- FUERO PENAL MILITAR
Por medio de la reforma constitucional, el Estado pretende renunciar a la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el caso de la Justicia Penal Militar, es decir que la fuerza pública no tendrá que responder por las garantías básicas de los derechos humanos, de esta manera cuando se presenten muertes a civiles en presuntas condiciones de enfrentamiento con los grupos insurgentes se dejara el caso a interpretación de la fuerza pública, lo que agudizaría la impunidad en dichos contextos de violencia.
Por ello grupos como Amnistía Internacional y la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos han expresado sus preocupaciones mediante los distintos comunicados.
Por su lado, la Corporación Jurídica Yira Castro, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras organizaciones defensoras de derechos humanos, así como víctimas de falsos positivos y congresistas, presentaron el pasado 15 de julio ante la Corte Constitucional la primera demanda en contra del fuero penal militar.
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- RADICACIÓN DE LA DEMANDA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL PREDIO PARAPETO EN LA REGIÓN DEL MAGDALENA
La finca de Parapeto es un predio rural cuya extensión es de 2.003 hectáreas, ubicado en los municipios de Chiboló y Sabanas de San Ángel, departamento Magdalena. Este sector es considerado un corredor estratégico importante por su geografía y su topografía plana, la cual facilita el tráfico de mercancías. Estas características han hecho que este lugar sea llamativo para los grupos insurgentes, ya que desde este territorio pueden controlar corredores estratégicos con recursos económicos importantes.
Es por esto que algunos habitantes de la región decidieron radicar una demanda, con el objetivo de exigirle al Estado Colombiano que se realice una restitución y reparación integral, de igual manera piden protección, ya que han sido blanco de amenazas por décadas, tiempo en el que ha visto resaltada la ausencia del Estado al momento de garantizarle a la población seguridad y bienestar, por lo que se han visto obligados en contadas ocasiones acoplarse a las normas impuestas por el grupo insurgente que ejerza control en el momento, con el fin de garantizar la supervivencia.
- DETENCIONES ARBITRARIAS EN BOGOTÁ
El 8 de julio de 2015 fueron detenidas 15 personas por su presunta relación con las explosiones ocurridas la semana anterior en la ciudad de Bogotá. El manejo que le dieron a esta situación por parte de las autoridades competentes no fue el adecuado, ya que no se respetó el debido proceso, además la cobertura de la noticia por parte de los medios masivos de comunicación fue estigmatizante, puesto que caracterizaron a estas personas como terroristas, basándose en que los presuntos atacantes eran estudiantes de universidades públicas, dirigentes estudiantiles, periodistas o defensores de derechos humanos.
Es por esto que organizaciones como Coalición Colombiana Contra la Tortura y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos han hecho un llamado a las autoridades judiciales «demandamos que las detenciones del 8 de julio no respondan a un afán desmedido de las autoridades por mostrar resultados frente a los reclamos por los recientes atentados. Así mismo, condenamos cualquier posibilidad de que las investigaciones que se adelantan sean una represalia, o guarden relación con el activismo estas personas en diferentes campos.» (CCCT-CCEEU, 2015). Esto con el fin de que se esclarezca la situación judicial de estas 15 personas.
- GESTIÓN DEL INCODER FRENTE AL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Antes las numerosas denuncias de corrupción, el Ministerio Público ha concluido en su informe que «el Incoder ha fracasado como institución ejecutora de proyectos de desarrollo rural» por lo que, se sugiere su liquidación ante la ilegitimidad de ésta entidad responsable de la política de tierras del país. Además, un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos, con el apoyo de congresistas del Polo Democrático, han citado al Director del Incoder a que responda sobre el papel de esta organización en los problemas que aquejan al campo.
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- GIRA AMNISTÍA
Durante la gira europea organizada por Amnistía Internacional, Claudia Erazo, abogada de la Corporación Jurídica Yira Castro, y Belinda Márquez, miembro de ASOMUPROCA, visitaron Suiza, Bélgica y España, manifestando su interés en la lucha por la restitución de tierras en Colombia.
Tanto Claudia como otros miembros de la CJYC han sido amenazados por su labor de acompañamiento jurídico a las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo de tierras, mientras que a Belinda Márquez, aunque recibió tierras por parte del estado en 1996, la violencia paramilitar la obligó a ella y a otros habitantes de la región a huir en 1999. Es por esto que, desde esa época, luchan por recuperar sus tierras. Y si bien la Ley 1448 les dio animó y esperanzas para continuar con esta lucha, son varios los obstáculos que se deben superar aún, ya que luego de 3 años de aplicación de la ley, solamente el 1% de las tierras robadas ha sido restituido a los campesinos.
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- DENUNCIAS PORVENIR
La comunidad del porvenir, ubicada en Puerto Gaitán al nororiente del Meta, han ocupado esta zona por más de 45 años, sobreviviendo al abandono del Estado, al conflicto armado y al despojo de sus tierras, producido por adjudicaciones irregulares realizadas por el entonces INCORA. Por ello, en el 2011 La Corporación Jurídica Yira Castro junto con el senador Iván Cepeda y ochenta familias pertenecientes al caserío El Porvenir, solicitaron al Incoder la revocatoria directa de 27 adjudicaciones de terrenos baldíos, ya que se presentaban irregularidades dentro del proceso.
El 30 de julio de 2014, la entidad Incoder, les dio la razón a los demandantes revocando las adjudicaciones, sin embargo se espera aún que el Estado le garantice a estas familias la efectiva recuperación de las tierras y de esta manera decidir si las más de 25 mil hectáreas serán tituladas a las familias demandantes, además exigen protección ya que han sido blanco de varias amenazas por las gestiones que han realizado en pro de la recuperación de los terrenos.
- PONENCIA PARA MESA DE LA HABANA
El Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados (CND) en asocio con organizaciones como la Corporación Jurídica Yira Castro, Mujeres por la Paz, Mujeres víctimas Independientes, ILSA, MOVICE y RESUMUV, han realizado una ponencia para la Mesa de la Habana, con el fin de exigirle al Estado que se les respete los derechos a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, teniendo cuenta que el 52% de la población desplazada son mujeres. Además de hacer efectivo su derecho a participar dentro de los diálogos de paz que se están llevando a cabo.
Las lideresas hacen énfasis en que el Estado no ha implementado medidas eficaces para defender los derechos de las mujeres víctimas, y de igual manera, protegerlas tras las amenazas a las que han sido sometidas dada la labor que realizan. Es por esto que ellas realizaron una serie de exigencias en las que piden que las mujeres accedan de manera equitativa al derecho a la tierra, que se modifique la actual ley de víctimas, la cual les resulta insuficiente al momento de realizar una completa y eficaz reparación para las víctimas del conflicto, entre otras propuestas que pretenden resaltar el rol de la mujer dentro del conflicto colombiano y de esta manera exigir la no violación de sus derechos.
- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Con la ley 1753 del 09 de junio de 2015 se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, en la que se observa varias disposiciones que deben ser derogadas, ya que, podrían permitir la realización de proyectos de explotación minera, lo que genera riesgos ambientales para los páramos, y por lo tanto para el abastecimiento de agua en el país.
En el artículo 173 se especifica que «En las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables», pero también se afirma que la delimitación de estas zonas queda a criterio de Ministerio del Ambiente (MADS), sin considerar lo establecido por el Instituto Humboldt, es por esto que es necesario establecer mecanismos para que las comunidades y las autoridades locales participen en las discusiones sobre dicha delimitación, y de esta manera evitar que se generen daños contra el ambiente por intereses económicos.
