El pasado 3 de noviembre de 2015 la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional profirió la sentencia T- 679/15 que ordena al gobierno crear un plan de restitución, para así lograr la meta de entregar todos los predios despojados antes de 2021. De esta manera, la Unidad de Restitución de Tierras, quien es responsable de liderar la política de restitución a las víctimas de desplazamiento forzado, debe elaborar y divulgar una estrategia para realizar la debida restitución de todos los predios despojados, según lo ordena la Corte Constitucional.
Dicha sentencia se produce a partir de una tutela interpuesta por la campesina María Clementina Jacanamijoy, quién cómo víctima de desplazamiento forzado y persona de la tercera edad, llegó a vislumbrar la posibilidad de volver a adquirir su predio a partir de que se expidiera la Ley de víctimas y restitución de tierras en 2011, pero hoy cuatro años después, reclama al gobierno por la demora en el proceso de restitución, argumentando que si se tiene en cuenta su avanzada edad es probable que la reclamante no pueda llegar a acceder a su predio.
De acuerdo con la Corte, en el plan que se establezca se deberá fijar plazos exactos para resolver todas las reclamaciones de tierras, además de incluir la metodología que se va a usar para cumplir con los objetivos. La Corte advirtió que la responsabilidad de entregar y cumplir dicho plan es tanto de la Unidad de Tierras como del Gobierno en su conjunto. El Contralor por su parte, indicó que «es necesario mejorar aspectos como la gestión administrativa del Fondo de Restitución de Tierras y la garantía de seguridad para la restitución material de los inmuebles».
Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Tierras, reconoció que existe demora en cuanto al cumplimiento de la meta, ya que la restitución se viene adelantando en medio del conflicto lo que ha dificultado el proceso, sobre todo en zonas en las que no se ha erradicado la violencia. Sin embargo, ha asegurado públicamente que las metas sí se van a cumplir.
Sin embargo, la Corte reconoció algunos avances por parte del gobierno y la Unidad de Restitución de Tierras, como la ´´Estrategia 20-15´´. Aunque dicha estrategia presenta limitaciones, ya que solo apunta a determinadas zonas del país y no al 100% de reclamantes. Además, La Unidad de tierras ha logrado retornar 100 mil hectáreas de las más cuatro millones que se comprometió a regresar antes de 2021 a sus verdaderos dueños.
Esperamos que el gobierno nacional de cumplimiento a esta decisión y tome medidas efectivas para garantizar un proceso efeiciente y con plenas garantías de seguridad para los reclamantes a fin de que puedan retornar a sus territorios, las millones de víctimas afectadas tras estos 50 años de conflicto armado interno.
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