COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA: ALERTA SOBRE SITUACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL MAGDALENA

El 27 de septiembre de 2018 la Sala Civil de Descongestión Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena profirió una sentencia por medio de la cual ordenó la protección de los derechos fundamentales a la restitución de tierras de 11 mujeres y víctimas de despojo y desplazamiento forzado en los municipios de Chibolo y Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena. La Sala determinó que no se encontraba probada la buena fe exenta de culpa de los opositores del proceso de restitución de tierras, debido a que los negocios jurídicos que habían celebrado con los reclamantes no contaron con el consentimiento de los últimos. En consecuencia, declaró la inexistencia de 8 contratos de compraventa, 1 promesa de compraventa y 29 Escrituras Públicas.

Esta sentencia dio reconocimiento a los grupos de campesinos que, organizadamente y de manera legítima, reclamaron la titularidad sobre las tierras que han trabajado y habitado en el departamento del Magdalena, así como las dinámicas de violencia sistemática y generalizada sufridas por estas personas como resultado de la presencia de grupos armados, especialmente de paramilitares de las AUC al mando de alias “Jorge 40”, y que facilitaron la acumulación de tierras en manos de los terratenientes de la zona. Así, se ordenó la entrega material de los predios en favor de estas víctimas, advirtiendo que de no cumplirse con esta orden se procedería al desalojo de los inmuebles.

SITUACIÓN 9 DE ABRIL DE 2019.

Hoy 9 de abril de 2019, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, atendiendo de forma prioritaria a la orden de la Sala del Tribunal y teniendo en cuenta el enfoque diferencial de género en favor de las mujeres beneficiarias del proceso de restitución de tierras, programó la diligencia judicial de desalojo. En horas de la mañana del presente día las autoridades pertinentes, incluido el despacho judicial y la Policía, se dirigieron a los predios, encontrando en el camino a los opositores que se organizaron para impedir la realización de la diligencia de desalojo por medio de trincheras y bloqueo de vías. Las víctimas que buscan retornar también habían dado aviso de la posible utilización de avispas por parte de los opositores para entorpecer la diligencia.


Esta situación genera no sólo un alto riesgo para las víctimas que tienen derecho a la restitución material de estos predios, sino también para las autoridades judiciales y los apoderados de las víctimas que hacen presencia en la zona para dar cumplimiento a la sentencia de restitución que se encuentra ejecutoriada y en firme. Por medio del presente comunicado queremos informar a la opinión pública de estos hechos ocurridos en horas de la mañana, enviando también un mensaje de alerta en razón al riesgo que estos hechos representan para la seguridad de las víctimas y de las demás autoridades que las acompañan.

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