El pasado 9 de Marzo se realizó en el Congreso de la República la Audiencia sobre la situación de las Mujeres Rurales, con el objetivo de hacer un balance de la implementación de las políticas públicas, a partir de la Ley 731 de 2002 «Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales».
Esto con el fin de desarrollar el tema de las mujeres rurales, quienes han sido discriminadas por su condición de mujer, de pobladora rural y de víctima del conflicto, para que así se les reconozca el aporte social, económico, cultural y político.
Además, se buscaba realizar una reflexión en torno al incumplimiento de la ley 731, a 14 años de su promulgación, de cara a la nueva política pública de mujer rural y la Dirección de Mujer Rural, que ordena crear el Plan Nacional de Desarrollo. Ya que, dicha Ley, actualmente, está olvidada por falta de voluntad política y asignación presupuestal. Es por esto que, mediante estos espacios de discusión se busca llamar la atención de las entidades, para que así la nueva política que se está gestando no quede en el olvido como lo sucedido con la ley 731.
Sin embargo, pese a esta situación de invisibilización, las mujeres rurales continúan construyendo territorios de esperanza y propuestas políticas para el país. Por esto, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas y otras organizaciones y procesos organizativos de mujeres del sector se fueron sumando a la iniciativa, logrando que los y las congresistas Ángela María Robledo, Inti Asprilla y Alirio Uribe convocaran a la realización de la audiencia en el recinto del congreso.
En este evento se discutieron los siguientes temas: Cómo ha sido el seguimiento y cumplimiento de la Política Pública de Mujer Rural a partir de la Ley 731 de 2002, los presupuestos para la financiación de la Política Pública de Mujer Rural, y Derechos sociales y la participación de las mujeres en las políticas públicas de mujer rural.
Tras algunas horas de discusión y debate a través de los diferentes paneles, se logró dejar en claro los principales obstáculos y falencias que existen frente a la formulación de la nueva política pública y el incumplimiento a lo establecido en la le ley 731, pues si bien las mujeres llevan el peso de la guerra y el Estado tiene una deuda histórica con ellas, se evidencia que no hay voluntad política para desarrollar políticas públicas que apoyen la reivindicación de la mujer rural.
La falta de voluntad política se evidencia primordialmente en la ausencia de representantes del gobierno a este tipo de encuentros. Además, tras 14 años de la promulgación de la ley 731 de 2002 muchos de sus aspectos no han sido reglamentados y llevados al plano de la realidad como por ejemplo el FOMMUR, la entrega del subsidio de Vivienda Familiar bajo la responsabilidad de COMCAJA y la afiliación a riesgos laborales. Varios de los programas prometidos no se concretaron por falta de recursos, por parte de las entidades responsables, ya que no se ha destinado un presupuesto para los proyectos relacionados con mujer rural en cumplimiento a la ley 731.
Por lo anterior las mujeres manifestaron que se sienten empobrecidas y con alta preocupación por el manejo que el Estado le ha dado a este tema. Es por ello que los representantes a la cámara, Alirio Uribe y Ángela Robledo, se comprometieron en trabajar en la realización de un debate de control político para darle pronta solución a esta problemática.
La Corporación Jurídica Yira Castro considera que en este momento de negociación del proceso de paz encuentros como este sean una oportunidad para analizar el papel que desempeñan las mujeres y que de esta manera se les garantice sus derechos.
