La amenaza del odio
No podemos ignorar que el 2026 inicia bajo la sombra de un fenómeno global: el ascenso de discursos radicales y extremistas. A nivel internacional y regional, vemos con alarma cómo se consolidan narrativas que deshumanizan al «otro», estigmatizan la labor social, criminalizan la protestas, legitiman violencias estructurales y erosionan las instituciones democráticas que deberían proteger los derechos humanos.
El papel de la prensa y la necesidad de la información veraz cobran una trascendental importancia, siendo un pilar de las democracias liberales que la población pueda acceder a información clara y no a reproducción de discursos de odio que están pasando «inadvertidos» en grandes conglomerados mediáticos.
Sin embargo, frente al resurgimiento de posturas y acciones que atentan contra la determinación de los pueblos como principio del Derecho Internacional -que pretenden imponer agendas externas sobre nuestra región- recordamos que el Sur Global y América Latina cuentan con la soberanía y la solidaridad inalienable de los pueblos.
La soberanía no es sólo un concepto jurídico: es la capacidad de nuestras comunidades para decidir sobre su propio destino, proteger su tierra y resistir ante cualquier presión que ignore la realidad territorial. La dignidad de los pueblos es la barrera más sólida contra el avance de los autoritarismos y la injerencia externa.
En Colombia, este panorama se traduce en la normalización de discursos de odio en la esfera pública -amplificados por la matriz mediática- y las dinámicas sociales cotidianas. Esta radicalización no solo afecta la toma de decisiones políticas sino que, además:
- Debilita el respaldo de las comunidades: se cuestiona la legitimidad de las víctimas y de quienes defienden el territorio.
- Agudiza la vulnerabilidad: los discursos violentos en redes sociales, medios y grandes plataformas a menudo preceden la violencia física en los territorios.
- Frena la cooperación: el extremismo político pone en riesgo los apoyos internacionales y nacionales hacia las organizaciones sociales.
Frente a la normalización de la violencia verbal y simbólica, desde la Corporación Jurídica Yira Castro nos mantenemos firmes en la defensa de una narrativa por la dignidad de nuestros pueblos. Nuestra respuesta ante el odio es la verdad jurídica, la memoria histórica y la solidaridad con las comunidades a las que acompañamos y a las que nos debemos.
Emergencia humanitaria sostenida: el grito del Catatumbo
Se cumple un año de la mayor crisis humanitaria en la historia reciente de Colombia, concentrada en la región del Catatumbo, Norte de Santander. El desplazamiento forzado, el confinamiento, el miedo y la vulneración de los derechos fundamentales, como la libertad y la educación, no son solo cifras: son rostros de cientos de familias que hoy claman por una respuesta estatal integral que vaya más allá de la presencia militar y atienda las causas estructurales de esta crisis.
Según la Unidad de Víctimas, los ataques perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los posteriores combate con el Frente 22 de las disidencias de las FARC, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025, dejaron a 105.203 víctimas de hechos victimizantes como desplazamiento forzado (101.587), amenazas (7.777), confinamiento (3.772), abandono o despojo forzado de tierras (2.948). Todo en medio de una violencia que desbordó la capacidad de respuesta del Estado.
Entre enero y noviembre de 2025, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportó la desvinculación de 49 menores de edad que fueron reclutados por los grupos armados ilegales y ya formaban parte de sus filas en distintos municipios de la subregión, lo que evidencia la persistencia de esta grave vulneración de derechos.
En este mismo periodo de tiempo, la Defensoría del Pueblo identificó 634 violencias basadas en género (VBG), como la trata de personas con fines de explotación sexual (151) y delitos contra la libertad e integridad sexual (179).
A la fecha, el ciclo de violencia en esta zona del país parece escalar con el tiempo. Desde diciembre del 2025, las comunidades han denunciado el sobrevuelo de drones cargados con explosivos. Según datos de la Fuerza Pública, en 2025 se registraron 277 ataques de estos artefactos en todo el país, más del doble que en 2024 (119), atribuidos, en su mayoría, al Estado Mayor Central (EMC). Según el Ministerio de Defensa, los ataques con estas armas aumentaron durante el primer semestre del 2025 en un 138%.
En conversación con El Espectador, Carmen García, directora de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, señaló que ya hay más de 200 familias desplazadas en Tibú, más de 180 familias en Cúcuta y al menos 300 en el Tarra. Sin condiciones ni garantías de seguridad, jamás habrá posibilidad de un retorno digno.
En Colombia, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), sólo entre enero y agosto de 2025, más de 137.000 personas se vieron impedidas a salir de sus comunidades, mientras que más de 79.500 fueron víctimas de desplazamientos masivos, la mayoría de ella en la región del Catatumbo.
Liderazgos amenazados
En su reciente informe, «Comunidades en medio de la violencia: balance 2025», el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) indicó que, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, fueron asesinadas 187 personas que ejercían liderazgos sociales o labores en la defensa de los derechos humanos. El instituto recalca que las cifras evidencian que en los años de elecciones presidenciales los asesinatos a líderes y lideresas sociales tienden a incrementarse.
Otras cifras alarmantes en materia de seguridad territorial son:
- Entre 2016 y 2025, fueron asesinadas 1.891 personas líderes y defensoras de derechos humanos.
- Entre 2016 y 2025, fueron perpetradas 694 masacres donde perdieron la vida 2.254 personas.
- Entre 2017 y 2025. 477 firmantes de paz fueron asesinados,
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió, entre enero y septiembre de 2025, 157 denuncias de asesinatos de defensores de Derechos Humanos y líderes sociales.
Asimismo, el informe destaca que «los grupos armados no actúan prioritariamente contra un líder social aislado, sino contra los procesos colectivos que cuestionan, limitan, o disputan su gobernanza armada. La violencia selectiva se orienta a desarticular formas de organización comunitaria, economías autónomas o liderazgos que promueven reglas distintas a las impuestas por el actor armado, más que a la eliminación individual como fin en sí mismo.
Uno de los hallazgos del Observatorio de INDEPAZ es que la fragmentación organizada de los grupos armados ilegales no ha reducido el impacto del conflicto. Esto se debe a que estos actores tienen una alta capacidad de daño territorial, apoyada en economías ilícitas (como el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación), alianzas tácticas y un conocimiento de los contextos locales. Ahora, sus acciones responden a la defensa de corredores estratégicos y enclaves económicos sin recurrir a grandes despliegues armados.
De acuerdo con Rutas del Conflicto, enero de 2026 se convirtió en el mes con más masacres registradas desde 2023 en Colombia. De acuerdo con la información documentada por INDEPAZ, se trata de 12 hechos en diferentes zonas del país que dejaron 63 víctimas mortales. En cada uno de estos casos, la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas sobre el riesgo para la población civil debido a las disputas entre grupos armados ilegales.
En el «Informe Mundial 2026: Colombia» de Human Rights Watch se señala que, aunque «el país cuenta con una amplía gama de políticas, mecanismos y leyes para prevenir los abusos contra los defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo, incluidos excombatientes de las FARC (…), las medidas del gobierno no han sido suficientes para hacer frente a esta violencia«.
Porque defender los derechos no nos debería costar la vida.
Niñez reclutada: infancias arrebatadas
En el informe «Mientras el reclutamiento crece, la infancia se reduce: dinámicas de reclutamiento de NNA en territorios bajo control armado» del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de INDEPAZ, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) en Colombia es entendido como un fenómeno estructural de control territorial y social, no una práctica aislada. Se trata de un crimen de lesa humanidad que busca sostener el conflicto armado, debilitar el tejido comunitario, disputar territorios y despojar a los NNA de sus derechos.
«A pesar de los avances normativos y de coordinación interinstitucional, las políticas públicas no han logrado transformar las condiciones que faciliten el reclutamiento ni articularse de manera efectiva con los sistemas propios de protección comunitaria y ética» señala INDEPAZ.
Para avanzar en la erradicación de este fenómeno, «la prevención del reclutamiento debe abordarse como una política de futuro, orientada a garantizar proyectos de vida dignos para la niñez y la juventud. Esto implica invertir de manera prioritaria en educación pertinente, alternativas económicas lícitas, espacios culturales, acompañamiento psicosocial y participación juvenil, especialmente en territorios históricamente marginados» recalcó INDEPAZ.
De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación Pares, los retenes ilegales crean condiciones propicias para reforzar el reclutamiento forzado, reconfigurando así el territorio en medio de la confrontación armada por el control territorial. Esto facilita a los grupos armados consolidar mecanismos que normalizan la violencia en la vida cotidiana, como la instrumentalización de los NNA.
La Paz Total: una política que buscó la estabilidad territorial
La situación territorial del país sigue siendo frágil. Los constantes enfrentamiento entre grupos armados ilegales por la disputa del control social y territorial, la continuidad de economía ilegales y los ataque deliberados contra la población civil ponen entredicho la viabilidad de los diálogos liderados por el Gobierno Nacional con:
- Los Comuneros del Sur.
- La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
- El Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF).
- El Clan del Golfo, también autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
- Bandas criminales urbanas de Medellín, Buenaventura y Chocó.
- El Ejército de Liberación Nacional (ELN).
- Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada,
De acuerdo con el análisis de coyuntura «27.000 combatientes y récord en disputas: el deterioro de la seguridad marca el inicio del 2026» de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), a diciembre de 2025, los grupos armados sumaban más de 27.000 integrantes, lo que representan un aumento del 23.5% respecto a diciembre de 2024. Esto equivale a que cerca de 5.000 personas se incorporaron a estas estructuras en menos de un año. Producto de este fenómeno, los enfrentamientos entre estos actores se intensificaron en un 34%. El análisis puntualiza que las tres razones que explican el crecimiento al interior de estos grupos son:
- Las campañas de expansión territorial y el fortalecimiento de su gobernanza local.
- La presión derivada de nuevas disputas por el control de rutas, economías ilegales y comunidades, producto de fracturas internas y de una mayor ofensiva de la Fuerza Pública.
- La adopción de nuevas formas de reclutamiento, como el ofrecimiento de salarios y otros incentivos, entre ellos bonos y «vacaciones».
Asimismo, la Fundación subrayó que pese al incremento de las acciones de la Fuerza Pública en un 34%, esto no se tradujo en una mejora significativa de la seguridad. Esto debido a una respuesta reactiva que no ha priorizado la prevención, investigación y justicia.
«Mantener abiertas las negociaciones de la Paz Total no puede traducirse en tolerancia frente a la violencia: el diálogo debe tener límites claros y respuestas firmes ante el control armado y las agresiones contra la población. De lo contrario, la violencia seguirá marcando el pulso del país» indica el análisis.
Una década del Acuerdo y una paz que aún no llega a los territorios
Al cumplirse 10 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC, la realidad en las regiones nos exige más que una conmemoración. Mientras el país se prepara para un nuevo ciclo electoral, el conflicto armado interno se agudiza.
Los enfrentamientos entre grupos armados han dejado a la población civil en una vulnerabilidad extrema, recordándonos que la paz territorial sigue siendo una deuda pendiente del Estado y diferentes actores con poder de decisión.
«El acuerdo de paz de 2016 estableció una ruta para reducir la pobreza rural, aumentar la participación ciudadana en las decisiones políticas, desarmar y reincorporar a los antiguos combatientes de las FARC, romper los vínculos entre el narcotráfico y la violencia política, y garantizar los derechos de las víctimas mediante mecanismos de justicia transicional» indica el más reciente informe de Human Rights Watch.
Aunque este pacto registra avances, también persisten rezagos estructurales como la Reforma Rural Integral, la sustitución de economías ilícitas y la seguridad de firmantes de paz, así como de líderes y lideresas sociales. Sin embargo, cabe destacar que durante su periodo de implementación más de 12.000 firmantes siguen vinculados al proceso de reincorporación, lo que no es un dato menor.
De acuerdo con el V informe del Comité de Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad «Entre la transformación y la violencia», con especial énfasis en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las comunidades del país siguen comprometidas con la implementación del Acuerdo. El recrudecimiento de la violencia no ha eclipsado sus apuestas por la paz.
Dentro de este informe, se destaca que el Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET pasó del 39,8% en 2018 a 23,7%; el enfoque de derechos de las mujeres es el que presenta los mayores niveles de ejecución (62%) y el Programa Especial de Adjudicación de Tierras para mujeres campesinas y pesqueras ha entregado más de 7.600 hectáreas a nivel nacional.
Además, las primeras sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del caso 01 y caso 03 incorporaron las voces de víctimas de territorios PDET en la definición de las sanciones propias.
Frente a estas dos primeras sentencias, Human Rights Watch asegura que, aunque con ellas «condenaron a los responsables a ocho años de restricción electiva de la libertad, no establecieron un sistema integral de vigilancia estricto ni definieron claramente un perímetro que restringiera el movimiento a los condenados», debilitando así el carácter efectivo de las sanciones.
Deuda histórica: el freno a la Jurisdicción Agraria
Vemos con profunda preocupación el estancamiento, o poco avance, en la discusión de la Jurisdicción Agraria. Este mecanismo es la piedra angular para resolver los conflictos relacionados con las tierras -su acceso, tenencia y propiedad- siendo esta la raíz de décadas de conflicto armado en el país. Frenar esta discusión es darle la espalda al campesinado colombiano y cercenar la posibilidad de una justicia social real. Desde la CJYC, seguiremos insistiendo en que sin justicia agraria, no hay paz posible.
Las empresas y su responsabilidad
Los grupos armados y las víctimas no son los únicos involucrados en la historia del despojo. Las empresas nacionales y extranjeras también han tenido una participación como opositoras en múltiples procesos de restitución en la última década. Según el boletín «Terceros, actores económicos y empresas en sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales» del Observatorio Jurisprudencial de Restitución de Tierras (OJRT) de la Unidad de Restitución de Tierras, aquellas compañías pertenecen mayoritariamente a los sectores minero-energético, así como al financiero y comercial. Estos indicadores podrían sugerir los vínculos que se tejieron entre actores del conflicto armado y estos sectores específicos para facilitar sus actividades económicas. No es menor que algunas investigaciones adelantadas por los Tribunales de Antioquia y Cartagena hayan demostrado relaciones de empresas, como Fiducor S.A., Drummond y Fondo Ganadero de Córdoba S.A., con grupos paramilitares.
En ese sentido, el OJRT advierte la desigualdad material que implica para las comunidades étnicas y campesinas enfrentarse en los procesos judiciales al poder económico de aquellas compañías. Por esa razón, los magistrados han sabido ser garantistas al establecer un estándar probatorio alto para que las empresas demuestren que adquirieron con buena fe exenta de culpa los predios despojados. Frente a esto, se ha evidenciado que un buen número de empresas no cumplen con el estándar, pues sabían de la violencia que se vivía en el territorio, no estudiaron los títulos de propiedad, además de que no pagaron los precios justos y, aún así, decidieron adquirir las tierras. Eso ha hecho que en solo 7,6% del total de casos se les haya reconocido alguna compensación por la restitución.
Un decreto que reconoce su búsqueda: la Ley 2364 de 2024
Los avances normativos y en materia de política pública en el país han tenido un camino pedregoso. Sin embargo, el pasado 28 de enero quedó firmado el decreto que reglamenta la ley que busca proteger y garantizar los derechos de las mujeres que han dedicado su vida a la búsqueda de sus familiares y seres amados desaparecidos en Colombia. Después de más de un año desde que fue aprobada la Ley 2364 de 2024, el decreto 0063 de 2026 ve la luz y ratifica el compromiso de muchas mujeres con la vida y la construcción de paz.
Esta firma deja en firme, por primera vez, mecanismos para el reconocimiento y reparación de las mujeres buscadoras. Fueron ellas quienes, organizadas, presentaron una acción de cumplimiento para acelerar la expedición de este documento que, por un lado, busca la puesta en marcha del Registro Único de Mujeres Buscadoras, que estará bajo la coordinación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), entidad que tendrá un plazo de máximo seis meses para implementarlo. Este mecanismo facilitará su acceso a derechos como vivienda, seguridad social, educación, atención médica y apoyo psicosocial.
El esfuerzo sostenido de organizaciones y mujeres buscadoras, cuyo trabajo ha hecho visible una labor profundamente humana, colectiva e intergeneracional alrededor del flagelo de la desaparición forzada, es reconocido hoy. El legado de Yannette Bautista y la Fundación Nydia Érika Baustista se materializa con esta reglamentación que nos guía por senderos de memoria, verdad, justicia y equidad.
Nuestra labor en 2026: incidencia en los territorios
Pese al complejo panorama político y los recortes al financiamiento de la labor social, seguiremos acompañando a quienes defienden y se aferran a la posibilidad de una vida digna. La centralidad de las víctimas sigue siendo nuestra brújula para la construcción de verdad y reparación.
Este año buscamos visibilizar lo que ocurre en las regiones donde el conflicto y procesos irregulares persisten;
- Tierras y territorio: seguiremos impulsando la restitución de tierras y la pedagogía sobre la Reforma Agraria.
- Mujeres y género: fortalecimiento del liderazgo de las mujeres rurales como sujetas políticas fundamentales para la paz.
- Niñez y juventud: protección de los derechos de NNA frente al reclutamiento forzado y su rol como agentes de cambio.
Estaremos en territorio acompañando a las comunidades en sus procesos y amplificando las voces de los liderazgos territoriales, femeninos, rurales y étnicos.
Mientras haya vida, hay esperanza.
Mientras haya memoria, habrá justicia.
Mientras haya organización, habrá resistencia.
Referencias
- Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CSM). (2025). Entre la transformación y la violencia: Análisis de la implementación de los PDET a partir de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad.Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CSM).
- Fundación Pares. (2026). Cuando la guerra regula la vida: control social armado en el Catatumbo. Fundación Pares.
- González Perafán, L; Cabezas Palacios, J.V. Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz. (2026). Mientras el reclutamiento crece, la infancia se reduce: Dinámicas de Reclutamiento de NNA en Territorios Bajo Control Armado. Indepaz.
- Gonzáles Perafán, L; Cabezas Palacios, J.V.; Restrepo García, J.D. Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz. (2026). Comunidades en medio de la violencia: balance 2025. Indepaz.
- Human Rights Watch. (2026). Informe Mundial 2026: Colombia. Human Rights Watch.
- Observatorio Jurisprudencial de Restitución de Tierras. (2024). Boletín: Terceros, actores económicos y empresas en sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales. Unidad de Restitución de Tierras.
- OCHA. (2025). Informe de Situación Humanitaria 2025 | Datos acumulados entre enero y agosto de 2025 | Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2025. OCHA.
- Ortega, N. Colombia +20. (2026). Decreto que reglamenta la ley de buscadoras: así impulsaron las mujeres su firma. El Espectador.
- Tobo, P.; Arias, G.; Cajiao, A. (2026). Aumento del 23% en miembros de grupos armados y récord en disputas: el deterioro de la seguridad marca el inicio de 2026. Fundación Ideas para la Paz.
