Por decisión de Jueza de Restitución de Tierras, se ordena aplicabilidad de la Ley 731 de 2002 ¿realidad o quimera?

El pasado 18 de mayo de 2020, el Juzgado 4 Civil Especializado en Restitución de Tierras de Sincelejo en Santa Marta, reconoció mediante sentencia, el derecho fundamental a la restitución de Tierras, a favor de una mujer que habría sido desplazada y despojada de sus tierras en el municipio de Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena; posterior al homicidio en 1996 de sus dos hijos, a manos de paramilitares pertenecientes al Bloque Norte de las AUC.

Entre otras decisiones, la jueza ordenó a la Unidad de Víctimas aplicar en el presente caso, los beneficiarios a que se refiere la Ley 731 de 2002 o
ley de Mujer Rural, en materia de: créditos, proyectos productivos de autosostenibilidad, seguridad social, capacitación y recreación, subsidio
familiar, planes y programas de reforestación y jornadas de cedulación.

Adicionalmente, en materia de educación, se ordena al SENA el desarrollo de programas de formación productiva, capacitación técnica y proyectos de explotación de economía campesina a efectos de fortalecer y acompañar los proyectos productivos que la unidad de Restitución implemente.

Es importante resaltar que, aun cuando las anteriores decisiones representan un paso importante en favor de los derechos de la mujer restituida y su núcleo familiar, pues reconocen formalmente su condición de mujer rural en el marco de la Ley 731 de 2002, actualmente vemos cómo, a más de 10 años de su expedición, esta Ley aún presenta dificultades que han obstaculizado su implementación.

Pese a la existencia de la orden judicial de beneficiar a las mujeres de los programas contenidos en la ley de mujer rural, existe un gran obstáculo al materializar dichas medidas en la fase de cumplimiento de la sentencia, dado que la implementación y el cumplimiento de la Ley 731 se encuentran rezagados, iniciativas como el FOMMUR (1) la afiliación a una caja de compensación familiar, la educación con enfoque desde lo rural, la salud rural y medicina agraria, la afiliación a riesgos profesionales, la participación, entre otros, son programas y/o líneas estratégicas de una política pública dirigida a las mujeres rurales que han sido dejadas en el olvido y postergadas en el tiempo, sin ejecución y presupuesto.

Lo que genera tristemente que una medida de género de este tipo, en el marco de los procesos de restitución de tierras, se cumpla cabalmente a pesar de que la ley 731/02 tenga plena vigencia al día de hoy, por lo que, se hace necesario, que, de manera urgente, se realicen las actividades políticas y legislativas pertinentes, de asignación de presupuesto para la ejecución de los programas que contempla la ley y las diferentes órdenes del fallo; además de una articulación interinstitucional sólida que permita una verdadera protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado.

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