Mediante sentencia T- 025 de 2004, la Corte Constitucional decretó el estado de cosas inconstitucional, ordenando al Gobierno Nacional la reformulación de toda la política pública de atención a la población desplazada, ante la verificación de la sistemática violación de sus derechos fundamentales y la situación de vulnerabilidad especial en la que se encontraban estas millones de víctimas. Desde esta época la Corte ha proferido varios autos de seguimiento a la sentencia, buscando monitorear los programas que debían implementar las diferentes entidades del Estado, con el fin de garantizar el goce efectivo de derechos de la población víctima del desplazamiento forzado.

Por esto el día 14 de septiembre de 2015, la Alta Corte llevo a cabo la audiencia pública de seguimiento en la que nuevamente el Gobierno Nacional solicitó el levantamiento del decreto mencionado, alegando la efectividad de la actual política pública de atención a la población víctima, en el marco de las medidas implementadas a través de la ley 1448 de 2011.

En vista de lo anterior y bajo la preocupación que nos asiste, el día 22 de septiembre de 2015, la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) junto con varias organizaciones de población desplazada presentó ante la Corte Constitucional un análisis sobre la persistencia del estado de cosas inconstitucional, solicitando que dichos argumentos fuesen tenidos en cuenta dentro del estudio que se está desarrollando sobre la continuidad del mismo en materia de Desplazamiento Forzado.

Esto en consideración de que aún no se ha garantizado el goce efectivo de derechos de la población víctima y no es posible todavía decretar como superado el Estado de Cosas Inconstitucional. La misma Corte asegura que se materializará el efectivo goce de los derechos de las víctimas cuando «(…) El Estado facilite la inclusión y participación de los sectores más débiles, vulnerables y marginados de la población en la vida económica y social de la nación, procurando su avance progresivo y desarrollo dentro de la sociedad (…)»

Por esto, La CJYC y las organizaciones de víctimas que suscriben el documento manifiestan su total preocupación, al observar que las medidas que se han tomado en materias como generación de ingresos, vivienda, indemnización por vía administrativa, disponibilidad presupuestal, tierras y educación, no han sido efectivas ni se garantizan los derechos de la población desplazada.