En el predio Santa Rosa, se adelantó inicialmente el trámite de extinción de dominio y adjudicación a los campesinos por parte del extinto INCORA durante los años 90, estos procedimientos de formalización de tierras se vieron interrumpidos por la entrada a Chibolo del accionar paramilitar que ingreso a la región en cabeza de los hermanos Castaño y por solicitud de los ganaderos y terratenientes de la región del centro del Magdalena desde 1995, primero bajo el mando de Chepe Barrera, luego Salvatore Mancuso y definitivamente con Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40.
Luego de años de desplazamiento forzado y del despojo de sus tierras, esta comunidad decide retornar a sus tierras, siendo víctimas nuevamente de graves violaciones a sus derechos humanos por parte de quienes se habían apoderado de sus tierras.
En el marco de la ley 1448, el 28 de agosto de 2013, el Juez 1° especializado en restitución de tierras de la ciudad de Santa Marta profiere fallo ordenando la restitución a las familias que conformaban el predio Santa Rosa, es así como el pasado 17 de mayo el director de la Unidad de Restitución de Tierras – Territorial Magdalena hizo entrega de los títulos de Adjudicación a cinco de las familias, queda pendiente la entrega formal a dos familias con las que se presentaron errores de transcripción y se encuentran a la espera de corrección. Importante subrayar que el Juez en la sentencia del 28 de agosto de 2013 dio la orden de 10 días al INCODER de emitir las resoluciones anteriormente mencionadas y tuvieron que pasar nueve (9) meses para que estas fueran expedidas, aunado a esto, se dieron órdenes a diferentes entidades las cuales al día no han sido resueltas. Entre ellas se contemplan las siguientes: 1) Al Ministerio de Agricultura, inclusión de los beneficiarios al subsidio de vivienda rural, dándole además prioridad a la inclusión de estas familias dentro de los programas de subsidio integral de tierras (adecuación de tierras, asistencia técnica e inclusión en programas productivos); 2) Al Ministerio de Salud y Protección Social junto con los entes territoriales competentes, atención en salud a los beneficiarios y su grupo familiar; 3) A la Alcaldía de Chibolo y al Departamento de Magdalena, asignar dentro del presupuesto una partida para la adecuación de las vías que comunican a la vereda La Pola con el municipio de Chibolo.
La comunidad se encuentra a la espera que las entidades que se comprometieron a dar cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, hagan lo necesario para restablecer los derechos que les fueron conculcados a las víctimas en el marco del conflicto social y político y que el Juez por las órdenes impartidas los conmina a cumplir.
