RADIOGRAFÍA DE LA RESTITUCIÓN DE TIERRA EN COLOMBIA.

Doce organizaciones de la sociedad civil sometimos la política de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado en Colombia a un examen riguroso para verificar su nivel de cumplimiento y la satisfacción de los derechos de las víctimas faltando dos años para el vencimiento de la Ley 1448 de 2011. Concluimos que el Estado colombiano no ha cumplido con la garantía del derecho a la restitución de comunidades campesinas y étnicas y que debe prontamente hacer ajustes en su implementación para corregir lo que está fallando, y de manera urgente prorrogar la vigencia de la ley.

El presente documento recoge el informe que elaboramos para ser presentado el 9 de mayo de 2019 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 172° período de sesiones, relativo a las denuncias de incumplimiento de reparación a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras en Colombia, el cual constituye una Radiografía de la restitución de tierras, útil para que entidades públicas, juzgados y tribunales, órganos de control, academia, organizaciones sociales y víctimas puedan tener un panorama del estado actual de la política, sus dificultades y las recomendaciones que hemos sugerido.

A dos años del vencimiento de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 siguen siendo bastantes los reclamos de las víctimas por una reparación integral: los esfuerzos del Estado parecen haberse quedado cortos ante la magnitud de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado, especialmente en el caso del despojo y el abandono forzado de tierras. Con el Decreto 1167 de 2018, el Presidente de la República y el Ministro de Agricultura dieron por terminada la etapa administrativa del proceso de restitución de tierras.

La administración le indicó a la opinión pública que las metas trazadas por el gobierno nacional se habían cumplido y que ya era poco el trabajo que le restaba a la Uni- 6 P r esentaci ó n dad de Restitución de Tierras para reparar a la población desplazada. Víctimas, procesos comunitarios y defensores de derechos humanos manifestamos la opinión contraria: de ocho millones de hectáreas usurpadas no se ha logrado restituir ni una cuarta parte.

Los esfuerzos del gobierno parecen estar encaminados a mostrar resultados formales y no sustanciales, instrumentalizando la restitución de tierras, y dar por superado el capítulo del despojo en Colombia. La agenda política transita hacia la llamada “seguridad jurídica para los inversionistas” donde todas las reformas normativas y de política agraria están orientadas a hacer un borrón de la historia de despojo a sangre y fuego de grandes extensiones del territorio nacional, en un contexto de incumplimiento de la restitución de tierras y de nuevos desplazamientos masivos de comunidades étnicas y campesinas. ¿Qué hacer ante un panorama tan desolador?

El documento recoge siete grandes ejes temáticos que abarcan las tres etapas del proceso: la fase administrativa, el proceso judicial y el seguimiento de posfallo. Fue construido a partir de la experiencia de trabajo de las organizaciones partícipes, reflejado en acciones judiciales, informes de investigación, trabajo de campo, entrevistas y estudios adelantados en los nueve años de vigencia de la Ley de Víctimas. Los anexos que se refieren pueden ser consultados en la página de internet www.coljuristas.org.

En particular el informe resalta el avance lento de la política de restitución: se han logrado sentencias de restitución en menos de 350 mil hectáreas cuando el problema del despojo se calculaba inicialmente en 6 millones, y la Unidad de Restitución ha negado a más del 63% de las víctimas el acceso al procedimiento judicial.

Además, las personas reclamantes de tierras enfrentan obstáculos como: i). la negación al derecho de restitución si fueron desplazadas forzadamente y despojadas de tierras al interior de áreas protegidas como Parques Nacionales Naturales y zonas de reserva forestal; ii). el direccionamiento institucional de la restitución a favor de la industria minera, de hidrocarburos y de megaobras, que orienta las demandas de restitución para que no afecten los derechos privados de las empresas y de entidades públicas que ejercen oposición a la restitución, en perjuicio de víctimas y comunidades étnicas; iii). la limitación del ejercicio del derecho a la restitución material y al retorno cuando en las tierras restituidas hay presencia de cultivos agroindustriales y forestales; pese a que la Corte Constitucional amparó el derecho a de- 7 Radiog r afía de la Restitución de T i e rr as en C olombia cidir de las víctimas, en la práctica termina imponiéndose el proyecto productivo agroindustrial.

En cuanto a la judicialización de los responsables de los crímenes, la radiografía arroja que solamente en el 17% de los casos el proceso de restitución es remitido a una instancia de investigación penal para la sanción de los responsables, es decir, el 83% de los casos de despojo y abandono forzado sigue en la impunidad. Y los casos remitidos a la Fiscalía General de la Nación no presentan avances en el escenario penal frente a investigaciones y sanciones.

La política de restitución de tierras, con todos sus problemas, ha sido de suma importancia para el restablecimiento de los derechos de propiedad de víctimas en el contexto del conflicto armado del país, así como de derechos territoriales de pueblos étnicos, y además ha contribuido a la construcción de paz. Se ha alcanzado la orden de restitución de 4.239 predios y seis territorios étnicos, que equivalen a 350.000 hectáreas en todo el país, y en los despachos judiciales hay solicitudes por otras 600.000 hectáreas. Y aunque en el informe se evidencia el avance lento que se sigue del diseño institucional, la propuesta no es acabar con la restitución, sino mostrar la necesidad de darle un aliento más largo y de fortalecer el modelo para que tenga un mayor alcance.

Finalmente, las organizaciones solicitamos a la CIDH que inste al Estado colombiano para que decrete una prórroga de la Ley 1448 de 2011, evite reformas normativas regresivas que vayan en contravía de los derechos de los y las reclamantes de tierras, dé garantías para las víctimas, comunidades y representantes en el ejercicio del proceso de restitución, diseñe una política pública de posfallo con sistemas de seguimiento e inversión y judicialice a los responsables del despojo tanto en la justicia ordinaria como en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Las recomendaciones que se presentan tienen un objetivo claro: garantizar el derecho a la restitución de tierras en condiciones de dignidad, seguridad e integralidad, según los parámetros fijados por el derecho internacional. En ese sentido, invitamos a las instituciones del Estado y a la sociedad civil a conocerlas, discutirlas y construir propuestas de reforma concertadas, que no impliquen un detrimento en lo que ya se ha logrado y que permitan la construcción de paz dando el lugar protagónico que merecen las víctimas campesinas, indígenas y afrocolombianas y sus derechos territoriales. 8 P r esentaci ó n El despojo sigue siendo un capítulo doloroso, extenso y desconocido en la historia de este país. Darlo por concluido en este momento constituiría una traición a las luchas que han librado las víctimas, y un indulto al terror que ha recorrido nuestros campos y a las culpas que aún estamos por descubrir.

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