Actividades

RESUMEN EJECUTIVO: “ALCANZAR LA META: JUSTICIA PARA LA META”

La Corporación Jurídica Yira Castro (en adelante CJYC) es un colectivo de trabajo, sin ánimo de lucro, fundado en el año 2001 y que tiene como objetivo principal defender y exigir el respeto y la garantía de los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad, mediante la implementación de acciones jurídicas y políticas a nivel nacional e internacional, que permitan alcanzar mayores niveles de justicia social en Colombia. La CJYC desarrolla diferentes tipos de actividades. En este sentido, lleva a cabo procesos de capacitación en derechos humanos a líderes y lideresas sociales, comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado interno. Asimismo, ofrece acompañamiento y representación legal, con el fin de interponer diferentes acciones jurídicas para exigir y proteger los derechos humanos o para lograr el desmonte de normas lesivas para los derechos de estas poblaciones vulnerables. Asimismo, la CJYC participa en varios espacios – institucionales o en conjunto con otras organizaciones – para incidir en la adopción de normas, acciones concretas y estrategias de búsqueda de la verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición en favor de víctimas del conflicto armado y de los sectores de la población más vulnerables del país.

En el marco del acompañamiento a población desplazada, la CJYC presenta el informe: “La meta es justicia para el Meta” ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que trata sobre hechos de desplazamiento forzado y despojo de tierras ocurridos en el marco del conflicto armado en el departamento del Meta, con el objetivo de aportar al esclarecimiento de la verdad y también con el fin de evitar que estos hechos queden en la impunidad, contribuyendo de esta manera a que el Estado colombiano, a través del tribunal transicional creado para tal fin, cumpla con sus obligaciones internacionales de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos (DDHH) e infracciones del derecho internacional humanitario (DIH).

Cabe resaltar que, en la mayoría de los casos de desplazamiento forzado y despojo de tierras que serán presentados, aún no ha habiado una restitución material de los predios, lo cual responde, por una parte, a la lentitud de los procesos de restitución de tierras y, por otra, a la falta de cumplimiento de las sentencias de restitución por parte de las entidades encargadas de materializar los derechos fundamentales a la tierra y al territorio de las comunidades afectadas. Por esta razón, aparte de presentar una narración de los hechos victimizantes que han sido conocidos por la CJYC, pondremos a la luz de la JEP los presuntos responsables, así como los patrones y modus operandi presentes en los mismos. Cabe resaltar que una característica de este informe consiste en que la presunta responsabilidad de los hechos victimizantes que son documentados recae sobre una multiplicidad de actores, entre los que se encuentran las Fuerzas Militares y Policiales del Estado, miembros de la guerrilla de las FARC, miembros de grupos paramilitares, Agentes de Estado No Integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles.

Más allá de tratarse de un informe que pretenda exponer cierta narrativa frente a los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, este informe pertenece a las víctimas, o más bien a las personas luchadoras que la CJYC representa y acompaña en el departamento del Meta, y busca servir como una herramienta para lograr la satisfacción de sus derechos a la paz, la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Pero también para redignificar a estas personas que han luchado incansablemente por volver a sus territorios.

Dado el estado permanente de impunidad que rige en el país frente a casos de graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, la participación de las víctimas en los diferentes mecanismos que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) se hace cada vez más necesaria, y es por esta razón que en el proceso de elaboración de este informe se contó con la participación de víctimas de los casos que serán presentados, teniendo en cuenta que son ellas quienes han tenido que sufrir a costa del flagelo de la violencia, y cuyos derechos son ejes centrales para toda actuación que desarrolle el componente de justicia del SIVJRNR, según el artículo 13 de la Ley Estatutaria de la JEP.[1] Cabe resaltar que la presentación de este informe obedece también a la continuación de la labor que la CJYC se ha propuesto desde la puesta en marcha del SIVJRNR, consistente en activar sus diferentes mecanismos mediante lo cual buscamos garantizar la participación de las víctimas, la satisfacción de sus derechos y la no impunidad frente a las graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH.[2]

Sobre la metodología del informe, cabe mencionar que el mismo fue elaborado a partir de la investigación y análisis de un amplio material bibliográfico (que incluye informes, investigaciones, libros, revistas, materiales de prensa, sentencias, revistas académicas, fotografías, libros, mapas, etc.), y que el análisis y la construcción de la narrativa fáctica de los casos que son presentados fue realizado a partir de la información que reposa en los expedientes judiciales, en las resoluciones proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), así como de los informes y comunicados institucionales de la CJYC y de otras organizaciones no gubernamentales (ONG); información que fue complementada con los testimonios de las víctimas de los casos de desplazamiento y despojo presentados, los cuales fueron recolectados a través de entrevistas semi-estructuradas realizadas en el diferentes lugares y momentos.

Ahora bien, el informe se divide en seis (VI) capítulos. En el primer capítulo se presenta un contexto general del Meta que tiene como objetivo visibilizar los actores y factores relacionados con el desplazamiento forzado y despojo de tierras en este departamento. Empezando por una breve recapitulación histórica sobre la colonización del departamento, este capítulo continúa con la presentación de los diferentes grupos armados que han hecho presencia en la región, los movimientos de lucha campesina y cierra con un análisis sobre el rol que han jugado los actores económicos en el desplazamiento y despojo de tierras (IV.).

En segundo lugar, se hace una presentación de 8 casos representativos que acompaña la CJYC, y que tuvieron lugar en los municipios de Acacias (1), Puerto Lleras (1), Puerto Rico (1), La Uribe (1), San Martín (1) y Puerto Gaitán (3). Este capítulo está divido por subregiones y municipios con el objetivo de ilustrar los hechos violentos padecidos por las víctimas, los presuntos responsables y también destacar los patrones y modus operandi presentes en los mismos; así como las consecuencias lesivas que dichos hechos tuvieron sobre esta población.  Asimismo, el capítulo se propone brindar una información más detallada sobre la participación de los diversos actores armados y económicos en los hechos de desplazamiento forzado y despojo de tierras que son documentados a partir de un enfoque territorial. En relación con la delimitación espacial y temporal del informe, es necesario resaltar que los hechos que se relatan tuvieron lugar en el departamento del Meta entre finales de los años ochenta, y que algunos persisten hasta la actualidad.

En ese sentido, si bien somos consicentes de que la competencia de la JEP se encuentra limitada temporalmente para conocer de conductas delictivas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016,[3] consideramos que es importante poner en conocimiento de este tribunal transicional los hechos victimizantes que siguen siendo padecidos hasta el día de hoy por las víctimas deestos casos, lo cual es una clara muestra de la falta de satisfacción de las garantías de no repetición, del abandono estatal en el que se encuentran muchos de los municipios de este departamento y de la falta de cumplimiento del deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, lo que genera una alta tasa de impunidad frente a estos hechos. De hecho, es importante nuevamente resaltar que pocos de los casos de restitución de tierras documentados cuentan con una sentencia y que varias de las víctimas siguen siendo objeto de amenazas (V.).

Seguido de esto, en el mismo capítulo se presenta un subtítulo en el que se analiza la competencia de la JEP para conocer de estos hechos y las presuntas responsabilidades (VI.). Posteriormente, se presenta un apartado sobre los daños que fueron causados a las víctimas, y que tiene como objetivos: i) caracterizar a las víctimas; ii) valorar, identificar e interpretar los daños (que incluye la interpretación de los mismos bajo el enfoque de género y étnico); y iii) presentar unas consideraciones sobre propuestas concretas de medidas de reparación integral para la construcción de paz, que fueron elaboradas con la participación de las víctimas de estos casos. A continuación, se presentan las conclusiones del informe y por último se encuentra un capítulo en el que se incorporan los documentos anexos, entre los que se encuentran transcripciones de las entrevistas realizadas a las víctimas, derechos de petición y resoluciones de inclusión al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) proferidas por la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Por último, a través de las palabras que se plasman en este informe queremos agradecer a las personas luchadoras del departamento del Meta por su confianza; campesinos y campesinas que a pesar de las dificultades han seguido adelante. También queremos reconocer y manifestar nuestra total admiración por su valentía, fuerza y coraje en la lucha interminable por tener derecho a tener derechos. La CJYC quiere reiterar nuevamente su compromiso con la promoción y defensa de los DDHH de estas poblaciones, y de otra parte, agradecer a la JEP por el recibimiento de este informe, esperando que su lectura pueda contribuir a identificar no sólo los factores y presuntos responsables de los hechos victimizantes, ocurridos en el marco del conflicto armado, en esta región del país, sino también las consecuencias que dichos hechos han causado en todas las esferas de la sociedad y la necesidad de hacer justicia frente a los mismos, con el fin de evitar que se repitan en el futuro.



[1] Artículo 13. Ley 1957 de 2019 “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”.

[2] Entre las acciones que ha impulsado la CJYC ante el SIVJRNR: i) El 14 de diciembre presentó ante la Comisión de la Verdad (CEV) el informe “Magdalena. Volver a nacer en nuestras tierras: historias de lucha y resistencia campesina”; ii) El 29 de marzo presentó ante la CEV el informe “Meta: memorias contra el olvido. Desplazamiento, despojo de tierras y abandono estatal como dinámicas del conflicto armado”; iii) El 27 de mayo presentó ante la SRVR el informe “Ni descuidos ni manzanas podridas: Ejecuciones Extrajudiciales en Antioquia una política de Estado”; iv) El 18 de mayo presentó una solicitud ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) relacionada con personas no identificadas en el departamento de Antioquia. Los informes presentados ante la CEV pueden ser consultados en http://cjyiracastro.org.co/category/nuestro-trabajo/publicaciones/

[3] Artículo transitorio 5, Acto Legislativo 01 de 2017 “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dicta otras disposiciones”, y artículo 8 de la Ley 1957 de 2019.

<br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/home/cjyiraca/public_html/wp-content/themes/yira-castro/template-parts/donation-banner.php</b> on line <b>11</b><br />
1

¡Suscribete a nuestro Newsletter!