Desde la Corporación Jurídica Yira Castro, nos pronunciamos sobre las nuevas medidas que proponen eliminar del lenguaje institucional las palabras “Reforma Agraria” y “Campesinos”. Si bien, no se ha compartido un comunicado oficial desde la Agencia Nacional de Tierras- ANT, es necesario recordar el porqué estas decisiones representarían un golpe al avance de la lucha campesina por su reconocimiento como sujetos de derechos y de especial protección definido en el Acto Legislativo 01 del 2023.
El conflicto armado colombiano ha tenido como principal escenario las zonas rurales del país, consecuentemente, quienes han sufrido la guerra en carne propia, convirtiéndose en víctimas directas, han sido las familias campesinas, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas, al ser expulsados de sus propios territorios, al ser forzados a trabajar la tierra para grupos armados o incluso al perder la vida o vivir con miedo por alzar la voz.
Reemplazar al “Campesino” por “Productor Rural” desconoce el significado histórico y la construcción de identidad creada por el campesinado, limitándolos únicamente a ser percibidos como quienes producen y trabajan la tierra, teniendo como consecuencia directa el cierre de espacios de participación en donde sus voces hacen parte fundamental de las decisiones sobre el territorio, no sólo como un espacio productivo, sino también como un espacio para la construcción de cultura y comunidad.
Los campesinos además de ser sujetos de derechos, también son sujetos políticos, que forman parte primordial en el cuidado del suelo y la defensa ambiental. Aunque el cultivo de la tierra es esencial para el desarrollo del resto del país, reducirlos a esta actividad, niega décadas de movilización por la visibilización de sus luchas e identidad.
La Reforma Agraria es el resultado del trabajo por la dignidad de quienes habitan, defienden y trabajan la tierra. Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad, se estima que “el conflicto armado, ligado a la tenencia de tierra, ha costado más de 450.000 vidas. De estas, se calcula que más de 200.000 homicidios están asociados a dinámicas de despojo sistemático y presión sobre los territorios.” Eliminarla del lenguaje institucional niega su existencia y minimiza las consecuencias del conflicto en tierra campesina.
El lenguaje construye y lo que se nombra existe, si bien los campesinos continúan resistiendo, el Estado tiene una deuda de más de 80 años con las y los campesinos; la Reforma Agraria y su correcta implementación, hace parte del proceso de reparación y no repetición que busca sacar la guerra del campo y garantizar a quienes lo habitan, gozar de una vida digna en paz y justa.
No hay campo sin campesinos, porque la tierra se defiende y la vida se sostiene.
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