<<La construcción de la vivienda es un derecho y por lo tanto el Estado debe otorgar las debidas garantías, para pagarle a la comunidad campesina la deuda histórica que tienen con ellos, por tanto sufrimiento a lo largo del conflicto.>> Fabián Arrieta
Más de tres años lleva la sentencia que otorgó los títulos de propiedad a 16 familias de La Pola, vereda ubicada en el municipio de Chibolo, Magdalena. Durante este tiempo han sido bastantes las audiencias de seguimiento que se han realizado por parte del juez de restitución de tierras, sin embargo, estas no han mostrado avances dentro del proyecto de vivienda gestado en el Plan de Restitución de Tierras avalado por la ley 1448 de 2011.
Por esta situación se hizo necesario realizar una Audiencia en la que se ahondara sobre el tema de vivienda rural en esta zona del país. Ésta tuvo lugar el día 15 de septiembre en la vereda La Pola, contó con la presencia de la Procuradora de Santa Marta, el Juez primero Fabián Arrieta, delegados de las Naciones Unidas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Corporación Jurídica Yira Castro y los beneficiarios de la región. En esta audiencia se expusieron y analizaron los diferentes motivos por los cuales no se ha visto avances.
Por un lado, se señaló el rol que ha tenido el Banco Agrario dentro de este proceso. Luego de tres años de firmar contrato con la empresa Corvides para la realización de las viviendas rurales, éstas no se han construido debido a que según la empresa contratista existe un desfinanciamiento para ejecutar el proyecto, ya que el Banco Agrario no le ha girado el desembolso a la entidad. Por otro lado está el rol del Ministerio de Agricultura quien tiene la responsabilidad de darle seguimiento.
Sin embargo, ninguna de las dos entidades mencionadas ha cumplido a cabalidad con su responsabilidad, puesto que no se han visto resultados concretos en el tema de vivienda durante estos tres años. Es por esto que se hace necesario que tanto el Ministerio de Agricultura como el Banco Agrario realicen una inspección minuciosa de este caso de manera que se puedan dar las respectivas investigaciones, y así avanzar en el proyecto. De igual manera, se indicó que es importante la revisión de la relación jurídica entre el Banco Agrario y la empresa Corvides.
Con el fin de hacer efectivo lo mencionado anteriormente, el Juez primero de Santa Marta determinó que se realizará un auto en el que tanto el Banco Agrario como el Ministerio de Agricultura deben pasar un informe para realizar un análisis detallado de la situación. Así las cosas, el Juez le otorga un plazo de 15 días al Banco Agrario para presentar un informe jurídico sobre el contrato con Corvides, haciendo énfasis en que el Banco Agrario deberá dejar el evidente paternalismo que tiene con la empresa contratista.
Otro de los aspectos que retrasa la construcción de las viviendas, es el transporte de los materiales. En una primera medida el municipio adquirió el compromiso del transporte ante el Juez, sin embargo, se han presentado incumplimientos por parte de este organismo, ya que en repetidas ocasiones el traslado del material no ha sido completado, por lo que los beneficiarios han corrido con el desplazamiento de material hasta el lugar de construcción de la vivienda.
El municipio también tiene la responsabilidad de facilitar las vías de acceso para el material destinado a la construcción de las casas, por lo que es importante que la alcaldía de Chibolo se comprometa a mejorar los tramos que dificultan el ingreso de dicho material. Se requiere de manera urgente que se resuelva el tema de transporte, materiales y de vías, para así dar pronta solución a la problemática de la construcción de viviendas rurales en los predios de La Pola.
Por el momento el Juez ordena a Corvides demoler la llamada casa modelo por falta de cimentación y demás fallas de construcción. Además se ordena la suspensión de las demás casas hasta que se les realice la debida revisión. También aseguró que luego de dadas las respectivas rectificaciones se tomaran acciones contra Corvides y se espera que el ministerio y el banco agrario sean garantes del derecho a la vivienda digna para estas comunidades.
También debemos mencionar que gracias a la demora en la construcción de vivienda los beneficiarios han tenido que acomodarse por más de seis años en casas temporales, las cuales se han convertido en una solución permanente ante la problemática de desplazamiento cuando debería ser una solución temporal.
La Corporación Jurídica Yira Castro en su labor de acompañamiento a las familias en proceso de restitución de tierras, hace el seguimiento de las órdenes establecidas en las sentencias de restitución y de estos nuevos dictámenes para garantizar que se cumplan y de esta manera, avanzar en la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras.
