- TIERRAS
1.1. COMUNICADO PÚBLICO: PROBLEMÁTICA CON LA VIVIENDA RURAL DE LAS SENTENCIAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO (MAGDALENA)
Más de tres años lleva la sentencia que otorgó los títulos de propiedad a 16 familias de La Pola, vereda ubicada en el municipio de Chibolo, Magdalena. Durante este tiempo han sido varias las audiencias de seguimiento que se han realizado por parte del juez de restitución de tierras, sin embargo, estas no han mostrado avances dentro del proyecto de vivienda gestado en el Plan de Restitución de Tierras avalado por la ley 1448 de 2011.
Por esta situación se hizo necesario realizar una Audiencia en la que se ahondara sobre el tema de vivienda rural en esta zona del país. Ésta tuvo lugar el día 15 de septiembre en la vereda La Pola, contó con la presencia de la Procuradora de Santa Marta, el Juez primero Fabián Arrieta, delegados de las Naciones Unidas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Corporación Jurídica Yira Castro y los beneficiarios de la región. En esta audiencia se expusieron y analizaron los diferentes motivos por los cuales no se ha visto avances, y se acordaron responsabilidades para cada una de las entidades involucradas en el proyecto de vivienda.
La Corporación Jurídica Yira Castro en su labor de acompañamiento a las familias en proceso de restitución de tierras, hace el seguimiento de las órdenes establecidas en las sentencias de restitución y de estos nuevos dictámenes para garantizar que se cumplan y de esta manera, avanzar en la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras.
1.2. COMUNICADO PÚBLICO: DESALENTADORAS CIFRAS EVIDENCIA LA UNIDAD DE VÍCTIMAS EN CUANTO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
El 17 de septiembre de 2015 la Directora de la Unidad de Víctimas, la Dra. Paula Gaviria, en el programa «Palabra Más» del canal Día TV, manifestó como un gran avance el hecho de que a la fecha han sido reparadas por parte de la entidad 507.000 personas, dentro de las cuales 80.000 han sido indemnizadas de forma económica por causa del desplazamiento.
En razón de lo anterior, es pertinente señalar que dichas cifras sólo representan como reparadas por parte del Estado aproximadamente el 1,33% de la población víctima de la violencia; cifra que resulta alarmante sobre todo en un momento tan coyuntural donde la Corte Constitucional se debate entre declarar una suspensión provisional del Estado de Cosas Inconstitucional o de levantar el mismo.
Es por esto que, la Corporación Jurídica Yira Castro se manifiesta en contra de exponer las mencionadas estadísticas como un avance favorable y efectivo de reparación, por parte de las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y entre que se encuentra la Unidad de Víctimas.
1.3. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO SOBRE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
El día 15 de septiembre se llevó a cabo un debate de control político citado en plenaria del Senado para tratar la Ley de Restitución de Tierras. El debate fue convocado por el senador Antonio Guerra de La Espriella miembro del partido Cambio Radical. Varios funcionarios públicos hicieron afirmaciones que afectan la legitimidad de las víctimas que acceden a la Ley, estigmatizando movimientos campesinos históricos con frases como <<la tierra para quien la trabaja era una estrategia política-militar>>o el mismo proceso de restitución, que facilita <<un caldo de cultivo para el retorno de la violencia en Montes de María>>. También se hicieron afirmaciones que deslegitiman el trabajo de las organizaciones de defensa de derechos humanos que acompañan procesos de restitución de tierras, señalando que este trabajo beneficia a las <<falsas víctimas>> y a intereses que pueden despertar <<sospechas>>, como afirma la senadora Holguín <<llama particularmente la atención que muchas de las demandas se hicieron por parte de 3 ong’s específicas>> entre las que nombra nuestra Corporación. La organización Forjando Futuros fue objeto de graves afirmaciones, compartimos nota de prensa al respecto.
Desde la Corporación Jurídica Yira Castro nos preocupa esta situación que pone en riesgo la defensa de los derechos humanos en el país y pedimos el respaldo público del gobierno para poner fin a esta campaña de desligitimación.
Información complementaria:
Las afirmaciones de María Fernanda Cabal le valen demandas y rechazos de ONG
La ley de restitución de tierras al banquillo: ¿qué tan fundadas son las críticas?
Intervención Debate Político – Restitución de Tierras – Guerrillas abusan del derecho
Representante Maria Fernanda Cabal plenaria de senado 15 sep 2015
- LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
2.1. COMUNICADO DE PRENSA- LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) ADMITE DENUNCIA CONTRA EL ESTADO COLOMBIANO
En el año 2010 la Corporación Jurídica Yira Castro, presentó una denuncia contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la ejecución extrajudicial en la modalidad de «falsos positivos» de 5 campesinos, miembros de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA).
La petición realizada por la Corporación en nombre de las víctimas, fue recibida por la CIDH el 30 de marzo de 2010, y transmitida al Estado el 27 de julio de 2010. La admisión de esta denuncia y su acumulación con otras 36 peticiones relacionadas con hechos de ejecuciones extrajudiciales, se convierte en un gran logro en la lucha contra la impunidad que ha cobijado estos crímenes y a sus máximos responsables.
2.2. DENUNCIA PÚBLICA: NUEVAMENTE SE PRESENTAN ACTOS DE PERSECUCIÓN A LÍDERES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE LA VEREDA LA POLA (CHIBOLO, MAGDALENA)
El pasado viernes 18 de septiembre se presentaron actos intimidantes en la vereda la Pola (Chibolo, Magdalena), comunidad que se encuentra en proceso de restitución de tierras desde la implementación de la Ley 1448 de 2011. Dos sujetos desconocidos y movilizados en una motocicleta sin identificación se presentaron en la vereda preguntando quiénes eran los líderes y asegurando que necesitaban hablar con ellos porque venían de la ciudad de Barranquilla e iban a estar más seguido en la vereda.
La Corporación Jurídica Yira Castro se pronuncia con preocupación sobre estos hechos, en los que se indaga de manera insistente por la identidad de los líderes de la región, teniendo en cuenta que estas comunidades han sido víctimas de constantes actos de violencia y hostigados por su labor como reclamantes de tierras. Según el informe más reciente del programa Somos Defensores durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos se han registrado amenazas a 1500 defensores aproximadamente y 320 han sido asesinados, sin que se haya judicializado a sus responsables.
2.3. DENUNCIA PÚBLICA: AMENAZA DE MUERTE A JUEZ DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL MAGDALENA
El pasado 18 de septiembre de 2015 a las 2:30 de la tarde, el Juez primero de Restitución de Tierras Fabián Alberto Arrieta Baena, recibió en su lugar de trabajo una corona de flores sin remitente.
El juez asegura que esta amenaza contra su integridad personal se debe a su cargo y a los casos de restitución de tierras asignados en su despacho. Esta no es la primera vez que se ve amenazado después de asistir a una inspección judicial en campo. En la primera ocasión fue hostigado luego de realizar sus labores en el municipio de Remolino, y en esta oportunidad fue tras visitar el municipio de Chibolo.
La Corporación Jurídica Yira Castro condena estas amenazas y reclama al gobierno las respectivas garantías de seguridad para los jueces de restitución de tierras y los funcionarios encargados de adelantar esta política, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la labor pública en esta región, así como el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, a contar con recursos efectivos y a obtener sin dilaciones, decisiones judiciales que garanticen y protejan sus derechos.
2.4. COMUNICADO PÚBLICO: RECHAZAMOS LA DETENCIÓN DEL LÍDER INDÍGENA FELICIANO VALENCIA
El pasado 15 de septiembre de 2015, en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, fue detenido el líder indígena Feliciano Valencia. Se le acusa de los delitos de secuestro simple y lesiones personales debido a los hechos registrados en el 2008, cuando el Cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparral, se infiltró como integrante de una de las mingas y al ser descubierto por la comunidad, ésta haciendo uso efectivo de su jurisdicción indígena retuvo y castigo al militar.
La Corporación Jurídica Yira Castro manifiesta su preocupación alegando que el dirigente se le está violando el derecho constitucional a la jurisdicción especial indígena, calificando de delincuenciales las actuaciones propias de su autoridad. De igual manera, rechaza esta detención, ya que reconoce el liderazgo social de Feliciano Valencia, quien se hizo merecedor del Premio Nacional de Paz en el 2008 por su labor en la resistencia pacífica emprendida por su comunidad.
- VARIOS
3.1. COMUNICADO DE LA CCEEU SOBRE ACUERDO DE JUSTICIA
El día 24 de septiembre la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), da a conocer por medio de un comunicado su opinión respecto al tratado de Justicia, realizado entre el gobierno y las FARC. En él La CCEEU reconoce como positiva la adopción de un enfoque de justicia restaurativa, que coloca en centro a las víctimas. La inclusión de éstas y a organizaciones defensoras de derechos humanos como actores importantes en el marco de una Jurisdicción Especial de Paz.
Además, de presentar sus inquietudes respecto a la reciente reforma a la justicia penal militar, que podría permitir a los agentes estatales en graves violaciones, esquivar su obligación de acudir al Tribunal para la Paz para responder por tales hechos.
La Corporación Jurídica Yira Castro, presenta su total apoyo con lo manifestado por la CCEEU, y espera contribuir con un seguimiento a los acuerdos pactados entre las dos partes involucradas, para que de esta manera se privilegie el papel de las víctimas dentro de este proceso.
3.2. COMUNICADO PÚBLICO: SOLICITAMOS LA CONTINUIDAD DEL ESTADO DE COSAS INCONTITUCIONAL
Por medio de la Sentencia T- 025 de 2004, la Corte Constitucional decretó el estado de cosas inconstitucional, ordenando al Gobierno Nacional la reformulación de toda la política pública de atención a la población desplazada, ante la verificación de la sistemática violación de sus derechos fundamentales y la situación de vulnerabilidad especial en la que se encontraban estas millones de víctimas. Por esto el día 14 de septiembre de 2015, la Alta Corte llevó a cabo la audiencia pública de seguimiento en la que nuevamente el Gobierno Nacional solicitó el levantamiento del decreto mencionado, alegando la efectividad de la actual política pública de atención a la población víctima, en el marco de las medidas implementadas a través de la ley 1448 de 2011.
En vista de lo anterior y bajo la preocupación que nos asiste, el día 22 de septiembre de 2015, la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) junto con varias organizaciones de población desplazada presentó ante la Corte Constitucional un análisis sobre la persistencia del estado de cosas inconstitucional, solicitando que dichos argumentos fuesen tenidos en cuenta dentro del estudio que se está desarrollando sobre la continuidad del mismo en materia de Desplazamiento Forzado.
