
(Imagen tomada de ElMundo.com)
A finales del 2015, el Congreso de la República aprobó la ley que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, Ley ZIDRES. Esta ley permite que empresas o particulares soliciten en concesión tierras baldíos para proyectos de agroindustria e incluso adquirir en propiedad predios con antecedentes de baldíos. Las personas que habiten en ella y no cumplan con los requisitos de la Ley 160 de 1994 para ser titulares, se podrán vincular a proyectos productivos asociativos o celebrar contratos que les permitan explotar los predios. Aumentar la competitividad y la productividad en el campo es uno de los objetivos.
Ayer, 3 de agosto, el Gobierno sancionó el Decreto 1273 de 2016 que regula la Ley Zidres, confirmando las preocupaciones que han venido manifestando los sectores agrarios y organizaciones civiles: la Ley Zidres y el Decreto 1273 no responden a una reforma agraria que atienda las necesidades del campo, se aleja del Punto Uno (Reforma Rural Integral) de la Mesa de Conversaciones en La Habana y excluye los directos beneficiarios de los baldíos de la Nación por la Ley 160/1994.
El Decreto 1273 establece «situaciones imperfectas», predios en los cuales no es posible determinar con certeza la titularidad facultando al Gobierno para adelantar procesos de extinción de dominio. Ante la informalidad de pequeños y medianos productores esta medida podría fortalecer el despojo administrativo en favor de grandes empresas.
Adicionalmente, permite que predios solicitados en restitución sean declarados como ZIDRES, ya que la exclusión que establece el Decreto 1273 se limita a una decisión en firme de los jueces de restitución de tierras. Actualmente hay más 60.000 solicitudes de restitución represadas en la Unidad de Restitución de Tierras y que podrían ser declaradas ZIDRES, lesionando los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado.
El pasado 25 de mayo de 2016, la Corporación Jurídica Yira Castro, junto con el senador Jorge Robledo, el Representante Germán Navas, el exrepresentante Wilson Arias, entre otros congresistas; y otras organizaciones civiles, demandaron la «Ley ZIDRES» por lesionar los derechos de acceso a la tierra, la seguridad y la soberanía alimentaria de los trabajadores agrarios. El modelo de las Zidres favorece únicamente a las grandes empresas privadas, y ponen en desventaja al campesinado colombiano.
La Corporación Jurídica Yira Castro se suma a las exigencias de los campesinos y campesinas del país y solicita al Gobierno atender los problemas agrarios garantizando el acceso progresivo a la tierra, los derechos de las víctimas de desplazamiento y abandono forzado y los acuerdos logrados en el Punto Uno de la Mesa de Negociaciones.
Conozca la totalidad del Decreto 1273 de 2016 acá:




