En el adelanto de los procesos de restitución de tierras, se debe desafiar a actores armados, poderes políticos y emporios económicos, que no van a permitir fácilmente perder lo que a través de diversas maneras han cooptado y les ha permitido incrementar sus patrimonios y su poder territorial. Para repeler y amedrentar a las víctimas, que ya han vivido graves episodios de violencia, se hacen sentir nuevamente a través de amenazas, persecuciones, asesinatos y otras formas de intimidación que buscan acorralar a los reclamantes de tierras para que cesen en su empeño de recuperar lo que a través de diversos medios ilegales han perdido.
Es así como la constante persistencia de grupos armados ilegales en las zonas de restitución preocupa tanto a las comunidades víctimas como a las organizaciones defensoras de derechos humanos. En el caso específico de las veredas de La Pola y La Palizúa, que pertenecen al Municipio de Chibolo en el departamento del Magdalena, se han presentado intimidaciones a la comunidad por personas que no son del sector, quienes se han paseado por los corredores de las veredas, vestidos de negro y con armas de fuego. La población de este sector también ha sido víctima de robo de ganado y en general se ha percibido un incrementó de la delincuencia común.
Además, han aparecido personas deslegitimando el proceso de restitución y reparación a las víctimas, esta gente le ha prometido tierras y proyectos productivos a la comunidad, con el fin de que se desliguen del proceso que tienen con el Estado.
Anteriormente se implementaba el llamado «Plan Padrino», que consistía en visitas periódicas del Ejército o Policía a las comunidades con el fin de monitorear la seguridad de los habitantes de esta zona, sin embargo este plan no logró cumplir con el objetivo que se esperaba, ya que las entidades de la fuerza pública se encontraban limitadas a la hora de cumplir con las visitas, dado que carecían de gasolina, carros o motos para movilizarse hacia las veredas. Esto revela inoperancia y abandono a las comunidades por parte de las entidades competentes.
La corporación Jurídica Yira Castro invita a los miembros de la fuerza pública a que se les dé más apoyo, protección y seguridad a las comunidades víctimas del conflicto armado con el fin de evitar nuevas amenazas de desplazamiento en el sector.
