-vinculados-al-conflicto-armado/

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