- Lucha contra la impunidad
1.1. Demanda de fuero penal militar. Intervenciones ciudadanas.
Tras la demanda presentada el pasado 15 de julio, en contra del Fuero Penal Militar, por la Corporación Jurídica Yira Castro, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras organizaciones defensoras de derechos humanos, ante la Corte Constitucional, se ha presentado una intervención ciudadana por parte de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA) y la Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA quienes se han pronunciado a favor de declarar inconstitucional el acto legislativo 01 de 2015 el cual pretende excluir el DIH para investigar y juzgar las conductas delictivas de los miembros de la fuerza pública.
1.2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admite denuncia contra el Estado colombiano
En el año 2010 la Corporación Jurídica Yira Castro, presentó una denuncia contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la ejecución extrajudicial en la modalidad de «falsos positivos» de 5 campesinos, miembros de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA).
La petición realizada por la Corporación en nombre de las víctimas, fue recibida por la CIDH el 30 de marzo de 2010, y transmitida al Estado el 27 de julio de 2010. La admisión de esta denuncia y su acumulación con otras 36 peticiones relacionadas con hechos de ejecuciones extrajudiciales, se convierte en un gran logro en la lucha contra la impunidad que ha cobijado estos crímenes y a sus máximos responsables.
- Restitución de tierras
2.1. Una sentencia de restitución no basta. Situación de la Pola y la Palizua en el Magdalena
En junio de 2012 la Corporación Jurídica Yira Castro, presentó una demanda de restitución en favor de las comunidades campesinas desplazadas y despojadas de Las veredas de la Pola y la Palizúa en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena. En 2013 se profirió la sentencia judicial que reconoció el derecho de estas familias a la restitución de tierras y a la reparación tanto individual como colectiva de carácter transformador como lo ordena la ley 1448 de 2011.
Sin embargo, a la fecha las órdenes emitidas por los despachos judiciales que apuntan a la restitución material y a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades campesinas retornadas, no se han cumplido.
2.2. Primera demanda en Cesar contra empresa Drummond
La Unidad de Restitución de Tierras en el Cesar radicó ante un juez la demanda de 16 familias que reclaman 12 predios de 731 hectáreas que debieron abandonar en 1996 y 2003 momento de la confrontación armada entre guerrilleros y paramilitares y que actualmente pertenecen a la multinacional minera Drummond.
2.3. Artículos
– A partir de 2011 el Gobierno comenzó a impulsar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y con esto revivió en miles de víctimas desplazadas la esperanza de que se les otorgara una reparación integral y así volver a recuperar sus predios. Sin embargo, el proceso ha sido lento, ya que se ha visto obstaculizado por la política de ?proyectos estratégicos? también conocida como ?la locomotora minero energética, promovida por el actual gobierno, política que va en contra vía con las reclamaciones de campesinos, indígenas y afros, víctimas del conflicto.
Ver documento 1, Ver documento 2
– El líder Manuel Oviedo junto con cuatro de las familias reclamantes de las tierras de la vereda Los Cedros del corregimiento Belén de Bajirá, Urabá Antioqueño, denunciaron que los actuales ocupantes de estos predios están deforestando y destruyendo los recursos que les han sido restituidos, tras ser despojados de sus tierras entre los años 1996 y 1998.
– Un asunto de tierras es un documental que pretende evidenciar el extenso y complicado proceso que llevan miles de campesinos, para que les sea devueltas sus tierras. Esta muestra cinematográfica realizada por Patricia Ayala se encuentra en las salas de cine colombianas desde el 27 de agosto del presente año.
- Situación de derechos humanos
3.1. Defensores Hostigamiento a defensores de derechos humanos
En lo que va corrido de este año, se han registrado varios ataques en contra de los defensores de derechos humanos, por esto varias organizaciones sociales se han manifestado, por medio de denuncias públicas, comunicados, y otras herramientas de difusión, que permiten crear conciencia de esta problemática en la población colombiana, además de poder exigirle al Estado que garantice las respectivas medidas de seguridad para la población que lucha por la defensa de los derechos humanos.
3.2. Continúa la búsqueda de las víctimas de desaparición Forzada
En el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, conmemorado el pasado 30 de agosto, El Espectador recogió el testimonio de nueve mujeres víctimas de este flagelo, por casos como el de Buenaventura, La Escombrera, el Palacio de Justicia, entre otras tragedias, con el fin de exigir Justicia ante el Estado.
3.3. Situación en la frontera: Deportación de cientos de familias colombianas.
Desde hace unos días, se ha estado gestando una crisis en el paso fronterizo entre San Antonio de Táchira y Cúcuta, agudizando el conflicto entre Colombia y Venezuela. Esto a raíz de la orden del presidente Nicolás Maduro de cerrar el paso fronterizo entre los dos países, argumentando que por esta zona ha ingresado el paramilitarismo y el narcotráfico a su país, además del contrabando que se da desde el vecino país hacia Colombia afectando la economía venezolana.
Según OCHA (Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) Más de 15.000 colombianos han llegado desde Venezuela al país, quienes denuncian el maltrato que han recibido por parte de la guardia venezolana, la cual, según ellos, ha atentado contra los derechos humanos de los ciudadanos colombianos. Por ello, se espera que los dos mandatarios se reúnan con prontitud para darle solución a esta crisis humanitaria.
3.4. Limpieza Social
Más de 40 asesinatos, en su mayoría a personas entre los 14 y 25 años, se han registrado en Quibdó, dada la presencia de bandas criminales en esta zona. Los habitantes aseguran que la incorporación de estos jóvenes en dichos grupos armados ilegales se debe a la ?pobreza, desempleo, deserción escolar, delincuencia juvenil pero, sobre todo, las drogas.?. Es preocupante la naturalización que se está generando en las comunidades sobre estas problemáticas sociales, dado el abandono por parte del Estado.
