El pasado 30 de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió renovar el mandato de la Misión de Verificación en Colombia acogiendo la propuesta formulada casi un mes antes por el canciller Omar Bula Escobar, quien había planteado excluir de sus labores de seguimiento la implementación de la Reforma Rural Integral, correspondiente al Punto 1 del Acuerdo Final de Paz.
La Misión de Verificación de la ONU es un organismo político especial creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el 2016, después de la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP). Esta figura fue concebida con el propósito de verificar la correcta implementación del AFP y apoyar a la consolidación de una paz estable y duradera en el país. Inicialmente, entre sus tareas específicas se encontraban el seguimiento a medidas como la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad, la Reforma Rural Integral y la articulación y el diálogo.
El mandato se renovó hasta octubre del 2027, sin embargo, al excluir a la Reforma Rural Integral, el panorama para el campo colombiano, nuevamente, es desesperanzador, constituyendo con esto un incumplimiento del Acuerdo de Paz. Con su salida de la Misión de Verificación, este punto pasa a ser competencia del Estado colombiano, el cual deberá asumir su ejecución, monitoreo y la evaluación de sus compromisos. Desafortunadamente, en los casi tres meses transcurridos desde el inicio del nuevo Gobierno, la desprotección del campesinado y la postergación de los compromisos de redistribución de la tierra han sido los aspectos más preocupantes de la agenda agraria.
La deuda histórica que tiene el Estado con el campo colombiano y el campesinado es un asunto inagotable. El respeto por su territorio y la garantía de una vida digna es lo mínimo que tienen para exigir. No podemos seguir ignorando lo que pretenden hacer con la tierra y las y los campesinos. Así, la nueva autonomía que se le otorga al Gobierno Nacional para ajustar o ejecutar políticas agrarias sin requerir supervisión internacional pone en riesgo lo que se ha ganado en este proceso.
Si bien se presenta esta medida como una victoría para la soberanía nacional, no está de más cuestionar a quienes benefician estas decisiones, las cuales se alinean con las declaraciones del ministro de agricultura, Indalecio Dangond, quien se ha pronunciado sobre reformar la Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas y Restitución de Tierras -, como si se tratase de un simple trámite y no una medida que afecta a millones de colombianos. Con esto se deja de lado al campesinado, a quienes insisten en llamar “pequeños empresarios” o “pequeños productores”, desprotegidos, sin garantías para una vida digna y obligándolos a salir del campo.
Si permitimos que la paz le dé la espalda al campo, es solo cuestión de tiempo para repetir los errores que llevamos más de cuarenta años cometiendo. Y esta vez podrían ser irreversibles: un campesino sin seguridad jurídica sobre sus tierras, es un campesino que no puede trabajar ni vivir en ellas; una tierra sin el campesino, es una tierra que deja de alimentarnos y nos empuja a depender de otros países para comer; y los campesinos, campesinas y comunidades étnicas que la cuidan y defienden pierden mucho más que su fuente de trabajo: pierden su territorio, su comunidad y su forma de vida.
La Reforma Rural Integral no es un capítulo más del Acuerdo de Paz: es la condición para que la paz llegue a quienes más han sufrido la guerra. Sacarla de la verificación internacional es dejarla sin una mirada que la exija y garantice su cumplimiento.
Sin el campo, sin los y las campesinas, la paz está incompleta.
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