«Un “jalón de orejas” le hizo el Consejo de Estado a la Unidad de Víctimas por las constantes demoras que se presentan en los procesos de búsqueda de personas declaradas como desaparecidas por acciones cometidas dentro del conflicto armado interno. El alto tribunal considera que en muchos casos han pasado hasta 12 años y no se han obtenido resultados eficaces.» El Espectador.
