RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME: “DE ARAUCA SOMOS Y RESISTIMOS: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES 2002-2008”

La Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, la Corporación Jurídica Yira Castro y la Comisión Colombiana de Juristas, organizaciones no gubernamentales que trabajan por la defensa y protección de los derechos humanos integrales, acuden ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en ejercicio de las facultades otorgadas por el Acto Legislativo No. 01 de 2017, para presentar un primer informe sobre posibles ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del Ejército Nacional en el departamento de Arauca entre los años 2002 y 2008; conductas que podrían ser competencia de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas (SRVR).

El presente informe y su presentación tiene como objetivo que la JEP priorice los hechos victimizantes ocurridos en Arauca en el marco del caso de ejecuciones extrajudiciales, “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate caso 003”, subsidiariamente este informe cumple la función de ser un elemento orientador a partir del análisis de responsabilidad de miembros del ejército. Parte central del presente informe representa una exigencia de las víctimas a los deberes de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones contra los derechos humanos y las graves infracciones al DIH que se dieron en su territorio.

En este orden de ideas, la presentación de elementos y material probatorio permitirá el esclarecimiento de la práctica (planeación, ejecución, evaluación y mecanismos de encubrimiento) de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en la jurisdicción territorial de la Segunda División del Ejército Nacional, específicamente de las Brigadas Décimo Octava y Móvil No. 5, así como a la identificación de los presuntos máximos responsables de estos crímenes.

Otro propósito del presente informe es el de aportar a la JEP información documentada sobre un universo de 79 casos con 116 víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en los 2 municipios de Tame, Saravena, Arauquita, Fortul, Puerto Rondón y Arauca, en el período mencionado, sin perjuicio de la existencia de más hechos sobre este fenómeno.

La pretensión en la documentación de estos hechos es el esclarecimiento y la contrastación con las eventuales versiones voluntarias de los comparecientes involucrados en los hechos reseñados, quienes en desarrollo del procedimiento dialógico puedan aportar al esclarecimiento de la verdad, ya que la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales de Arauca completan más de una década en etapa de indagación, sin que haya habido un adecuado impulso procesal por parte del ente investigador que conlleve a su esclarecimiento y a una ejemplar sanción a los responsables.

Una de las conclusiones del informe es la victimización y hostigamiento indiscriminado que sufrió la población araucana por cuenta de las acciones de miembros del Ejército. En la documentación de los casos se logró establecer la tortura y ejecución extrajudicial de un menor de edad, la ejecución extrajudicial de un miembro de una comunidad indígena y así como la ejecución de una mujer al interior de su vivienda y la ejecución extrajudicial de cinco líderes sociales (entre sindicalistas y comunitarios). Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el informe, se abordan en su orden los siguientes temas:

I) La presentación de un contexto general que describe las características sociopolíticas, históricas y económicas del departamento , así como los diferentes actores involucrados en las dinámicas del conflicto armado en la región, que abarca el periodo de 2002 a 2008, inicio y desarrollo de la “Política de Seguridad Democrática”, que adquirió cuerpo con el incremento de la militarización del departamento, no contuvo el desarrollo y expansión del paramilitarismo, pero en relación con la población civil, la vulneración de derechos humanos se expresó en: a) la práctica de detenciones arbitrarias y masivas; b) la creación e instauración de las “Zonas de Consolidación y Rehabilitación”, cuya pretensión era ajustar el marco institucional y legal para neutralizar ataques de la insurgencia a objetivos económicos y la infraestructura energética, petrolera y vial del país, otorgando facultades de policía judicial a la fuerza pública y mayores facultades operativas a los comandantes militares de las zonas, áreas donde, además, se limitaba el derecho de circulación de nacionales y extranjeros; y c) las ejecuciones extrajudiciales encubiertas con acciones fraudulentas o mal llamados “falsos positivos”, que se incrementaron ostensiblemente no solamente en el departamento de Arauca, sino en casi toda Colombia, como política estatal instaurada y aplicada durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010.

II) En segundo lugar, los 79 casos documentados en el presente informe coinciden en:

➔ Los perpetradores pertenecían a las mismas unidades militares de la Segunda División.

➔ La comisión de estos hechos se circunscribe al territorio araucano y existen diversas similitudes en la forma en que fueron cometidos.

➔ La participación de agentes de Estado es activa y primordial en las ejecuciones extrajudiciales.

➔ Existían señalamientos que en la mayoría de los casos no fueron comprobados, en donde las víctimas eran relacionadas a grupos armados al margen de la ley; esto podría denotar que las fuerzas armadas en Arauca regían sus actuaciones bajo la doctrina del “enemigo interno”.

En ese sentido, se abordan los conceptos de “crimen de Estado” o “terrorismo de Estado” los cuales remiten a ideas afines, esto es, a la acción de la fuerza pública o de particulares que actúan con su aquiescencia con el propósito de perseguir a sectores sociales considerados parte del “enemigo interno”, a los cuales el Ejército ejecutaba, como en efecto sucedió con la población araucana. El concepto de enemigo interno se puede analizar a partir de la introducción de manuales operacionales de lucha contrainsurgente en las fuerzas militares de Colombia entre los años 1962 y 1987, en los cuales se considera a la población civil como blanco fundamental de la lucha contrainsurgente, bajo la tesis de que atacando a la primera se debilita a la insurgencia. Esta tesis ha llevado a que ciertos sectores de la ciudadanía hayan sido considerados históricamente como colaboradores o auspiciadores de las guerrillas, justificando así graves ataques y acciones de persecución contra dichos grupos sociales.

En este orden de ideas, los casos que fueron documentados y que se presentan a la SRVR en este informe, están relacionados con la puesta en práctica de la doctrina del enemigo interno, tal como se evidencia en las ejecuciones extrajudiciales de tres casos con cinco víctimas en donde estas eran líderes comunales.

III) En tercer lugar se hace relación a los antecedentes y posterior desarrollo de la Segunda División del Ejército colombiano, con jurisdicción en el departamento de Arauca, entre otros. Durante la temporalidad reseñada estuvieron al mando de esta unidad los generales Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y José Joaquín Cortés Franco, el primero de estos referido en informe entregado a la JEP sobre hechos del Meta. Saavedra Sáenz y Cortés Franco también son señalados por ser presuntamente responsables de las ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo y el traslado de personas de Soacha y Bogotá a Norte de Santander.

Así mismo, se explora la posible responsabilidad de comandantes de los batallones y segundos comandantes, quienes a partir de las denuncias públicas sobre las irregularidades que se estaban presentando debieron haber evitado estos hechos. A la Segunda División estaban adscritas como unidades menores: la Décimo Octava Brigada al mando de los brigadieres generales (en su orden) Gustavo Matamoros Camacho, Hugo Libardo Gutiérrez Riveros, Juan Pablo Rodríguez Barragán y José Rafael González Villamil; y Luis Fernando Navarro Jiménez, jefe del Estado Mayor o Segundo Comandante. Y la Brigada Móvil No. 5 4 comandada por los coroneles Javier Alberto Flórez Aristizábal, Carlos Mauricio Bustamante Sánchez y Manuel Ernesto Canastero Salgado.

IV) Se relacionan 24 casos documentados por las organizaciones articuladas a la elaboración del presente informe, en los que se destacan los siguientes elementos comunes o patrones, en la comisión de las ejecuciones extrajudiciales por parte de los miembros del ejército adscritos a las unidades menores con jurisdicción en los municipios del departamento de Arauca y comprometidos en los hechos.

En la mayoría de los casos documentados:

● Las víctimas eran campesinos de la zona.

● Se usó información de inteligencia imprecisa para realizar la ejecución extrajudicial.

● Se evidencia la participación de civiles en condición de guías u orientadores de terreno para identificar los blancos de los ataques.

● Las víctimas fueron presentadas como miembros de la guerrilla, aunque no lo fueran.

● Los militares reportaron que las víctimas enfrentaron al Ejercito usando armas cortas, lo que pone en cuestión la veracidad de los relatos ya que no resulta lógica la asimetría en el empleo de las armas, pues esta situación demuestra su evidente desventaja.

● Las diligencias de levantamiento de los cadáveres fueron realizadas en sitios diferentes a los de la ocurrencia de los hechos.

● Es recurrente que en las declaraciones rendidas por los militares que cometen el hecho, se afirme que ellos siempre fueron atacados por los presuntos guerrilleros para justificar la ejecución.

● Pese a que los militares de manera recurrente refieren haber sido atacados por numerosos guerrilleros, no se reportaron bajas o heridos en las filas del Ejército.

● Se evidencia manipulación y alteración de la escena de los crímenes.

V) Respecto al capítulo sobre autoría y participación:

Teniendo en cuenta elementos que permiten establecer la responsabilidad de las personas referidas en el informe, se propone por parte de las organizaciones articuladas seleccionar como título de imputación para los máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Arauca, el quebrantamiento de las obligaciones legales y constitucionales de proteger a la población. Es incuestionable que cuando se perpetraron las ejecuciones extrajudiciales, los altos mandos militares tenían el deber constitucional y legal de utilizar todos los recursos puestos a su disposición por el Estado, para ejercer una supervisión efectiva sobre sus subordinados y evitar que la actuación de estos dañara a la población civil. Esa obligación se refuerza bajo el entendido que existían denuncias públicas de la ciudadanía araucana sobre ejecuciones extrajudiciales.

Si los mandos de los batallones y brigadas de la Segunda División del Ejército, quienes tenían a su cargo las tropas que perpetraron ejecuciones extrajudiciales en Arauca, estaban obligados normativamente a actuar para impedir violaciones al DIH y a los derechos humanos y conocieron las denuncias, existe la posibilidad de atribución de responsabilidad por figuras jurídicas que las cortes colombianas ya han utilizado.

Solo a través de un buen desarrollo en el procedimiento dialógico se podrán corregir más de diez años de impunidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales en Arauca. A través de los elementos ya contenidos en los expedientes y los referidos en el caso 003, pero también los obtenidos en particular en la JEP sobre hechos de ese mismo departamento, se podrá establecer una línea de responsabilidad de oficiales con mando y funciones de supervisión sobre las tropas responsables de ejecuciones extrajudiciales; vale la pena recalcar que ellos estaban en capacidad material cierta y objetiva de ejercer la posición de garantes de derechos dentro de su ámbito de dominio funcional, con los recursos y medios que, para los casos concretos, disponían.

Please follow and like us:
error