El pasado 1 de junio del 2016 el Tribunal Superior de Antioquia confirmó la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2014 por el Juzgado Segundo Penal del circuito Especializado de Antioquia de Descongestión, en la que se condenó a los militares: José Orlando Cetina, William Andrés Álvarez, Onaris Estrada, Julián Alberto Cossio, Calletano de Jesús Gutiérrez, Carlos Enrique Bedoya, Raúl Weimar Valencia y William Nájera Better, por los delitos de tortura en persona protegida, desplazamiento forzado y hurto calificado y agravado, se les impuso 12 años de prisión a cada uno y por el mismo periodo la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Además, de una pena de multa de mil cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Lo anterior, por los hechos ocurridos el día 13 de octubre de 2005 en el Municipio de Remedios Antioquia, en donde residía la familia Calle. El día de los hechos la familia se encontraba en su casa cuando llegaron aproximadamente treinta uniformados miembros del Pelotón Demoledores N° 1, Batallón Calibio de la Brigada XIV, quienes se encontraban al mando de los sargentos Cetina y Blanquicet, estos le ordenaron al señor Amilcar Calle salir de su casa, para luego amenazarlo y torturarlo física y psicológicamente.
Durante su tortura los militares que tenían al señor Amilcar aseguraron que iba a ser asesinado, sin embargo, en ese momento uno de los soldado llega a alertarles a sus compañeros sobre la presencia de extranjeros en la zona, estos eran dos jóvenes miembros del Internacional Peace Observatory “IPO” que acompañaban a la organización CAHUCOPANA; a su llegada se entrevistaron con los militares al mando y les solicitaron hablar con el señor Calle, en ese momento el señor Calle fue liberado, pero antes se le hizo firmar una constancia de buen trato en la que accedía a regalar una novilla a la tropa. Este acontecimiento, produjo en la víctima y su familia un temor por permanecer en la región que los obligó a salir de su hogar y a establecerse en la ciudad.
Por los hechos narrados, se inició investigación penal por los delitos de detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial en grado de tentativa, la cual ha sido adelantada por la Fiscalía 19 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación, proceso que estuvo en etapa de indagación durante 5 años. El adelanto de las investigaciones trajo consigo la apertura de tres procesos penales. Finalmente, todos los implicados han sido llamados por la justicia a responder por los delitos antes nombrados. Con la promulgación de esta sentencia se vislumbra justicia para el señor Almicar y para los demás campesinos que han sido víctimas por décadas de tales agravios. Así, la Corporación Jurídica Yira Castro continúa haciendo seguimiento al cumplimiento de dichas sentencias para así aportar a la reivindicación de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el país.
