Nuevamente la bancada de Gobierno arremete contra el campesinado y las victimas

La Corporación Jurídica Yira Castro es una Organización No Gubernamental que tiene como misión la defensa y exigibilidad de los
Derechos Humanos de personas en situación de vulnerabilidad, mediante la implementación de acciones jurídicas y políticas a nivel
nacional e internacional que permite alcanzar mayores niveles de justicia social en Colombia, por esta razón nos permitimos comunicar
a su despacho lo siguiente:

Con la radicación del Proyecto de Ley 20 de 2019, nuevamente la bancada del Centro Democrático, por medio de la Senadora María Fernanda Cabal, presenta ante el Congreso de la República la modificación a 16 artículos de la Ley 1448 de 2011 (conocida como Ley de Víctimas y restitución de tierras) relacionados con el proceso de restitución de tierras de predios despojados y abandonados.

El 5 de septiembre de 2018 la senadora María Fernando Cabal radicó el Proyecto de Ley 131 de 2018, el cual tenía como propósito modificar 30 artículos de la Ley de víctimas y restitución de tierras, no obstante, tras una importante oposición por parte de varias organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos esta iniciativa fue inicialmente archivada por el Congreso, razón por la cual para el año 2019, la Senadora Cabal radicó nuevamente el Proyecto de Ley 20/2019, con el fin de conseguir, por fin, la modificación de la mitad de este articulado.

El nuevo proyecto de ley se encuentra para debate en Comisión I, y pretende la modificación de 16 artículos de la Ley 1448 de 2011. Vale la pena resaltar que ninguna de estas modificaciones dista de lo ya planteado en el año 2018, pues bajo el argumento de dar solución efectiva al problema de segundos ocupantes, continúa en la línea argumentativa de propender por un trato igualitario, pretendiendo desdibujar las diferencias entre víctimas, segundos ocupantes y opositores, desconociendo en este sentido uno de los principios fundantes de la Ley de víctimas y restitución de tierras, que justamente establece un criterio de interpretación que resulta favorable para las víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras.

Por ejemplo, el proyecto de ley adiciona el artículo 77 A, sobre “trato equitativo a las víctimas, reclamantes y opositores dentro del trámite
administrativo y/o judicial, en los casos en los que quien actúe como opositor demuestre sumariamente que también fue víctima” .

Precisamente, dadas las diferencias entre víctimas, reclamantes y opositores, la Ley 1448 de 2011 incorporó la demostración de la buena fé exenta de culpa como una medida para evitar que se obtuvieran ventajas sobre el estado de vulnerabilidad de las víctimas de los hechos violentos, en especial en contextos de violencia generalizada y abandono forzoso que se dieron en el marco del conflicto armado, sin embargo, con esta modificación, los opositores a la restitución que hayan sido víctima de cualquier otro delito obtendría necesariamente el tratamiento preferente que tienen las víctimas, desconociendo esencialmente las dificultades probatorias en las que se encuentran los reclamantes de tierra, razón por la cual fue consagrado ese criterio en primer lugar.

El proyecto de ley mencionado pretende convertir la etapa administrativa en un proceso civil de carácter ordinario, aumentando los términos en los que se desarrolla e igualmente propone incluir una segunda instancia en la etapa judicial del proceso. Es decir, existe una clara intención de alargar aún más los tiempos en los que hoy se desarrollan los procesos de restitución de tierras.

Teniendo en cuenta lo anterior, la introducción del artículo 77 A resulta contradictoria toda vez que termina estableciendo un litigio en la fase administrativa, un segundo litigio en la fase judicial y un tercer litigio con la figura de la segunda instancia en la etapa judicial.

Por otra parte, el proyecto de ley pretende eliminar la jerarquía entre las medidas de restitución posibles, pues plantea que dentro del proceso pueda solicitarse la restitución material y jurídica del predio, la reubicación en un predio de similares características y la compensación, sin ninguna prevalencia, lo cual promovería que las personas que han sido desplazadas (que en su mayoría se encuentran en una situación económica vulnerable) prefieran una compensación económica para solventar sus necesidades básicas en lugar de solicitar los predios de los cuales fueron despojados, generando un saneamiento de la propiedad en manos de quienes actualmente se encuentra, sin importar si esto ha significado el despojo y el desplazamiento de las víctimas.

Si bien es cierto que el proceso de restitución de tierras ha tenido dificultades para cumplir con todos sus objetivos, pues aún existen grandes retrasos en la materialización de los derechos de las personas reclamantes de tierras, hay que reconocer que los avances que se han podido dar en torno a desenmascarar a las empresas y terratenientes que se ha apoderado de la tierra en Colombia, aprovechándose del conflicto armado, ha sido gracias a los principios y criterios que la ley 1448 de 2011 ha establecido en cuanto a la carga de la prueba, el criterio de la buena fe exenta de culpa, y las medidas diferenciadas para las víctimas reclamantes pues reconocen su vulnerabilidad dentro del proceso.

A la fecha, el proyecto de ley 20 de 2019 no ha sido socializado con las víctimas ni las organizaciones de víctimas, por lo que no ha habido la posibilidad de incidir mediante propuestas favorables para las mujeres y con enfoque étnico en las diferentes etapas del proceso de restitución de tierras: administrativa, judicial e inclusive la etapa posfallo.

Como organización defensora de derechos humanos ponemos de presente que, estas modificaciones que se plantean a la ley 1448 de 2011 son regresivas de los derechos de las víctimas, complejizan aún más las posibilidades de exigir la restitución dentro del proceso que plantea la ley y persiguen que se de una mayor confusión entre los actores que hacen parte del proceso, de manera que la inseguridad dentro del proceso permite que las tierras que han sido despojadas permanezcan en manos de quienes hoy las ostentan, por lo cual les solicitamos SE ARCHIVE el mencionado proyecto.

-Equipo de Trabajo de la Corporación Jurídica Yira
Castro-

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