Desde la Corporación Jurídica Yira Castro nos pronunciamos en contra de las últimas propuestas del gobierno nacional que buscan reducir el presupuesto destinado a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como desconocer la independencia judicial de esta última.
El recorte presupuestal al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) constituye una afectación directa al deber estatal de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Más allá de sus repercusiones en la gestión administrativa, la disminución de recursos menoscaba la capacidad investigativa del órgano judicial, la protección integral de quienes intervienen en los procesos y la eficacia en la implementación de sus resoluciones, desconociendo el acompañamiento a las víctimas acreditadas y los esfuerzos acumulados del país hacia la paz.
Aunque las declaraciones del Ejecutivo desestiman una intención formal de suprimir la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la restricción presupuestal opera como un mecanismo indirecto de debilitamiento institucional que compromete su autonomía y adecuado funcionamiento. Al respecto, el principio de sostenibilidad o responsabilidad fiscal no puede invocarse para legitimar la regresividad en la garantía de los derechos al acceso a la administración de justicia y a la participación de las víctimas. Las restricciones presupuestales no constituyen eximente para un cumplimiento parcial o defectuoso de las obligaciones estatales, pues ello deviene en la inobservancia de la Constitución y de los compromisos convencionales de derechos humanos y de los compromisos normativos derivados del Acuerdo Final de Paz.
Rechazamos la reducción de los recursos destinados a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), institución fundamental para garantizar el derecho de las familias a conocer el destino de sus seres queridos. De acuerdo con la propia entidad, esta disminución compromete capacidades esenciales para continuar las investigaciones, las intervenciones forenses, el trabajo de los laboratorios de identificación, la presencia territorial y la participación de las familias buscadoras.
La búsqueda de las personas dadas por desaparecidas constituye una obligación del Estado y una dimensión fundamental de los derechos de las víctimas y sus familias. La reducción de los recursos destinados a la UBPD afecta directamente las capacidades institucionales necesarias para avanzar en la búsqueda humanitaria y extrajudicial de más de 137.000 personas desaparecidas, en un contexto en el que miles de familias continúan esperando respuestas sobre lo sucedido con sus seres queridos.
Presentamos nuestra oposición al proyecto de Acto Legislativo No. 04 de 2026 radicado ante el Senado de la República “(..) para establecer una revisión automática judicial para miembros de la Fuerza Pública sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz”, propuesta por los congresistas del centro democratico: Juan Fernando Caicedo Callejas, Óscar Leonardo Villamizar Meneses, Zandra María Bernal Rincón y María Angélica Guerra López, entre otros firmantes. El proyecto pretende que, a través de la modificación del artículo 21 del título transitorio de la Constitución Política, todas las sentencias condenatorias dictadas por la JEP en contra de la fuerza pública, sean enviadas a la Justicia Penal Militar para ser evaluadas de nuevo.
Este proyecto amenaza todos los avances realizados por la JEP relacionados con el juzgamiento a integrantes de las extintas FARC-EP así como a integrantes de la fuerza pública acusados de cometer actos de lesa humanidad, teniendo en cuenta que muchos de ellos han aceptado su participación en estas acciones.
Con la aprobación de este proyecto, corremos el riesgo de propiciar un nuevo escenario de impunidad frente a las violaciones a los DDHH y al DIH, obstaculizando la rendición de cuentas tanto de los comparecientes de las extintas FARC-EP como de los integrantes de la Fuerza Pública que han reconocido su responsabilidad en la violencia social, política y armada del país.
La construcción de paz no termina con la firma de un acuerdo. Requiere de brindar seguridad jurídica, apoyo integral y reconocimiento a las instituciones capaces de investigar lo ocurrido, establecer responsabilidades, reconocer los daños ocasionados y adoptar medidas que contribuyan a que esto no vuelva a suceder. En un país tan golpeado por la violencia como lo es Colombia, la JEP representa una victoria para las víctimas y organizaciones que creemos en la posibilidad de una sociedad justa.
La justicia transicional cumple un papel fundamental dentro de este proceso, su debilitamiento presupuestal y desconocimiento de los avances alcanzados cuando existen investigaciones, decisiones y sanciones por implementar, puede limitar la capacidad del Estado de cumplir integralmente con este mandato.
Garantizar recursos suficientes para la JEP no significa desconocer las necesidades de la rama judicial. Significa reconocer que ambas hacen parte de las obligaciones del Estado y que fortalecer una no debería realizarse a costa de debilitar la otra.
Consideramos indispensable que el debate presupuestal incorpore como criterio central la garantía efectiva de los derechos de las víctimas y la obligación estatal de avanzar hacia la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
La garantía de los derechos humanos no puede depender de que existan o no recursos, debe estar presente desde la definición misma de las prioridades presupuestales del Estado.
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