El pasado 29 de noviembre, la Corporación Jurídica Yira Castro estuvo presente en el Foro «Enfoques Diferenciales e Interseccionalidad: Un aspecto clave para la reparación integral», allí se trataron temáticas claves en cuanto a los procesos de reparación colectiva desde entidades no gubernamentales.
Laia Bertran como integrante de la CJYC realizó su ponencia centrándose en la experiencia de la corporación frente al acompañamiento a comunidades rurales en los procesos de restitución de tierras a través de la Ley 1448, la Ley 160/94 y otras legislaciones de protección de la tierra y territorio de comunidades campesinas víctimas. Además, resaltó los principales enfoques a tener en cuenta dentro de este proceso, como lo son el enfoque reparador, integral, de acción sin daño y los enfoques diferenciales (Raza, género, edad, entre otros).
La ponencia inició evocando a uno de los campesinos víctimas del conflicto quien dice: «El proceso es de las comunidades no del gobierno», lo anterior expresa que los enfoques necesarios de trabajo desde la institucionalidad deben centrarse en las comunidades. Respecto a la reparación es importante tener en cuenta que la reparación en sí misma es un proceso, un proceso que inicia en el momento en que las personas se declaran Sujetos de Reparación Colectiva. En consecuencia, la participación es un presupuesto básico, igual que la adaptación de las metodologías a las necesidades y expectativas de las comunidades víctimas. De no tener en cuenta a la comunidad se corre el riesgo que las medidas de reparación pierdan sentido.
Luego de explicar dichos enfoques, la ponencia avanza destacando los retos para el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos a comunidades en proceso de reparación colectiva. Allí resalta la importancia de reconocer los procesos organizativos de las comunidades, además de fomentar articulaciones territoriales, organizativas y experienciales.
Al terminar, se realizó una reflexión acerca de uno de los efectos de la aplicación de la Ley 1448 en las regiones rurales del país, que de igual manera se presenta como un reto para la implementación de la interseccionalidad. Este efecto es la fragmentación, es decir, la separación en partes y su individualización, que en gran medida se ha gestado por la descoordinación entre las instituciones responsables de la aplicación de la Ley; cada actividad, documento de análisis, orden, sentencia y plan se hace de forma particular por cada institución y cada caso, lo que genera una desarticulación en cuanto a las realidades políticas, sociales, culturales, medioambientales y económicas de los territorios. La fragmentación de los territorios no permite hacer una lectura integral ya que su aislamiento no permite una lectura del modelo de represión, de las dinámicas organizativas, de los daños medioambientales o de las necesidades diferenciales del grupo.
Finalmente, la ponencia cierra con la exigencia de que los enfoques que garanticen la participación sean obligatorios, para que de esta manera las medidas de reparación tengan el impacto que se requiere dentro de las comunidades.
Ver Ponencia completa a continuación:




