El 17 de septiembre de 2015 la Directora de la Unidad de Víctimas, la Dra. Paula Gaviria, en el programa «Palabra Más» del canal Día TV, manifestó como un gran avance el hecho de que a la fecha han sido reparadas por parte de la entidad 507.000 personas, dentro de las cuales 80.000 han sido indemnizadas de forma económica por causa del desplazamiento.
En razón de lo anterior, es pertinente señalar que dichas cifras sólo representan como reparadas por parte del Estado aproximadamente el 1,33% de la población víctima de la violencia; cifra que resulta alarmante sobre todo en un momento tan coyuntural donde la Corte Constitucional se debate entre declarar una suspensión provisional del Estado de Cosas Inconstitucional o de levantar el mismo.
Es por esto que, la Corporación Jurídica Yira Castro se manifiesta en contra de exponer las mencionadas estadísticas como un avance favorable y efectivo de reparación, por parte de las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y entre que se encuentra la Unidad de Víctimas.
Lo anterior, corrobora los diferentes pronunciamientos emitidos por los organismos de Control del Estado (Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Contraloría) y las diferentes entidades no gubernamentales protectoras de Derechos Humanos y de la Población Víctima de Desplazamiento, en que no es posible hablar de la superación del Estado de Cosas Inconstitucional, ya que dichas cifras demuestran que el porcentaje de población reparado es mínimo, tal y como se expresó en la audiencia de seguimiento de la sentencia T- 025 de 2004 que declaró el “Estado de Cosas Inconstitucionales” el día 14 de septiembre de 2015 celebrada por la Corte Constitucional.
De igual manera es oportuno señalar, que desde el momento que entro en vigencia la Ley 1448 de 2011 se han presentado más de 12 millones de solicitudes de ayuda por parte de las víctimas, las cuales cotejadas con la cantidad de víctimas reparadas demuestran que las entidades Estatales no han progresado en la protección de los derechos de este grupo poblacional.
Así las cosas, la Corporación Jurídica Yira Castro, reitera su preocupación e invita a la Corte Constitucional y demás organismos del Estado a que se implementen políticas efectivas en favor de las víctimas del conflicto con el fin que estas tengan un goce efectivo de sus derechos
