LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS: Acceso, retorno y reubicaciones.

La Corporación Jurídica Yira Castro y el MOVICE presentaron en octubre del 2018 la cartilla: “La restitución de tierras: acceso, retorno y reubicaciones” que tiene como propósito aproximar sobre las dificultades que tienen las personas legitimadas para iniciar un proceso de restitución (acceso), encontrándose directivas internas que no permiten claridad a los sujetos destinatarios de la ley por una parte. Por otra parte, se realizan aproximaciones sobre la política de retornos y reubicaciones, entendiendo esta como componente de la reparación integral y que llevada a cabo correctamente, podría constituir un verdadera transformación de la ruralidad colombiana.

Dentro de las principales comunidades afectadas con este conflicto político, social y armado han estado los campesinos, indígenas y afrocolombianos, en la medida que, debido a la precaria institucionalidad para garantizar el acceso a la tierra, la falta de un catastro rural que defina fronteras ambientales, agrícolas y minero- energéticas, políticas públicas encaminadas a una redistribución de la propiedad rural, la violencia, el despojo y la falta de acceso a servicios públicos básicos de calidad, han visto siempre afectados sus derechos fundamentales, que se materializan por medio del trabajo y la vivienda digna, en completa relación con el acceso a
tierras productivas.


Desde hace algunas décadas Colombia enfrenta un conflicto armado en el cual han sido vulnerados los derechos fundamentales de las víctimas. Esto especialmente en las personas que sufrieron desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y otros crímenes graves que han atentado contra
los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Las comunidades indígena, afrocolombiana y campesina, son los sujetos en quienes principalmente ha recaído esta problemática, con lo que se han visto obligados a abandonar sus tierras para garantizar su vida y la de sus familias, encontrándose en una situación de total indefensión y precariedad.

En el Registro Único de Víctimas (RUV) se reporta la existencia de 8.625.631 de víctimas (sin contar las que faltan en los registros oficiales), de las cuales 7.338.916 (79.9%) corresponden a desplazamiento forzado, siendo evidente con esto, como la disputa por el territorio ha causado múltiples vulneraciones de los derechos fundamentales de las comunidades, algo que ha entendido Corte Constitucional de Colombia y que lo definió como “estado insconstitucional de cosas”, en su jurisprudencia.

Aunque en el marco de la Ley de Justicia y Paz, se buscaba por medio de la justicia restaurativa, menguar dichos problemas. Se encontró que han sido medidas insuficientes para solucionar los problemas de las víctimas del conflicto, a pesar de que la ley de víctimas y restitución de tierras ha logrado satisfacer los derechos de cierta población vulnerable, aún faltan muchos esfuerzos de la institucionalidad para lograr una reparación integral. Respecto al componente de restitución de la Ley, actualmente existe un promedio de 109.136 solicitudes de inscripción en el Registro de la Unidad de Restitución de tierras, de las cuales solo 5.893 fueron resueltas
en sentencias, demostrando con estos datos la insuficiencia para dar respuesta urgente a los justos reclamos de las víctimas de desplazamiento seguido de despojo de tierra. La desarticulación institucional es una de las problemáticas más recurrentes al momento de hablar de restitución, teniendo en cuenta que no hay una adecuada coordinación entre la nación y las entidades territoriales de acuerdo con lo establecido en la Ley 1448 de 2011.

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