2 AÑOS DE LA MASACRE DEL TANDIL:

PRIMERA MASACRE DESPUÉS DE FIRMADOS LOS ACUERDOS DE PAZ DE LA HABANA.

Hace dos años, el 5 de octubre de 2017, unos 1.500 campesinos de la vereda del Tandil y veredas de los alrededores (zona rural del municipio de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño) protestaban de manera pacífica en contra de la erradicación forzada de los cultivos de coca que se venía adelantando días anteriores por miembros de la fuerza pública; los campesinos argumentaban que en los Acuerdos de Paz se había establecido la posibilidad de la sustitución de cultivos, más no la erradicación forzada, teniendo en cuenta que el cultivo de coca es su principal y en algunos casos el único sustento de la mayoría de habitantes de la zona, por lo que la erradicación les generaba una situación de vulnerabilidad.

Según testimonios de sobrevivientes de ese día y familiares de víctimas, la protesta se adelantaba tranquilamente y cada vez más personas de veredas vecinas se sumaban a la jornada cuando en un punto de la selva de San Andrés de Tumaco, antes de llegar a la vereda del Tandil, se hizo la mayor concentración de personas que trataban de formar un cordón humano para no dar paso la fuerza pública que buscaba erradicar. Fue en ese momento cuando se escuchó un disparo y todo comenzó. La fuerza pública empezó a disparar de manera indiscriminada a los manifestantes que estaban totalmente desarmados. Pese a que los manifestantes reaccionaron en seguida y corrieron colina abajo, fueron 7 víctimas fatales las que no pudieron escapar de esa ráfaga de balas y más de 20 personas que resultaron heridas. Era la primera masacre después de firmados los Acuerdos de Paz y fue cometida a manos de la fuerza pública.

Según cuenta un sobreviviente de la masacre, quien se encontraba colina arriba escucho un disparo y empezó a gritar “eso, sigan” ya que pensó que eran disparos al aire para alejar a los protestantes; siguió caminando con las personas que se encontraba, cuando se dieron cuenta que los disparos no paraban, entonces desde la cima de la montaña vieron que un grupo de personas gritaban “vengan que desde acá se ve…”, ellos se acercaron al borde de la cima y escucharon disparos continuos, veían el humo que salía de las armas y como se movían las matas de coca detrás de las cuales se encontraban, al ver esto, él se devolvió hacia la orilla de la vía pero no logró llegar, ya que cuando estaba dando la vuelta recibió un impacto en el muslo de una pierna la cual se fracturó más arriba de la rodilla a raíz del impacto recibido.   

Debido a la falta de información sobre lo ocurrido y a la dificultad para rescatar algunos de los cuerpos de las personas que fallecieron, en días posteriores, el 8 de octubre de 2017, se creó una misión humanitaria conformada por algunos representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos incluida nuestra Corporación Jurídica Yira Castro, la Guardia indígena, delegados de la misión de verificación de las Naciones Unidas, de la MAPP OEA, de la Gobernación de Nariño y distintos medios de comunicación, la cual tenía como objetivo ingresar al lugar de los hechos, sin embargo, la misión fue atacada con disparos, granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos por la misma fuerza pública aun cuando se contaba con previa autorización para ingresar al territorio. Las personas integrantes de la misión humanitaria gritaron en varios momentos identificándose como civiles y pertenecientes a las diferentes instancias y ONG’s, sin embargo, la fuerza pública respondió con más violencia.

Por la gravedad de los hechos, al estar ante la primera masacre después de firmados los Acuerdos de Paz, una masacre perpetrada por personal de la fuerza pública contra población indefensa y seguido a esto atacar a una comisión humanitaria, la comunidad y diferentes ONG’s exigieron al entonces presidente Juan Manuel Santos la remoción de los mandos, unidades de la Policía Nacional y Ejército Nacional acantonadas en el territorio. Así mismo, investigar los hechos, sancionar a los responsables y garantizar la suspensión de la erradicación forzada de cultivos de coca.

No obstante, dos años después de esta tragedia, no hay justicia para las víctimas y sus familiares. Los miembros de la fuerza pública involucrados en los hechos de ese 5 de octubre de 2017 siguen en servicio activo y sobre ellos no se han establecido sanciones. En desarrollo del proceso penal no se han reflejado mayores avances y por el contrario, se agrava más la situación con la información dada por la Fiscalía del caso según la cual se realizó audiencia de formulación de acusación y en la misma se decidió, por petición del Ministerio Público, que el caso se trasladara a la Justicia Penal Militar por considerar que los hechos se enmarcaban en una orden de operaciones y por lo tanto debía considerarse un acto relacionado al servicio.  

A la mencionada audiencia no fueron convocadas ni las víctimas ni sus representantes, vulnerándose los derechos de las víctimas a participar en el proceso, así como la posibilidad de interponer recursos ante las decisiones allí tomadas, decisiones que ponen en un alto riesgo de impunidad la materialización de la justicia en el caso.

Por lo anterior, y en el marco de la segunda conmemoración de las víctimas de la masacre del Tandil, la Corporación Jurídica Yira Castro hizo acompañamiento a los familiares de víctimas y sobrevivientes en un acto conmemorativo de memoria justo en el lugar de los hechos. Allí, los mismos habitantes, construyeron una capilla, de maderos gruesos y latas resistentes a la lluvia, donde se ofició una misa con habitantes de todas las veredas vecinas de Alto Mira y Frontera, los habitantes decoraron con globos blancos la capilla, pusieron flores, velas y siete cruces blancas.

Posterior a la misa, se dio paso al acto conmemorativo. Se hizo un círculo rodeado de flores blancas y adentro, en forma de espiral, cada uno de los presentes pasó a dejar una vela blanca en memoria de las víctimas, en señal de solidaridad con los familiares, pero también depositando allí sus más sinceros deseos de que se haga justicia para toda esta zona víctima de la estigmatización y abandono estatal.

Dos días después, el 7 de octubre de 2019, se llevó a cabo un plantón en la Fiscalía General de la Nación, Seccional de Pasto, en donde se buscó protestar pacíficamente en contra de la inactividad e inoperancia del Estado para buscar verdad y justicia en este caso. En este plantón participaron víctimas de la masacre y representantes de la Corporación Jurídica Yira Castro que, en calidad de abogados de una de las víctima, reprochan las irregularidades del caso al considerar inaceptable que en el proceso se haya tomado la decisión de trasladar la investigación de la justicia ordinaria a la justicia penal militar, cuando existe abundante jurisprudencia nacional e internacional que establece que en los casos donde se investigan crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, no puede alegarse la existencia de fuero penal militar.  

La comunidad expresó que sentía insultada la memoria de sus familiares al trasladar la investigación a una jurisdicción donde deben investigarse delitos cometidos en actos relacionados con el servicio por miembros uniformados de la Fuerza Pública, por lo tanto decidieron manifestarse pacíficamente con un acto simbólico a las afueras de la Fiscalía donde realizaron una representación de lo sucedido ese 5 de octubre de 2017 en la vereda Tandil y en donde finalmente se entierran las armas utilizadas en la masacre y se ponen sobre la tierra los nombres de las víctimas fatales, junto con flores y velas, en representación de la impunidad en la que siguen estas muertes a dos años lo sucedido.

Igualmente se insistió en la necesidad de dar cumplimiento pleno a lo establecido en el acuerdo de paz y en la necesidad de establecer verdad y justicia en este caso, como garantía para que los hechos ocurridos no se repitan.

MASACRE DEL TANDIL.

CONTRA LA IMPUNIDAD.

VERDAD Y JUSTICIA.

5 DE OCTUBRE DE 2017.

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