El conflicto colombiano, a lo largo de la historia, se ha visto inmerso en una disputa por la posesión de la tierra. La comunidad del municipio de Chibolo, Magdalena ha sido una de las víctimas de esta problemática social, dada la presencia de grupos paramilitares en la zona liderados por Rodrigo Tovar Pupo más conocido como ‘Jorge 40, quien fue el responsable de arrebatarle las tierras a la población.
Por esto, en agosto de 2012, frente la emblemática Casa del Balcón, anterior centro de operaciones de Jorge 40, el presidente Juan Manuel Santos visitó a la comunidad de Chibolo, Magdalena, quienes denunciaron las reiteradas amenazas de los grupos insurgentes, y allí se comprometió en gestar la devolución de las tierras a sus legítimos dueños. Este acto generó que el caso se considerará uno de los más emblemáticos en cuanto a restitución de tierras.
Es importante recordar, que en junio de 2012 la Corporación Jurídica Yira Castro, presentó una demanda de restitución en favor de las comunidades campesinas desplazadas y despojadas de Las veredas de la Pola y la Palizúa en el municipio de Chibolo, departamento de Magdalena. Así en 2013 se profirió la sentencia judicial que reconoció el derecho de estas familias a la restitución y a la reparación tanto individual como colectiva de carácter transformadora como lo ordena la ley 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de tierras.
Sin embargo, a la fecha las órdenes emitidas por los despachos judiciales, que apuntan a la restitución material y a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades campesinas retornadas, no se han cumplido por parte de las entidades del orden nacional, departamental y municipal. De los cuatro fallos emitidos en esta región desde la entrada en vigencia de la ley, el nivel de incumplimiento de las órdenes es muy alto.
Una de las problemáticas más urgentes de la población es el tema de vivienda rural, ya que para el año 2010 se construyeron 26 albergues transitorios en la Pola Pequeña, y posteriormente, proferidas las sentencias en el 2013, la URT postuló ante el Banco Agrario alrededor de 84 beneficiarios, para el mes de agosto 2014 darle viabilidad al proyecto por parte del Banco Agrario, pues al 30 de julio 2015 no se ha dado inicio a la construcción, debido a la ineficiente gestión por parte de Corvides, entidad encargada de las construcción de las casas rurales por medio del convenio con el Banco Agrario.
Dada esta situación, la comunidad remitió derechos de petición solicitando el cumplimiento de las órdenes del Juez en las sentencias, y en la Audiencia de seguimiento del mes de abril 2015. En general, las respuestas no fueron satisfactorias, pero el Juzgado Primero de Restitución de Tierras profirió un Auto sobre este tema, ordenando investigaciones por incumplimiento, entre otros. A la fecha se ha iniciado la construcción de unas pocas casas, pero no se cuenta con el material completo, sumándose a la problemática el hecho de que la madera llevada, por la entidad encargada de la construcción, no sirve. También se le está pidiendo a la comunidad que sean ellos quienes presten el material y la mano de obra para terminar la construcción. Además, del hecho de que la directora de Corvides culpa a los líderes de la demora en la construcción de las viviendas buscando fracturar el tejido comunitario existente.
Otra situación preocupante es respecto al acceso al agua, la comunidad no tiene un sistema de saneamiento, pues cuentan con sistemas tradicionales de jagüeyes, es decir que dependen de las aguas lluvias. Por ello, como medida de urgencia, el municipio de Chibolo entregó a 14 familias tanques de agua lluvias de 2 mil mililitros, y la Alcaldía de Plato hizo igualmente con 17 familias, pero los mismos carecen de sentido, sí las alcaldías no proporcionan carros tanques para el abastecimiento de los depósitos de agua ante la sequía que presenta la región. Además, es importante tener en cuenta que los tanques constituyen una medida temporal al problema de agua.
En la actualidad la comunidad de Chibolo, presenta varias carencias en cuanto ausencia de infraestructura en salud y educación, acceso al agua potable, servicios sanitarios, seguridad alimentaria, estado de las vías y atención oportuna y eficaz por parte de las autoridades locales y estatales a la población. Por ello, se hace un llamado a las autoridades competentes para que tengan en cuenta los requerimientos que aún no se han hecho efectivos de las comunidades de La Pola y La Palizúa.
